Redacción ContraPunto
348 días sin homicidios intencionados se enumeran durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Los datos son divulgados por el Gabinete de Seguridad Pública, y actualizados de forma periódica por la Policía Nacional Civil (PNC), mismas que sostienen que los resultados son consecuentes de unos 63,692 personas detenidas -del total de las 67,467-, bajo las imputaciones de pertenecer o de participar con maras o pandillas.
12,908 personas son, con diferencia, aquellas que constituyen la cifra estimada de pandilleros que aún permanecen en libertad, del total de los 76,600 que habría identificado la PNC, desde bases de datos, investigaciones fiscales y denuncias ciudadanas. La prevalencia de éstos grupos antisociales justifican las 13 prórrogas transcurridas del Régimen de Excepción, según lo establece el Decreto Legislativo N.º 333, desde el pasado 27 de marzo de 2022.
3,775 personas, no obstante, han sido liberadas tras ser detenidas en el Régimen. El dato lo compartió la titular de la Procuraduría para al Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara, en el mes de abril. Los hechos justifican la divulgación de una cifra de 4,723 presuntas denuncias, desde instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), la Fundación Cristosal y otras. Las demandas también implican la abolición del Régimen, y han sido tramitadas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a la prevalencia de maras y pandillas en libertad, y a la concurrencia de los delitos de homicidios, feminicidios y de extorsiones, el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, sostienen que las pandillas se han desarticulado. Según lo detalló el pasado 12 de abril -para la 13º prórroga del Régimen, se han detenido “10 sillas de las 15 que gobernaba la MS”. Añade que “a finales del año pasado se capturó al pilar principal de la 18 revolucionaria. Y, durante ésta semana, se capturó al pilar principal de la 18 sureños”
Menos homicidios
78 días sin homicidios intencionados se reportan desde el 1 de enero al 18 de abril de 2023; de los que 15 corresponden a los 18 trascurridos del mes de abril. Los datos, a su vez, se acumulan entre los 241 días sin homicidios desde la vigencia del Régimen de Excepción, lo que implica que su participación en la reducción de homicidios en el quinquenio del presidente Bukele es del 69.2%.
“Se registran de acuerdo a los datos y reportes de la PNC quince (15) días con cero homicidios de 18 finalizados de abril 2023”, reafirmó el criminólogo salvadoreño, Ricardo Sosa. En contraste, la PNC detalla que en le mismo período apenas se registran 4 homicidios; mientras que en los 18 días transcurridos del mes de abril de 2022, se enumeraban 14 homicidios. Las cifras más vigentes han sido decrecientes, y representan una reducción del 96.9% respecto de los más de 130 homicidios registrados hasta el 18 de abril de 2019.
43 son los homicidios intencionados que la PNC enumera en los 107 días transcurridos del año 2023. El dato contrasta con los 334 homicidios reportados en el mismo período de 2022, con una reducción 87.1%. Por otra parte, en las fechas de 2021 y 2020 los registros eran apenas superiores, siendo de 377 en el primero y de 343 en el segundo. No obstante, el período señalado del 2019, el número de homicidios era de 859, de modo que contrasta con la cifra de 2023 en un 99.1%.
“Este año, al 15 de abril tenemos 43 homicidios; en 2021, la tasa era de 18.1; en 2022 fue de 7.2, una caída drástica y en lo que va del año tenemos una tasa de 2.4 homicidios”, indicó Villatoro, en la Comisión de Justicia. El registro seria el resultado de los homicidios reportados anualmente. De modo que 2021 cerró con 1,147 homicidios; 2020, con 1,341 homicidios y 2019 con 3,346 homicidios, último que contrasta en más de un 79% respecto de los 496 homicidios de 2022.
Entre otros hechos, Villatoro detalla que el Régimen de Excepción ha rendido, “del 27 de marzo de 2022 al 16 de abril de este año, 67,467 los registros de capturas de terroristas; incautaciones de armas 2,654, vehículos 3,490 y 16,285 teléfonos”. Sin embargo, de entre el total de personas detenidas se han enumerado 3,745 personas a quienes se les ha administrado la libertad, bien por el sobreseimiento de las imputaciones que implican su detención, o el sobreseimiento de todas sus causas penales.
Controversias
4,723 presuntas vulneraciones a derechos humanos habrían sido infringidas, durante el contexto del Régimen de Excepción. Éste dato lo asevera el IDHUCA de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, con organizaciones sociales como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). No obstante, algunas de las denuncias procesadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), durante la administración de José Apolonio Tobar, indicarían que la enumeración responde al total de documentos de arraigo -DUI, NIT, y documentos de identidad-, de un número menor de personas.
Investigar las presuntas torturas cometidas por agentes de seguridad, el desproporcionado uso de la fuerza y muertes en centros penales han sido las demandas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las demandas quedaron patentes en el reciente informe titulado “Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador”, con la Comisión Contra la Tortura (Cat) de la organización.
CAT, en consecuencia, pidió “abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por periodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”. El imperativo, según indicó, estaba influenciada con los reportes de las organizaciones citadas.
No obstante, titulares del Gabinete de Seguridad argumentaron que la ampliación en los plazos de detención incrementaban las facultades y resultados de investigación. Ésta condición se encontraría legalizada en el Régimen de Excepción, que establece los 15 días de detención; y en la interrupción de las garantías constitucionales; con precisión, en el artículo 13, inciso 3 de la Ley Superior.
Estados Unidos, desde el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han reiterado las posturas de las organizaciones denunciantes. La primera las reiteró en el “Reporte de Derechos Humanos. El Salvador 2022”, de la que los mayores señalamientos del informe responden al contexto del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; pero reitera otros hechos de controversia enumerados en 2021, como la elección legal de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional; y la del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), según el art. 4 de la Ley del Órgano Judicial.
EEUU indicaría que no existiría represión contra las organizaciones e individuos denunciantes; ni persecusión contra la libertad de expresión más allá de la presuntas declaraciones estigmatizantes de los gobernantes. CIDH, por otra parte, sostuvo que el Régimen es “constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”, de acuerdo con su último informe de competencia; y además pide restituir los derechos humanos suspendidos en las últimas prórrogas del Régimen, así como posibilitar la visita de la misma al país.
Muertes en Cárceles
102 muertes en cárceles enumera IDHUCA, en su último informe hemerográfrico titulado “Muertes en cárceles durante el estado de excepción en El Salvador: presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los datos del informe parten de las únicas fuentes de El Diario de Hoy y de la Prensa Gráfica, más no de otras fuentes alternativas, ni de contrastes con la información oficial.
“La Dirección General de Centros Penales (DGCP) declaró reservada toda la información relacionada a personas privadas de libertad, tal como la cantidad de personas que albergan los centros penales, la capacidad instalada, la cantidad de personas fallecidas en centros penales, sexo, orientación sexual, rango de edad, cantidad de programas de rehabilitación, entre otras”, justifica el informe, en su página 16.
Al respecto, no es posible detallar si los datos son correctos, o erróneos o repetidos. Por otra parte, organizaciones sociales como la Fundación Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso, el Servicio Social Pasionista y la Red de Defensoras rinden un número aproximado de 4,077 denuncias; en suma de las 1,3777 del Socorro Jurídico Humanitario (DJH). Hasta el pasado mes de marzo, sostenían que durante la vigencia del Régimen se enumerarían unas 111 muertes en Centros Penales; lo cual indicaría que al menos 9 muertes tuvieron lugar hasta el mes de marzo de 2023.
DGCP, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.
90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
