Por Alessia Genoves
18 años cárcel es la condena administrada contra el Doctor Salvador Hirezi Moraya, ex-alcalde del municipio de Zacatecoluca (La Paz). La Fiscalía General de la República detalla que el fallo ha sido por el Tribunal Primero de Zacatecoluca, demostrando su participación en la comisión de los delitos de “peculado y cohecho propio”. También fue condenado el ex-alcalde del municipio de San Rafael Obrajuelo (La Paz), Rafael Amilcar Aguilar, siendo vencido en juicio bajo las mismas imputaciones, pero con una condena de 6 años de prisión.
$350,000.00 USD es el monto estimado en el valor las pérdidas en la administración pública. Informes oficiales de la FGR sostienen que las alcaldías adquirieron un total de 990 unidades de insumos agrícolas, que habrían sido revendidos para adquirir ganancias de hasta $9,900.00 USD. Los hechos habrían tenido la participación de otros 19 servidores públicos; pero la FGR detalló que en el caso fueron condenadas al menos 16; que al menos 1 fue sobreseída, pero no rindió detalles de los últimos 2 presuntos. Encima de ello, el Comité de Familiares de Presos y Presas Políticas (Codappes) las pruebas fiscales eran “sin sustento, débiles y no procedentes”.
#Condena I La @FGR_SV logra que el exalcalde de Zacatecoluca, Salvador Hirezi Morataya, sea condenado a 18 años de cárcel y el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amilcar Aguilar, a 6 años en prisión.
Ambos fueron procesados por Peculado. pic.twitter.com/dAvzzsuNwV
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 27, 2023
“No pudieron presentar a los 146 testigos que inicialmente habían mencionado. Sólo llegaron 3 péritos a declarar” añade el Codappes. Encima, detalló en una misiva dedicada a la prensa que los tribunales también habrían administrado penas carcelarias de “16 años a los exconcejales Dennis Córdova y Santos Portillo, y 3 años al ex-empleado de UACI Amilcar Pérez Pérez”, además de los ya referidos. ContraPunto, por otra parte, detalla que éste caso, bautizado como “Operación Monarca” con la FGR, no rindió detalles de las 8 personas adhirieron posteriormente, acusadas de pertenecer a organizaciones terroristas.
Hechos
1,000 quintales de maíz fueron entregados a la administración de Hirezi, así lo detalla la FGR en la reconstrucción de hechos. La entrega de los insumos agrícolas buscaba beneficiar a una cantidad proporcional de familias, particularmente afectadas durante las tormentas tropicales Cristobal, Eta y Amanda, concurridas en el año 2020. Sin embargo, unos 990 insumos agrícolas habrían sido extraídos, para ser comercializados por diferentes empresarios. Las ganancias totalizarían a un estimado de $9,900.00 USD, ya que la FGR estima que las ventas por cada quintal de maíz eran de $11.00 USD.
FGR sostiene que empresarios del transporte realizaron pagos a miembros del consejo de la Alcaldía de Zacatecoluca para obtener aprobación de acuerdos que perjudicaban a la competencia. Asimismo, se comprobó que la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo se apropió de productos destinados a la emergencia por Covid-19 y para los damnificados de las tormentas Cristobal, Amanda y Eta en 2020. En total, se estima que se lucraron con $9,900.00 USD al vender productos de la canasta básica destinados a ayudar a la población afectada.
Detalla la FGR que “el tribunal basó su fallo en pruebas contundentes presentadas por la FGR, que incluyeron evidencia documental digital, actas de vigilancia y testimonios del Ministerio de Agricultura y Ganadería”. Las pruebas fiscales, desde luego, habrían demostrado la participación de al menos 16 personas; pero, como se ha mencionado, las declaraciones a la prensa no rindieron detalles sobre la participación de otras 8 personas acusadas de pertenecer a agrupaciones ilícitas.
Alcaldes y empresarios
Hirezi Morataya, por su parte, resultó vencido en juicio por la imputaciones de cohecho propio y peculado. Su aprehensión tuvo lugar el pasado 26 de abril de 2021. Pero a las acusaciones iniciales se sumarían “4 casos de negociaciones ilícitas”, según lo detalló la FGR durante la fase de sentencia. A su expediente, por tanto, se acumularían “3 casos de cohecho impropio”.
Ricardo Aguilar, ex-alcalde de San Rafael Obrajuelo, también fue vencido en juicio por participar en la venta y distribución de insumos del Estado. Ambas figuras de autoridad habrían sido participes a otros 17 ex-regidores, ex-policías, empresarios y civiles, en actividades ilícitas, según lo sostiene la FGR.
#Condena I También, la @FGR_SV demostró que la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo se apropió de productos que estaban destinados a la emergencia por Covid 19 y para los damnificados de la emergencia por las tormentas Cristobal, Amanda y Eta, en el 2020. pic.twitter.com/aacR6tx6ih
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 27, 2023
FGR también relacionó al Caso Monarca a José Dennis Cordova. Santos Portillo González, Ever Stanley Henríquez y Carlos Arturo Araujo, quienes habrían participado en los hechos como los “coautores en 4 casos de negociaciones ilícitas y 3 de cohecho impropio”. También añade la participación del ex-regidor de la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo, como “coautor de 1 caso de peculado, coautor de 1 caso de cohecho activo e instigador en 1 caso de cohecho impropio”.
Se suministaron penas en contra de “miembros del Consejo Municipal, Denis Elizondo y Santos Portilo, por 16 años; y, también, la del ex-alcalde de San Rafael Obrajuelos, que ha sido condenado por le delito de peculado, a 6 años de prisión”. Al mismo tiempo, el Cofappes informó a al opinión pública que al ex-empleado de la UACI, Amilcar Pérez Pérez, fue vencido en juicio y sancionado con un a pena de 3 años de prisión.
ContraPunto, por su parte, observa que las declaraciones de la FGR no rindieron detalles sobre las penas suministradas en contra de los empresarios y comerciantes Jaime Gilberto Valdez Hernández y Luis Ángel Jimenez Benitez. Al primero se le atribuyen “6 casos de cohecho activo”; mientras que al segundo se le juzga como el “coautor de 2 casos de cohecho activo”, según lo detalla el Ministerio Público. Tampoco rindió detalles sobre las sanciones en contra del subinspector Manuel de Jesús Ayala y el cabo Ranulfo de Jesús Portillo Díaz, quienes fueron acusados, el primero, como “autor directo en 1 caso de cohecho impropio continuado”; mientras que el segundo, como el “autor en 4 casos de cohecho impropio”.
Hay que añadir que al caso también fueron relacionados los empresarios de transporte José René Hernández Fausillón, José Ricarte Pineda y René Jacob Hernández Fausillón, como “coautores en 1 caso de cohecho activo”, cada uno. El último referido, sin embargo, habría sido identificado por su estatus legal de prófugo; o reo ausente en rebeldía.
