Por Alessia Genoves
13 prórrogas al Régimen de Excepción han sido aprobadas. El Gabinete de Seguridad sostiene que su contribución se define en la rendición de 232 días sin homicidios se adscriben a los datos totale, de los 341 días sin homicidios intencionados durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. El dato responde a las cifras acumuladas de los informes periódicos divulgados por la Policía Nacional Civil (PNC).
3,775 personas han sido liberadas tras recibir el sobreseimiento parcial o definitivo de las imputaciones que les obligaban a resguardarse en prisión. La cantidad se define en una proporción del 5.7% respecto de las 67,203 personas detenidas hasta finales de marzo, por lo que la diferencia resultante -hasta esa fecha- responde a unas 63,428 personas en detención. Ello implica que exista un estimado de 13,172 pandilleros en libertad, de un aproximado de 76,600 pandilleros en libertad en el territorio nacional, razón por la que el Gabinete de Seguridad demanda una 13º prórroga.
100,223 es la estimación acumulada de personas detenidas en los 28 centros penitenciarios del país, hasta la fecha. El dato corresponde a al cálculo de las 36,795 personas detenidas, entre el 2020 al 2021, en suma de las 63,428 personas detenidas durante el período de vigencia del Régimen. Por tanto, la cantidad de reos superaría la capacidad instalada, que se estima en 70,864 personas. Ello también implicaría que el número de pandilleros también es superior a la capacidad instalada. Por otra parte, la convivencia entre pandillas, y otros factores, estima para el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (Idhuca), un cantidad de 102 muertes en 2022.
13 prórroga
67 votos han dado lugar a la aprobación de la última prórroga del Régimen dude Excepción. La votación fue celebrada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, para tener vigencia éste miércoles 17 de marzo. La nueva propuesta, por tanto, se ventila en la Sesión Plenaria Ordinaria No. 99 de éste miércoles.
30 días continuos se establecen para la vigencia del Régimen de Excepción, y la suspensión paralela de garantías constitucionales. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional. El Artículo 31 de la Constitución misma establece que “podrá prologarse la suspensión, por igual período y mediante un nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron”.
Menos delincuencia
232 días sin homicidios se enumeran desde el 27 de marzo del año 2022, hasta el 11 de abril del año presente; es decir, durante la vigencia del Régimen de Excepción. Los resultados de la política de seguridad se circunscriben al total de 342 días sin homicidios, durante la presidencia de Nayib Bukele; un resultado que contrasta con los únicos días sin homicidios durante las administraciones de los ex-presidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Carlos Mauricio Funes (2009-2014).
70 días sin homicidios se enumeran durante el 1 de enero al 11 de abril de 2023; cifra que contrasta con los únicos 12 días sin homicidios registrados en el mismo período del año 2022. De acuerdo con los registros de la PNC, han sido 20 los días sin homicidios reportados durante el mes de enero de éste año; otros 21 días sin homicidio se cuantifican durante el mes de febrero, más otros 20 durante el mes de marzo. En el mes de abril de éste año, se suman al menos 9 días sin homicidios intencionados.
43 homicidios se enumeran durante los días transcurridos del año 2023, hasta el 11 de abril. Ésta dato contrasta con los 328 homicidios cuantificados durante el mismo período del año 2022, y define a su vez una reducción del -86.6%. A su vez, el último registro es inferior respecto de los 352 (68.1%) homicidios reportados en la misma fecha del año 2021; pero superior respecto de los 328 (7.3%) homicidios del mismo período de 2020. Por otra parte, las cifras anteriores son muy inferiores respecto de los 791 homicidios del año 2019; y ésta última, a su vez, indica que la cifra actual es inferior en un 99.1%.
0% es la estimación de los índices de impunidad, durante el mes de abril del año 2023. Éste resultado lo comparte el titular de la Dirección Nacional de Protección Civil (DGCP), Gustavo Villatoro; y responde a las detenciones de los presuntos responsables de los 4 homicidios registrados durante esa fecha. El titular, además, indicó que durante los días transcurridos del año 2023, se estima un índice de impunidad del 18%, respecto de los 43 homicidios reportados. En contraste con el mismo período del año anterior, asegura que se enumeraban un índice de impunidad del 36%; pero que para el período del 2018, el índice se elevaba al 98%.
Villatoro, además, sostuvo que durante el período de vigencia del Régimen se han capturado “10 sillas de las 15 que gobernaba la MS”. Añade que “a finales del año pasado se capturó al pilar principal de la 18 revolucionaria. Y, durante ésta semana, se capturó al pilar principal de la 18 sureños”. Las recientes detenciones se añadirían a las 63,428 detenciones cuantificadas por el Gabinete de Seguridad, hasta finales del mes de marzo de 2023.
Por ello, ante la prevalencia de unos 13 pandilleros en libertad, y la presunción de la peligrosidad a la que la población se vería expuesta, Villatoro anunció que ésta tarde solicitará la prolongación del Decreto N.º 333, del Régimen de Excepción.
Controversias
4,723 presuntas vulneraciones a derechos humanos habrían sido infringidas, durante el contexto del Régimen de Excepción. Éste dato lo asevera el IDHUCA de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, con organizaciones sociales como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). No obstante, algunas de las denuncias procesadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), durante la administración de José Apolonio Tobar, indicarían que la enumeración responde al total de documentos de arraigo -DUI, NIT, y documentos de identidad-, de un número menor de personas.
Investigar las presuntas torturas cometidas por agentes de seguridad, el desproporcionado uso de la fuerza y muertes en centros penales han sido las demandas de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Las demandas quedaron patentes en el reciente informe titulado “Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador”, con la Comisión Contra la Tortura (Cat) de la organización.
CAT, en consecuencia, pidió “abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por periodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”. El imperativo, según indicó, estaba influenciada con los reportes de las organizaciones citadas.
No obstante, titulares del Gabinete de Seguridad argumentaron que la ampliación en los plazos de detención incrementaban las facultades y resultados de investigación. Ésta condición se encontraría legalizada en el Régimen de Excepción, que establece los 15 días de detención; y en la interrupción de las garantías constitucionales; con precisión, en el artículo 13, inciso 3 de la Ley Superior.
Estados Unidos, desde el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) han reiterado las posturas de las organizaciones denunciantes. La primera las reiteró en el “Reporte de Derechos Humanos. El Salvador 2022”, de la que los mayores señalamientos del informe responden al contexto del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales; pero reitera otros hechos de controversia enumerados en 2021, como la elección legal de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional; y la del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), según el art. 4 de la Ley del Órgano Judicial.
EEUU indicaría que no existiría represión contra las organizaciones e individuos denunciantes; ni persecusión contra la libertad de expresión más allá de la presuntas declaraciones estigmatizantes de los gobernantes. CIDH, por otra parte, sostuvo que el Régimen es “constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”, de acuerdo con su último informe de competencia; y además pide restituir los derechos humanos suspendidos en las últimas prórrogas del Régimen, así como posibilitar la visita de la misma al país.
No obstante, en su informe deja claro que el Régimen, así definido por el artículo 30 y 31 de la Constitución, es coherente con el artículo 27 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (CADH); y que los gobernantes no justificaron violencia común, sino terrorismo y crimen organizado, responsable de las más de 111 mil muertes en la última década.
Muertes en Cárceles
102 muertes en cárceles enumera IDHUCA, en su último informe hemerográfrico titulado “Muertes en cárceles durante el estado de excepción en El Salvador: presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los datos del informe parten de las únicas fuentes de El Diario de Hoy y de la Prensa Gráfica, más no de otras fuentes alternativas, ni de contrastes con la información oficial.
“La Dirección General de Centros Penales (DGCP) declaró reservada toda la información
relacionada a personas privadas de libertad, tal como la cantidad de personas que albergan los centros penales, la capacidad instalada, la cantidad de personas fallecidas en centros penales, sexo, orientación sexual, rango de edad, cantidad de programas de rehabilitación, entre otras”, justifica el informe, en su página 16.
Al respecto, no es posible detallar si los datos son correctos, o erróneos o repetidos. Por otra parte, organizaciones sociales como la Fundación Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso, el Servicio Social Pasionista y la Red de Defensoras rinden un número aproximado de 4,077 denuncias; en suma de las 1,3777 del Socorro Jurídico Humanitario (DJH). Hasta el pasado mes de marzo, sostenían que durante la vigencia del Régimen se enumerarían unas 111 muertes en Centros Penales; lo cual indicaría que al menos 9 muertes tuvieron lugar hasta el mes de marzo de 2023.
DGCP, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.
90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
