Por Alessia Genoves
Unas 1,306 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados internos durante el año 2020, hasta el mes de enero del 2022. Los registros corresponden a la Asociación Cristosal y por el Servicio Social Pasionista (SSP); y son, de hecho, comparativamente mayores a las registradas por el Estado hasta 2021, en un 5,05%.
Unas 38 víctimas han sido cuantificadas hasta el mes de enero de éste año, de acuerdo con las organizaciones. Los datos oficiales hasta esa fecha, en cambio, aún no han sido divulgados por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno de la Procuraduría General de la República (PGR), la institución competente en la “atención y asistencia de victimas”. Los casos apenas llegaron a cuantificarse en 1,170, al cierre del año 2020.
Sin embargo, 408 mil víctimas por desplazamiento forzado es la cifra que el Instituto Universitario de Opinión Pública (OUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) ha cuantificado hasta el año 2019.
El desplazamiento forzado interno en El Salvador tiene varias razones. Según los datos de nuestra Dirección de Investigación, se ha detectado un aumento en casos de desplazamiento forzado interno a causa de desaparecidos en los últimos 6 meses.👇📊 pic.twitter.com/iVXSX5ETOr
— Cristosal (@Cristosal) February 21, 2022
Desplazamientos
Del los 1,306 casos reportados, Cristosal detalla que unos 702 hechos de desplazamientos forzados internos respondieron a hechos motivados por la violencia. De ese recuento, el desplazamiento de 38 personas estuvo motivado por la desaparición de al menos uno de los miembros de su familia, en los últimos 6 meses. Éste escenario fue motivado por la desaparición de al menos 7 de sus parientes.
Al cierre del año 2021, unas 1,124 casos de desaparición de personas figuraban entre el registro oficial de la Fiscalía General de la República (FGR); peo ninguno de los registros respondía a hechos suscitados por la desaparición forzada de personas.
Pero “las familias reportan que el Estado no está cumpliendo con los protocolos y no se hace la debida investigación en los casos de desapariciones”, denuncia la representante de Cristosal, Rina Montti.“La Fiscalía y las autoridades deben tomar con seriedad las denuncian de las familias”, añade.
“Garantizar el derecho a la protección de la familia, la autoridades” es la demanda que la Ley Especal para Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno establece sobre las instituciones competentes.
A la fecha, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aún no ha proporcionado un Reglamento de Ley, para elaborar, entre otras cosas “Protocólos de Atención y Protección a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno”; así como “crear e implementar una red de albergues y alojamientos a personas desplazadas internamente” (art. 17).
Por otra parte, unas 572 personas fueron atendidas por Cristosal, en razón de sus afectaciones por el “cambio climático”; más otras 27, en razón de la “violencia y cambio climático”, respectivamente. Las cifras son muy inferiores a los 11,179 casos de personas que se vieron en situación de albergue, debido a las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en 2020, de acuerdo con al Dirección General de Protección Civil (DGPC).
Sin embargo, la Ley no identifica como garantes de protección a los desplazamientos motivados por el cambio climático. En respuesta, Montti sostiene la necesidad de “hacer una modificación a la ley, para también incluir a las víctimas por cambio climático”.
Minorías
En situación de desplazamiento forzado interno también se vieron forzadas unas 166 personas, pertenecientes a minorías sexuales. Según lo destaca el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el 56% de los casos estuvo motivado por hechos de “violencia social”.
El registro forma parte de los 694 casos documentados desde el año 2015 hasta el año 2021, según lo destaca la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis Trans), en su última presentación de informes regulares.
“Valoramos la disposición de los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa en aprobar esta normativa de gran envergadura. No obstante, esta ley no contempla estándares de protección para las personas LGBTI ni un enfoque diferenciado para la atención”, indicó en su momento la representante de Comcavis, Bianka Rodríguez. “A través de los testimonios de las víctimas LGBTI de desplazamiento forzado, he evidenciado la falta de garantías para su protección física y legal de parte del Estado salvadoreño”, añadió.
