Por Alessia Genoves
$183,860,715.02 dólares implican a 15 diferentes empleados de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Los fondos eran provenientes de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial, y eran transferidos hacia 6 cuentas bancarias no autorizadas de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que las transferencias que hacían a través de cheques, y señala a al menos 2 entidades privadas beneficiarias
“Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración Cerén (2014-2019) se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas de la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno”, sostiene el Ministerio Público Fiscal.
Transferencias
$152,985,170.69 dólares del tesoro público fueron “retirados en efectivo”, tras la emisión de cheques. Éstos títulos valores beneficiarían a varios de los empleados, en concepto de “complementos salariales”. Uno de los responsables en la emisión de dichas transferencias era Jorge Antonio Revelo, quien ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor Presidencial, quien habría sido capturado en Panchimalco; y habría participado en los hechos porque, según la FGR, “gestionó pagos salariales complementarios para el Estado mayor sin cumplir los requisitos de Ley”.
193 cheques, del total de títulos valores consignados, habrían sido firmados por la tesorera institucional de la Presidencia, Daysi Armida Díaz -quien fue detenida en San Marcos (San Salvador). El Ministerio Público Fiscal detalla que la comisión de los delitos, por los cargos impugnados, habrían tenido lugar durante su oficio en la administración pública, es decir “durante el período de noviembre de 2016 a mayo de 2019”. Además detalla que el destino de los fondos serían “6 cuentas aperturadas sin requisitos de ley”
$2,170,953.38 dólares habrían beneficiado a dos empresas de las que es propietario el particular Alexander Benitez Peña, de acuerdo con la FGR. De modo que las empresas beneficiarias de Benitez serían el Taller Box Car, que recibió $969,499.57 dólares del Estado; así como el Taller Frenos y Más, que fue la institución destinataria $1,201,453.81 dólares.
Taiwan y otros
$3,303,756.00 dólares tenían origen de donaciones transferidas por el gobierno de la República de China -cuyo territorio espacial es popularmente conocido como Taiwán-. Éstos fondos fueron transferidos a las partidas relacionadas con el pago de “complementos salariales del Estado Mayor Presidencial”. Al mismo tiempo, la FGR añade que “algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén”.
$25,400,834.95 dólares, por otra parte, serían los fondos acumulados que se diferenciarían con el resto de los arraigos detallados por la FGR, en una de sus publicaciones oficiales divulgadas el pasado 18 de agosto del año 2022. Cabe añadir que, entre los imputados, también se detuvo Arturo Ayala Orellana, quien fue el ex-director ejecutivo de la Presidencia de Salvador Sánchez Cerén, y de Mauricio Funes (2009-2014). Sus órdenes de captura respondían a acusaciones relacionadas con los delitos de peculado y lavado de dinero. A éste mismo se le materializaron 5 inmuebles y 3 vehículos con valor de $500 mil dólares en enero de 2020.