Por Alessia Genoves
$194,544 dólares serán asignados a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA). El monto dinerario responde a la cobertura de gastos administrativos de la institución, que buscan “regular la gestión integral de los recursos hídricos y demás bienes que forman parte del dominio público hidráulico”. La reforma quedó patenten en el dictamen N.º 160 favorable de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, que ha sido avalada con el voto de 66 diputados de la Asamblea Legislativa.
“Cuidar el agua y regular su uso para que sea eficiente y sostenible, para que haya un equilibrio entre la parte económica, social y ambiental”, es el objetivo que define la Asamblea Legislativa, de la institución. La institución autónoma inició sus operaciones a partir del 12 de julio del año 2022; es decir, transcurridos menos de siete meses desde que la Ley de Recursos Hídricos fue aprobada por la Asamblea Legislativa, con 65 votos a favor; pero con otros 14 registros no favorables.
Fondos
“No es una cantidad grade o exagerada. Es un inicio, para que se comiencen a cuidar los mantos acuíferos en nuestro país”, expresó el diputado del Grupo Parlamentario del Partido de Conciliación Nacional (PCN), Reinaldo Cardosa, al referirse a la disposición de un monto de $194,544 dólares para la ASA.
ASA dispondrá de los fondos del Estado, para responder a objetivos consistentes en la “gestión integral de los recursos hídricos”, a través del “uso racional, aprovechamiento eficiente, manejo, protección, recuperación, conservación, mejoramiento y restauración del recurso hídrico”. Particularmente el 75% del presupuesto responde a las asignaciones de la Dirección y Administración Institucional; mientras que el presupuesto restante, al ramo de la Gestión Integral de Recursos Hídricos.
$165,535 dólares, que responden al primer ramo, se distribuirán de la siguiente forma:
- $72,460 dólares, para “dirigir estratégicamente a la ASA para el logro de los objetivos institucionales”
- $93,074 dólares, para “apoyar los objetivos institucionales mediante procesos eficaces de soporte administrativo, financiero y técnico que optimicen los recursos asignados”.
$29,010 dólares corresponden, propiamente, al segundo ramo, de la Gestión Integral de Recursos Hídricos. Su distribución es la siguiente:
- $15,790 dólares, para “desarrollar acciones que posibiliten la planificación de los recursos hídricos, su debida asignación para el buen uso y la implementación de proyectos que promuevan su conservación y protección”
- $2,675 dólares, para “apoyar la gestión de los recursos hídricos, a través de la observación, inspección y regulación de los usos del agua y la aplicación de los diferentes instrumentos que hagan cumplir la Ley General de Recursos Hídricos y los diferentes tratados relacionados a la materia”
- $10,545 dólares, en función de “recopilar, monitorear y procesa información de las diferentes zonas de cuenca, para la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador”
Demandas
“Garantizar el derecho humano al agua” es la consigna que establece la Ley General de Recursos Hídricos, en su artículo 1. El artículo 2 también define que el consumo humano y el saneamiento del aguo y recursos hídricos son “gratuitos”. Sin embargo, la diputada por el Grupo Parlamentario del FMLN, Marleni Funes, explicó que el Derecho Humano al Agua y Saneamiento debe permanecer patente y “elevarlo a rango constitucional”.
20 años, de hecho, es el tiempo estimado que habría transcurrido desde que los representantes de los grupos parlamentarios de ARENA y del FMLN. El reclamo fue reiterado por el diputado del partido Nuevas Ideas, Raul Castillo. Según lo indicó en la Sesión Plenaria N º 73, la ASA “debe empezar a funcionar para garantizar la parte regulatoria en cuanto a la distribución y abastecimiento del agua, y a la regulación de aquellos operadores del servicio como ANDA (Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados), juntas de agua, alcaldías que prestan el servicio y otros privados”
2,500 Juntas de Agua sin fines de lucro que abastecen a 1,5 millones de salvadoreños, por otra parte. La diputada Dina Argueta, del FMLN, indicó que la Ley exigiría cánones desproporcionados a varias de las distribuidoras. En respuesta de dicho reclamo, el diputado Castillo indicó que “han habido juntas de agua, que tienen esa naturaleza, o por su nombre ahí aparecen; pero lo que han estado haciendo es un comercio descarado con el líquido, amedrentando a la población, que si no complacen sus caprichos, al final les terminan quitando éste recurso del cual todos tenemos derechos que ya está reglamentado en ésta ley”.
