16 cuerpos entregan a familias de víctimas de Masacre de El Mozote

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16 cuerpos de víctimas de la Masacre de El Mozote entregan a familias dolientes. Se enumeran 1,730 personas asesinadas por el Batallón Atlatcatl, en 19981. Exigen justicia transicional

Redacción ContraPunto


16 restos humanos son entregados a familiares, víctimas de la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños. Los hechos que buscan resarcir a las familias dolientes, han sido acompañados por instituciones públicas, como la Procuraduría para al Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal. El representante de la PDDH, Eduardo Acuña, detalla que los “restos óseos fueron exhumados en el año 2016”.

44 años han transcurrido desde que el Batallón Atlactl irrumpió en varios de los municipios de Meanguera (Morazán), para reprimir a lo que ellos identificarían como un terroristas o combatientes. La orden que fue administrada por el titular del Ministerio de Defensa Nacional, general Guillermo García, no obstante, sería denunciada formalmente como un delito de Lesa Humanidad. Según lo enumera el Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote y Lugares Aledaños, el hecho de sangre dejó un saldo de 988 víctimas, y un total de 1,730 personas desplazadas.

16 restos humanos

16 restos de víctimas de la Masacre de El Mozote son nuevamente entregados a sus familiares dolientes. Es decir, son aquellos restos de las personas que perdieron la vida, a manos de las Fuerzas Armadas. La diligencia militar fue ejecutada por el Batallón Atlacatl, en el conocido operativo denominado “Tierra Arrazada”, con fecha del mes de diciembre de 1981.

Caserío El Mozote, Cerro Pando, La Joya y Los Toriles” son cuatro de los escenarios de Meanguera, en los que tuvo lugar el siniestro. Desde luego, el general Guillermo García es señalado como el principal responsable, identificado como el autor intelectual. Las acusaciones se ventilan en el Juzgado de Primera Instancia, Dulce Nombre de María (Chalatenango), en el que también se ventilan las imputaciones contra el ex-coronel Rafael Flores Lima, por “comisión por omisión”; así también, contra los ex-militares Francisco Antonio Morán y Mario Adalberto Reyes Mena.

Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” son los pilares que se establecen en el concepto de Justicia Transicional, que establece la Organización de las Naciones Unidas para los Derehos Humanos (ONDH). Ésta demanda es reiterada en los países del mundo en los que se han denunciado graves vulneraciones a los derechos, como los de la Masacre de El Mozote.

“Para Cristosal y para las víctimas, este acto es muy significativo porque constituye una manera de reparación. Es una acto que reafirma una verdad histórica”, indicó el representante del equipo de Justicia Transicional de la Fundación, Antonio Aguilar.

Cristosal añade que “los restos de las 16 víctimas, incluyendo el de una mujer embarazada, serán velados y posteriormente enterrados por sus familiares de origen”. También indica que otros “10 serán enterrados en el monumento de La Joya, 4 en el cementerio Arambala y el resto en el cementerio de Meanguera”, transcurridos más de 7 años desde su exhumación.

Otros 16 restos humanos fueron localizados, desde el pasado 15 de febrero de 2022. En éste último caso, las exhumaciones respondieron a la orden emitida por la jueza Mirtala Portillo de Cruz, del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. En concreto, las diligencias se realizaron a 161 kms al noreste de San Salvador, a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y especialistas del Instituto de Medicina Legal (IML) del Órgano Judicial.

Cristosal, hasta entonces, había indicado a la prensa que 11 de las víctimas fueron localizadas en una fosa de Cerro Pando; y otros 5 en La Joya, dos de los escenarios de la Masacre. Hasta la fecha, los restos óseos, y prendas, se encuentran en el IML, en donde se examinan los componentes genéticos y el registro de las personas, para su posterior entrega a las familias dolientes.

Más justicia

Caserío el Mozote, Cerro Pando, La Joya y Los Toriles reciben la intervención del gobierno, para resarcir los daños ocasionados durante la masacre. La intervención, de hecho, nace de la orden emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte-IDH), para el resarcimiento de las víctimas y su garantía a la Justicia Transicional, tal y como lo constata la sentencia titulada “Caso Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños Vs. El Salvador”, en octubre de 2012.

$28 millones de dólares en el Caserío El Mozote y Lugares Aledaños invierte el Estado. Los proyectos sociales son consistentes en la reparación de calles, edificación de clínicas, la instalación de un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (Cubo), entre otras cosas. Busca, elementalmente, resarcir las afectaciones generadas por las Fuerzas Armadas de El Salvador, en un operativo militar que quitó la vida a más de 1,730 personas.

1,000 personas se beneficiarían de los proyectos de obra. Entre otras cosas, el presupuesto busca conmemorar a las víctimas, con la modernización del Monumento al Mozote. Los proyectos sociales están a cargo de la Dirección de Obras Municipales, y del Ministerio de Obras Públicas (MOP). La institución contradice las afirmaciones de la Fundación, reiterando que el proyecto de renovación “respeta la memoria de las víctimas”.  El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también se refirió a la zona como “un lugar abandonado”, para lo cual sería motivada la intervención estatal.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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