Por: Alessia Genoves
Protección jurídica y seguridad social han sido las principales demandas de organizaciones de mujeres al Estado Salvadoreño. El alza en cifras de personas desaparecidas, entre las que figuran mujeres; y el incremento de menores y adolescentes embarazadas son temas de denuncia en el Día Internacional contra al Violencia hacia la Mujer.
Las Demandas:
Embarazos en Menores
De los más de 6,838 embarazos en el país, al menos 38 niñas y adolescentes han sido reportadas como embarazadas; al mismo tiempo, 281 reportes de agresiones contra adolescentes de 14 a 17 años fueron confirmados, hasta el primer semestre del año, por el Ministerio de Salud (MINSAL). Los últimos datos suponen un incremento de al menos 37 casos respecto al mismo periodo del año anterior.
Erradicar la cultura de violación, e incrementar la persecución penal, la dignificación de los servicios y el resarcimiento de las víctimas han sido las petitorias de instituciones como la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la Asociación de Mujeres Las Dignas y la Asociación del Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (la Red Fem).
Desaparecidas
El aumento en el número de personas desaparecidas ya se eleva por encima de los mil casos. Entre los reportados, 275 mujeres figuran en las estadísticas como desaparecidas hasta el mes de agosto, según lo constata la Policía Nacional Civil (PNC); a éstas se suman otras quince víctimas reportadas por ContraPunto, desde alertas oficiales y extra-oficiales, en todo el mes de octubre.
La demanda civil también refiere a la divulgación oportuna de alertas; la exposición pública de cifras de personas desaparecidas, el acceso a la información pública y la difusión de estadísticas confiables. El motivo pretende exponer las condiciones de violencia contra la mujer, y la prevención de la misma.
“Se necesitan políticas de seguridad claras que visibilicen a las mujeres como sujetas de derechos, lo que implica necesariamente la transversalización de diversos enfoques en estos instrumentos como: el género, la interseccionalidad, la inclusión y los derechos humanos, para garantizar investigaciones eficaces, prevenir la violencia, así como proteger y garantizar los derechos de las mujeres”, sostiene la Red Fem.
Mujeres Diversas
Otras preocupaciones refieren al incremento constante de cifras de personas sexo-diversas asesinados en las últimas tres décadas; es decir, más de 600 casos confirmados por organizaciones como la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH). Otros 41 asesinatos a mujeres trans han sido reportados por la Federación Salvadoreña LGBT (FESLGBT), desde el año 2011.
La demanda de la FESLGBT responde a la judicialización efectiva de los asesinatos y agresiones de persona LGBT, con los agravantes penales 129 y 165 del Código Penal, con motivo de odio a la orientación sexual, identidad y expresión de Género.
Asimismo demandan la institución de la propuesta de la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación, que garantice el acceso a las prestaciones sociales básicas a minorías históricamente excluidas (población LGBT, pueblos originarios, población afrodescendiente); así como la aprobación de la propuesta de Ley de Identidad de Género y la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN), en favor de consolidar la garantía por el derecho al nombre y la identidad de género de mujeres y hombres transgénero y transexuales del país.
La Prensa
El gremio periodístico también refiere a la vulneración de al menos 69 mujeres císgénero, en el ejercicio de su práctica. Los datos, que no incluyen a mujeres transgénero y transexuales que han recibido agresiones, son cuantificados y segregados por la Asociación de Periodistas de El Salvador, en su última presentación de resultados.
A un 165% se incrementaron los casos de agresiones contra mujeres, respecto a los informes del año anterior (26 reportes), según lo declara la síndico de APES, Susana Peñate. Los reportes también son mayores a los del año 2019, en los que se cuantificaron 45 casos de agresiones contra mujeres periodistas.
La organización define a los funcionarios públicos como el sector social con mayor incidencia en casos de violencia contra la mujer (20.9%); seguido de las Fuerzas de Seguridad (17.91%); y usuarios de redes sociales (8.9%). Las agresiones se enumeran en un 44.7%, en los casos de restricciones a la labor periodísticas; en un 11.4%, en las declaraciones estigmatizantes; así como en un 2.99% en ataques digitales y en al menos un 1.99% en los casos de agresiones físicas.
Pero, “actualmente no hay un cuerpo normativo que pueda ser utilizado para la defensa de las personas periodistas y trabajadoras de la información”, según Peñate, como la propuesta de la Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información.
