Por Alessia Genoves
$23,140.00 es el valor unitario del Bitcóin (BTC) en el mercado internacional. El gobierno de El Salvador acumularía unas 2,381 unidades en la compra del activo financiero hasta el pasado 9 de mayor del año 2022. Ésta cantidad se iría incrementando a las 2,508 unidades, en el transcurso de los días en que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, indicó que se compraría al menos un BTC a diario.
81.7% de la población salvadoreña indicaría que la economía de su entorno familiar “ha seguido igual o seguirá igual”, al consultar la influencia de la aprobación del Bitcóin como moneda de curso legal. Ésta afirmación la comparten los salvadoreños que participaron en la última “Encuesta de evaluación del año 2022”, del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centro Americana “José Matías Delgado” (UCA).
Bukele, no obstante, sostuvo que la implementación de la nueva herramienta financiera “ayudará a los salvadoreños”. El comentario lo reafirmaría tras la implementación y ejecución del Fideicomiso de Bitcóin, que prevé un gasto de $150 millones de dólares. En lo sucesivo, se instalaron cajeros Bitcóin, con opción de convertibilidad de divisas; pero organizaciones como Cristosal reportaron al menos 228 casos de vulneración en sus cuentas personales de Chivo Wallet, la aplicación oficial de gobierno.
BTC y El Salvador
2,508 unidades de BTC habrían sido adquiridas de terceros, desde el gobierno salvadoreño. El dato parte del anuncio del presidente Bukele, divulgado desde el pasado 16 de noviembre de 2022, a las 11:38 pm, que rezaba “estamos comprando 1 Bitcóin todos los días, comenzando desde mañana”. Es decir, que desde el pasado 17 de noviembre, el gobierno habría adquirido en compras al menos 127 BTC hasta el 20 de enero de 2023.
ContraPunto concluye que las compras adquiridas pueden cuantificarse en al menos 2,508 unidades de BTC. Y estima que el gasto es de al menos $109,809,278.23 dólares, que podría definir una diferencia aproximada de $40,100,000.00 de dólares respecto de los $150,000,000.00 dólares que establece la Ley de Fideicomiso del Biitcóin, aprobada desde el pasado 21 de agosto de 2021.
$41,545,039.23 dólares sería el valor estimado en la diferencia de pérdidas en el valor de las adquisiciones de terceros, asumida por el gobierno salvadoreño. El dato respondería, desde luego, a la fluctuación constante en el valor unitario de la divisa en el tiempo, que pasó de reportar un precio de $68,530.34 dólares el 10 de noviembre de 2021, a los $16,738,00 dólares, el 14 de noviembre de 2022.
El valor de la moneda se estabilizaría con los $23,121,40 dólares de su precio unitario éste sábado; pero sólo definiría una tercia parte de lo que valía en noviembre de 2021. Ahora, en relación con la estimación de pérdidas respecto del gasto total, ContraPunto observa una diferencia de $68,264,239.20 dólares, que representarían el valor actual de sus inversiones.
Opiniones Bitcóin
81.7% de salvadoreños opina que la influencia del Bitcóin en la economía de su familia “ha seguido igual y que seguiría igual”. Ésta afirmación responde al diagnóstico del mes de diciembre del año 2022, de acuerdo con el referido estudio de la Iudop. ContraPunto observa que las opiniones en éste último período fueron mayores a las de diciembre de 2021, cuando las valoraciones neutras del impacto del Bitcóin eran del 76.4%; y aún mayores a las del mes de agosto de 2021, cuando eran del 47.9%.
Iudop también hace constar que se reducen las valoraciones menos optimistas, es decir las que refieren una valoración atenuante a que “la economía familiar ha empeorado y que empeorará”. Es demostrable, ya que hasta agosto de 2021, ésta afirmación la compartían el 34.7% de los encuestados; y llegó al 17.8% en septiembre de 2022. Mientras que para diciembre de 2022, la economía familiar se vería afectada negativamente, en opinión del 10%.
Polos opuestos se observan en un reducido número de personas que destacan una opinión favorable; que, sin embargo, ha ido disminuyendo. Hasta diciembre de 2021, la opinión la compartía el 9.9% de la población encuestada; y para el mes de septiembre de 2022, la tendencia bajó al 3% de la población. Sin embargo, hasta diciembre de 2022, la frecuencia de valoraciones favorables responde a una estadística del 5.7%.
Sin embargo, las últimas afirmaciones favorables son controvertidas con la estimación de el grupo demográfico de la sociedad salvadoreña a la que beneficiaría el BTC. De hecho, hasta agosto de 2021, el 35.8% de la población creía que las personas que se beneficiaría de la Ley serían los ricos; sin embargo, la creencia se contrajo en diciembre de 2022, en una proporción del 26.3%.
Inversionistas extranjeros, por otra parte, sería el grupo demográfico con mayor beneficio social de la ley, según opinó el 21.5% de la población a Iudop en agosto de 2021; y el 21.9% en diciembre de 2022. Por otra parte, la población pesó que el 10.3% de la población que se beneficiaría del BTC serían los empresarios hasta el mes de agosto de 2022; la opinión llegó al 12.9% en diciembre de 2022.
En última instancia, Iudop expone en su investigación que el beneficio de las políticas en BTC llegarían a la población, según lo opinó el 5.8% de los encuestados en agosto de 2021. La opinión llegó al 10.9% en diciembre de 2021; pero descendió al 5.1% en diciembre de 2022.
Sin embargo, apenas el 2.7% de la población habría utilizado el BTC más de 10 veces, según lo expuso a Iudop. La proporción es mayor, de acuerdo con aquellas que dijeron que han utilizado el BTC más de 5 veces, en proporciones del 4.6% respectivamente. Mientras que quienes afirmaron que sólo la había usado 1 o 2 veces, responden a una cantidad del 9%. Por contra, un 73,9% afirma que no ha utilizado el BTC en 2022.
Bitcóin y controversias
“Estamos comprando uno Bitcoin todos los días a partir de mañana”, anunció el presidente Bukele, la tarde del 16 de noviembre de 2022. La información indica que al menos un Bitcóin se añadiría a las 2,381 unidades de BTC que el país vendría almacenando desde el pasado 6 de noviembre de 2021.
Bukele, para promover el uso del Bitcóin en el país, haría oficial el empleo de la aplicación oficial de almacenamiento Chivo Wallet. El empleo de la herramienta digital sería respaldado con la instalación de al menos 185 cajeros y 52 puntos Chivo, distribuidos en diferentes zonas del territorio nacional; más otros 54 en Estados Unidos. Para asegurar la convertibilidad, se dispondría del Fideicomiso del Bitcoin (Fidebitcoin), con un monto de $150 millones de dólares.
El Banco Central de Reserva (BCR) sería la entidad oficial, con el rol de administrar los fondos. Y, según la Ley Bitcóin, es la institución responsable de generar los informes de las balanzas, y el empleo administrativo de los fondos que el Estado relacione con el Bitcoin. Ésta función se reitera con la Ley de Activos Digitales, aprobada en enero de 2023; que establece la institucionalización de una Agencia Administradora de Fondos Bitcóin (AAB), para regular las entradas u salidas del activo digital.
Sin embargo, la Fudación Cristosal se refirió a la institución bancaria, en una misiva divulgada ésta mañana, por la presunta falta de transparencia. 228 casos de vulneración a las cuentas personales de Chivo se añadirían a los registros de Cristosal. La Fundación, en consecuencia, llevó la denuncia ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2021, pero sin obtener respuesta hasta la fecha.
Por otra parte, la opinión de Cristosal contrasta con el archivo de éste medio, respecto a los avisos de compras. De modo que la institución citaría información de un gasto de $107 millones de dólares en los proyectos de Bitcóin, y presuntas pérdidas de hasta $70 millones de dólares, por lo que reiteraría a la Corte de Cuentas de la Repúblicas (CCR), la rendición de informes de los balances de los ingresos y gastos, así como información relacionada con el sistema de seguridad del software de aplicación.
La presunta falta de respuesta ha sido definida por Cristosal como una vulneración a los derechos humanos de los contribuyentes. Asimismo, advirtió que ampliará sus demandas ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “para que inicie un caso contra el Estado salvadoreño por no proteger a los ciudadanos frente a una empresa que ha vulnerado la vida privada y autodeterminación informativa de conformidad a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
