Por Alerssia Genoves
Más de 17 mil personas fueron sometidas bajo arresto, en los 30 días transcurridos de la declarada Guerra Contra Pandillas. Han sido acusadas de participar en estructuras terroristas, y de cometer múltiples delitos, siendo el de homicidio en los casos de mayor gravedad. Lo procesos penales han llevado a más de 7 mil de los imputados a la reclusión en el sistema penitenciario, mientras se deducen sus responsabilidades.
28 días y medio han transcurrido tras la aprobación del Estado de Excepción. La medida de seguridad excepcional responde a los 87 homicidios reportados durante los días 25 al 27 de marzo. Maras y pandillas serían las principales responsables, de acuerdo con las declaraciones de las autoridades de seguridad pública. Los resultados se concretaron en un recuento de al menos 35 homicidios durante los días posteriores; de entre los cuales al menos 19 tuvieron lugar durante los 24 días transcurridos del mes de abril. En éste último periodo, se registraron al menos al menos 12 días sin homicidios.
Los 19 homicidios reportados hasta el 24 de abril, contrastan con los 100 reportados en la misma fecha del año anterior, con 81 homicidios de diferencia. Al mismo tiempo, los reportes enumerados hasta ésta fecha son menores a los 58 registrados en 2020; y muy inferiores a los 210 registrados hasta el 21 de abril de 2019.
Detenidos
Al menos 17,143 personas fueron detenidas, a lo largo de los 29 días de vigencia del Régimen de Excepción. Unas 1,090 de ellas fueron capturadas durante el pasado domingo. La mayor parte de las capturas fueron divulgadas por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), y de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), bajo la presunción de ser “terroristas”. Los señalamientos se demostraron en algunos de los detenidos, que presentaban tatuajes retratados en sus torsos.
Más de 1,000 terroristas capturados solo en este día.
Más de 17,000 en solo 30 días.
Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/iUT1ZQrjYd
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 25, 2022
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sostenía que unos 70 mil miembros de estructuras terroristas permanecían libres, antes de la aplicación del Régimen de Excepción. Esta cantidad, de hecho, es igual a la estimada por el Comando Sur de los Estados Unidos para el año 2012, pero en la región del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala).
En la actualidad, la cifra de los pandilleros ambulantes representaría un estimado de 52,857 personas libres, de acuerdo con las estimaciones de gobierno. Sin embargo, las estimaciones de la actual administración ya eran superiores a la del gobierno del ex-presidente Mauricio Funes, que declaraba una cifra de al menos 60 mil terroristas, para el año 2013.
Por otra parte, el total de personas detenidas hasta el día de ayer, sólo representaría un porcentaje del 24.29%, de acuerdo con las estimaciones del actual gobierno; es decir, una cantidad menor a la de la de la cuarta parte. Por ello, organizaciones sociales y analistas, como el criminólogo Ricardo Sosa, sostiene que la política del Estado de Excepción “requiere de una extensión”.
La demanda ciudadana tuvo representación de más del 90% de la aprobación en medios de comunicación social, y en informes de empresas de opinión, como Cid Gallup. El día de ayer, unos 67 diputados de la Asamblea Legislativas dieron sus votos, a favor de prorrogar el Decreto N.º 333, que establece el Estado de Excepción de Garantías Constitucionales, en aplicación del artículo 26 de la Constitución de la República.
En su contenido, el decreto Legislativo N.º 333 establece la suspensión temporal de las garantías legales, establecidas en la Constitución de la República: libertad de “asociación” (art. 7 Cn); “defensa (art. 12, inc. 2 Cn); y la detención temporal no mayor a 72 horas (art. 13, num. 2 Cn) , ya que dilata el período 15 días de detención. Asimismo, suspenden la inviolabilidad en la intecepción de la correspondencia (art. 24 Cn); y el derecho al asilo en el exterior (art. 28 Cn).
Por otra parte, en paralelo con el total de los detenidos, al menos 84 persona tramitaron denuncias por posibles detenciones arbitrarias, hasta el pasado 8 de abril. El dato lo constata el Plan Nacional de Verificación, de la Procuraduría para al Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Entre las denuncias figuran menores con discapacidad, activistas sociales y ciudadanos comunes.
