Por Alessia Genoves
22,500 militares acompañan a 3,323 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en la cobertura de cinco diferentes cercos de seguridad para la contención de maras y pandillas. El dato corresponde al número de efectivos de seguridad divulgados por el Gabinete de Seguridad Pública, y responde a la ejecución de la Fase IV del Plan Control Territorial (PCT), “Extracción”. La ejecución del mismo también responde a la designación del Presupuesto General de la Nación al PCT, que puede cuantificarse, durante los últimos cuatro años transcurridos, en cerca de $386,553,207.00 USD.
71,479 personas han sido detenidas en el contexto del Régimen de Excepción, y en paralelo a la apertura de los cercos militares. Sin embargo, unos 6,000 reclusos han sido liberados, tras haber sido sobreseído de las causas penales que justificaban su detención; por lo que el número de personas detenidas, hasta el 14 de julio, puede estimarse en 65,479 personas. En contraste, la cantidad de pandilleros en libertad, si se parte de la cifra aproximada de 76,600 que registra la Policía Nacional Civil (PNC), es de 11,121.
7,974 denuncias, por otra parte, se han efectuado por algunos de los resultados que, a juicio de los denunciantes, han infringido presuntas vulneraciones a los derechos humanos de personas inocentes. La cifra corresponde al número de denuncias no oficiales adquiridas por diferentes instituciones sociales, como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Despad) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Algunas de éstas denuncias identifican a unas 174 personas que han perdido la vida, en los 14 meses de vigencia del Régimen; pero de las que 142 fueron archivadas por la Fiscalía General de la República (FGR), al no corresponder -según la institución- a los resultados médicos del Instituto de Medicina Legal (IML), declarando que “no hay delito qué perseguir”.
¿Cuántos militares y agentes policiales hay en los Cercos?
25,732 elementos de seguridad tienen presencia en los cinco diferentes cercos de seguridad, que tienen apertura desde la primera semana del mes de diciembre del año 2022. Detalló el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que los cercos militares están localizados en el municipio de Soyapango, en al menso 50 zonas de riesgo; y lugares de San Salvador como Tutunichapa I, La Granjita, de San Salvador; y, en última instancia, en Nueva Concepción, Chalatenango y en todo el departamento de Cabañas.
Cercos en San Salvador
12,232 efectivos de seguridad pública forman parte los tres cercos de seguridad militar, instalados en el departamento de San Salvador; cifra de la que al menos 1,732 personas son agentes de la PNC y otros 10,500 son miembros del Ministerio de Defensa. De ésta cantidad, al menos unos 1,100 efectivos forman parte del Cerco “La Granjita”, desde su apertura en diciembre de 2022, fecha desde la que se designaron oficios de seguridad para 100 policías y 1,000 militares.
1,132 efectivos de seguridad han sido designado para instalar el cerco de seguridad en la colonia Tutunichapa II. De esa cifra, se observa que al menos 132 son agentes de la PNC y otros 1,000 son efectivos militares. Por otra parte, una distribución mayor de elementos se ha designado para el cerco de Soyapango, con un total de 10,000 efectivos de seguridad; de los que unos 8,500 son elementos militares y otros 1,500 son agentes de la PNC.
Cercos en Chalatenango y Cabañas
5,500 activos de seguridad se han distribuido en el cerco militar de Nueva Concepción, Chalatenango. La apertura de éste cerco tuvo lugar en la madrugada del 17 de mayo de éste 2023, para el que fueron designados unos 500 agentes de la PNC y otros 5,000 militares de la Fuerza Armada de El Salvador (Faes), en asuntos de seguridad pública.
Por otra parte, en el departamento de cabañas, la cantidad de efectivos de seguridad ha superado a los registros anteriores, con excepción a los del cerco de Soyapango, ya que se designaron unos 8,000 efectivos militares. De ésta última cifra, por otra parte, fueron designados unos 1,000 agentes de la PNC y otros 7,000 elementos de las Faes.
¿Cuánto dinero se ha distribuido en el PCT?
$386,553,207.00 USD han sido invertidos para la cobertura del PCT, y políticas de seguridad complementarias. La cifra corresponde a las cantidades dinerarias asignadas en la publicación inicial del Presupuesto General de la Nación para los años fiscales 2019 a 2023. Por lo que hay que tomar en cuenta, por otra parte, que la cantidad identificada por ContraPunto prescinde de las modificaciones presupuestarias en competencia, que hayan sido aprobadas en la Asamblea Legislativa.
$1,500,000.00 USD para el PCT llegaron a designarse en la Ley del Presupuesto General 2021, en el Ramo de Seguridad, que corresponde a un monto total aprobado de $636,265,537.00 USD. Para éste año, el Presupuesto del Ministerio de Defensa había descrito, en su presupuesto, el cumplimiento del PCT, pero no rindió detalles de cuánto dinero se designaría al PCT, del monto aprobado por $220,000,999.00 USD.
Distintas han sido las Leyes del Presupuesto General para los años 2022 y 2023, en los que se rindieron detalles pormenorizados del gasto del PCT. Para el del año 2022, particularmente, $241,440,897.00 USD se consignaron para el PCT, del presupuesto del Ramo de Defensa por $637,040,655.00 USD; mientras que en el Ramo de Defensa, se designaron unos $64,111,150.00 USD para el Plan, del monto total de $256,696,806.00 USD.
$62,357,090.00 USD se designaron para el PCT, en el Ramo de Justicia y Seguridad, correspondiendo al monto aprobado de $588,169,594.00 USD del Presupuesto 2023. Mientras que en el Presupuesto del Ramo de Defensa, se designaron unos $17,144,070.00 USD, de un saldo total aprobado por $250,618,186.00 USD. Hay que destacar que para los años 2020 y 2019, diferente de los sucesivos, no se observa una designación pormenorizada para el PCT; sin embargo, de 2019 a 2021 se designaron unos $490,487,337.00 USD en el titulado Plan de Seguridad Nacional.
Resultados en la contención de homicidios
“Homicidios intencionados” es la expresión semántica con la que la PNC y la Fiscalía General de la República (FGR) identifican a aquellas personas que han perdido la vida de forma dolosa; y que no incluye -durante la vigencia del Régimen- aquellos cometidos bajo las circunstancias que amparan al uso de la legítima defensa (art. 27, Cód Pnl.). ContraPunto ha identificado, de las cifras oficiales, un registro de al menos 82 homicidios intencionados, que contrastan con los 400 identificados en la misma fecha del año 2022; resultado, pues, en una diferencia a la baja del -79.5%.
Bukele, por su parte, expresó que “julio 2023 cierra como el mes más seguro de toda la historia de El Salvador”, desde luego, basándose en los datos oficiales. De acuerdo con los datos consultados por ContraPunto, el mes de julio cerró con al menos con un registro de 8 homicidios intencionados, que es una cifra equiparable a los 8 intencionados que se identificaron al cierre del mes de abril de 2023; es decir que, según la fuente (PNC, jul. 2023), el señalamiento del presidente también corresponde al del mes de abril como uno de los meses más seguros de su quinquenio presidencial; así como uno de los más seguros de las últimas 3 décadas, durante las que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP) ha identificado, desde el año 1994 a julio 2023, unos 116,598 homicidios de la misma naturaleza.
90% de la población salvadoreña, por una parte ya observaba una reducción en al delincuencia, de acuerdo con la encuesta del cierre del año 2022, del Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop). tendencia ya era superior en la percepción de hechos delictivos, que habrían sido propiciados por maras o pandillas, en opinión del 97% de la población. Por otra parte, la cifra general sería superada por un 92.2% de personas que participaron en la encuesta de TResearch, “El Salvador. Cuatro años de gobierno”. Mientras que, en la última encuesta del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), “Encuesta de cuatro años de gobierno y perspectivas electorales”, indicaba que la preocupación por la delincuencia, de la opinión pública, apenas se ponderaba en un 5.3%.
Por otra parte, la cifra de personas detenidas, al pasado 14 de julio, puede cuantificarse en las 71,479. Sin embargo, si se sustrae la cantidad de personas liberadas, es posible identificar a unos 65,479 internos en el sistema carcelario, durante la misma fecha. Sin embargo, como se ha expuesto, cerca de 11,121 pandilleros seguían, hasta esa fecha, en libertad, una condición que se ha venido contrayendo y que ha justificado las 16 prórrogas del Régimen de Excepción a los derechos a “ser informado en el momento de detención” (art. 12, inc. 2, C), la detención por un período de 15 días para ampliar las investigaciones (art. 13, inc. 2, Cn) y el de la no inspección de la correspondencia (art. 24, inc. 2, Cn).
