Por Alessia Genoves
$4,000.00 USD en corrupción son identificados en Alcaldía de Cuscatancingo por anticipo irregular de fondos públicos. El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha identificado un caso de corrupción en la Alcaldía de Cuscatancingo, al comprobar que el Gerente Administrativo Financiero, José Ricardo González Torres, autorizó un anticipo irregular de $4,000.00 USD a la regidora quinta, María Luz Girón de Orellana, quien utilizó dichos fondos para una emergencia familiar, que posteriormente fue re-integrada; pero las sanciones establecidas acumulan un saldo total de $2,920.00 USD.
Constatados quedan los hechos en los exámenes de auditoría realizados en la Comuna. El TEG ha divulgado la versión pública de los expedientes “92-A-22” y “92-A-22 Acum. 110-A-22”, que constatan que las infracciones a la ética gubernamental fueron consumados durante su trabajo administrativo, concretamente, en marzo de 2022. Inicialmente, el Gerente autorizó la entrega como un “préstamo transitorio”, pero al no existir una línea presupuestaria, dicha operación fue anulada. Posteriormente, la Regidora solicitó el anticipo bajo el concepto de “anticipo de dietas”, el cual fue autorizado por el Gerente pese a que el manual interno sólo permite anticipos de salario.
ContraPunto observa que las irregularidades en las Alcaldías acumulan un saldo millonario, tanto de fondos faltantes como de sanciones a los administradores de las mismas por la consumación de prácticas cuestionables. Sólo la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha llegado a identificar un saldo faltante o irregular de hasta $167,626,631.91 USD en 60 diferentes alcaldías municipales, desde 2018 a 2022. Y aunque las acciones consumadas entre los funcionarios públicos de la Comuna de Cuscatancingo fueron re-integrados, es oportuno señalar que la administración del monto fue irregular.
Sanciones
Según consta en el expediente del TEG, la Regidora “recibió efectivamente los $4,000 USD y los utilizó para solventar su emergencia familiar. Posteriormente, reintegró dicha cantidad a las arcas municipales”. Tras investigar, el TEG comprobó la irregularidad en el procedimiento, ya que “se utilizó inapropiadamente la figura de ‘anticipo de dietas'” y se obvió la normativa interna. Por ello, determinó que ambos funcionarios violaron la ética pública al anteponer un interés particular sobre los recursos municipales.
Finalmente, reza en la documentación, “el Gerente fue sancionado con una multa de $1,825 USD, mientras que la Regidora recibió una sanción de $1,095 USD. Si bien esta última reintegró los fondos anticipados, su proceder fue considerado antiético y reprochable”. La resolución señala que si bien se trató de un monto menor, “sienta un precedente para disuadir futuras malversaciones” y evidencia las debilidades en el control interno de las finanzas municipales.
Sobre la Regidora, el TEG indicó que “solicitó y utilizó fondos públicos de esa Alcaldía; es decir, la cantidad de cuatro mil dolares de los EE.UU. (US$4,000.00), para un fin distinto a los intereses de esa comuna, sin una justificación para ello”. También señaló que “obtuvo para si un beneficio, a partir de la conducta antiética establecida en este procedimiento, la cual consistió en utilizar fondos de la Alcaldía Municipal de Cuscatancingo para satisfacer o solventar una ‘emergencia familiar’, sin hacer usos de sus fondos propios para ello, sino que a costa del erario público”.
Sobre el Gerente Administrativo Financiero, el TEG declaró que “autorizó la entrega de esos fondos, y por lo cual sin su cooperación no podría haberse efectuado dicho pago”. Además, indicó que “abusó de sus atribuciones y facultades como Gerente Administrativo Financiero por cooperar en la ejecución del uso indebido de dichos fondos al ordenar el pago del citado dinero a favor de la investigada, siendo indispensable su participación para que dicha circunstancia se suscitara”.
$225,1 millones USD en corrupción municipal
Los casos puntuales ventilados por el Tribunal de Ética Gubernamental se enmarcan en un contexto más amplio de debilidad en los controles sobre la administración municipal. Desde 2018, la Corte de Cuentas de la República ha identificado un monto acumulado de $225,137,753.15 USD en corrupción e irregularidades en las municipalidades. Tan solo en 2022, se detectaron $39,626,664.65 USD en malversación de fondos públicos municipales.
En lo que va de 2023, al menos 60 alcaldías están implicadas en desvíos de fondos que suman $57,511,121.24 USD, incluyendo recursos para la atención de la pandemia de COVID-19. Las cifras globales evidencian vacíos en la supervisión sobre el destino de las transferencias públicas y en la vigilancia del correcto uso de los recursos municipales.
Otros casos ventilados por el TEG exhiben fallas en la fiscalización de autoridades municipales. Se documentó que alcaldesas de los municipios de Salcoatitán, San Salvador y Soyapango realizaron viajes personales aprovechando sus cargos, sin contar con los permisos correspondientes. Entre mayo y junio de 2022, la alcaldesa de Salcoatitán, Blanca Maribel Solano de Sosa, efectuó dos viajes a Estados Unidos, con duración de 13 y 9 días respectivamente. Dichas ausencias ocurrieron en días y horas laborales, sin que mediara una autorización del Concejo Municipal ni el nombramiento de un alcalde interino.
De igual forma, las alcaldesas de San Salvador y Soyapango habrían realizado salidas del país en horarios en que debían cumplir con sus funciones, desatendiendo sus obligaciones. Ninguna de las funcionarias tramitó de forma correcta los permisos ante los concejos municipales correspondientes. Finalmente, la alcaldesa de Salcoatitán fue sancionada con una multa de $1,460.00 USD por incumplir sus responsabilidades y anteponer actividades personales sobre los intereses públicos.
