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12 muertes en Masacre del 30 de julio: 47 años de impunidad

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Masacre del 30 de julio: 12 muertes, 20 heridos y 40 detenidos por las Fuerzas Armadas. Familiares de las víctimas exigen justicia transicional.

Por Alessia Genoves


Asesinados fueron 12 estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES), durante la manifestación del desfile Buffo, realizado el 30 de julio de 1975. Familiares de las víctimas responsabilizan a las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) de perpetrar el hecho de sangre, al que califican como una “masacre”; sin embargo, han transcurrido más de 47 años, y el Estado salvadoreño les ha negado la justicia.

Intervención militar” fue el motivo de la protesta. Cientos de estudiantes denunciaron la ocupación militar del campus central de la UES, y del Centro Universitario de Occidente. El operativo militar respondía, entre otras cosas a un decreto emitido por la Asamblea legislativa, que establecía, principalmente, la administración del Alma Mater desde una Comisión Especial del Órgano Legislativo.

Hechos

12 estudiantes murieron, 20 resultaron heridas y 40 detenidas”, en la tarde del 30 de julio de 1972. Las víctimas habrían perecido a un operativo militar, perpetrado por las FAES, para reprimir la protesta social. El escenario de los hechos de sangre habría tenido lugar en la 25 Avenida Norte, de la Ciudad Capital, a la altura del puente desnivel.

Tanquetas” arrollaron a varios de los estudiantes. Fueron parte del instrumento bélico empleados por la FAES, para contener la manifestación pacífica. Otros marchantes de la época, aseguran que algunos agentes policiales, y personal del ejército, emplearon sus fuciles para intimidar o matar a varios de los participantes de la protesta.

Llegué a lo que ahora se conoce como Paso a Desniveles. Yo recuerdo que los soldados con los que yo quedo en frente tenían el arma no apuntando a las personas, sino apuntando al cielo. Pero, de repente, sonó un disparo coctel molotov. Y ahí empezó los gases lacrimógenos, la humazón, etc. Y empezó el tiroteo. Y, a medida en que disparaban, los soldados iban bajando el punto de mira. Cada tiro, era para abajo”, compartió su opinión a el testigo y sobreviviente a la Televisión Universitaria, Evaristo Hernández.

Algunas de las afectaciones respondieron tuvieron impacto sobre las familias de Reynaldo Hasbún Jimenez, estudiante de ingeniería; Carlos Hernández, estudiante de Artes; José Domingo Aldana, estudiante de Economía y Napoleón Orlando Calderón. A éstos hechos se añaden los nombre de Sergio Antonio Cabrera, estudiante de Medicina; Carlos Portillo, estudiante de Sociología; y Ever Gómez, estudiante de Sociología, de acuerdo a las actas del Instituto de Medicina Legal

La intervención militar responde, entre otras cosas, a la aprobación del Decreto Legislativo N.º 41, que establece facultades al órgano ejecutivo de emplear la el uso de la fuerza militar, para mitigar expresiones, como las de protesta. En última instancia, ha sido la UES la institución que ha asociado responsabilidades en contra de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, y a la administración del presidente Gral. Fidel Sánchez Hernández, al declarar sus intensiones por “tomar el control de la UES”, con la condición de “tener un plan listo para que ésta pueda seguir funcionando”.

47 años de impunidad

Impunidad” es como califican a la falta de respuestas en el sistema judicial, los familiares y denunciantes de las víctimas del hecho de sangre, de 1975. En respuesta de ello, sin embargo, ha sido la UES la institución que ha creado una Comisión una Comisión de Investigación y Reparación de Víctimas, que integre los ámbitos de la justicia transicional.

Es necesario reiterar que los familiares de las víctimas que integran la comisión no señalan acusaciones en contra de la UES. Paradójica, por tanto, ha sido la respuesta de la UES en acompañar a los sobrevivientes, familiares y denunciantes en vario procesos penales, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), en las afectaciones que responden a más de 60 personas, entre ellas, las asesinadas.

Sin embargo, algunos de los intentos judiciales por obtener la verdad jurídica de los hechos no han obtenido una respuesta favorable. Ésta realidad se vio reflejada hasta el año 2021, la Sala de lo contencioso Administrativo declaró como “ilegal”, el recurso de nulidad interpuesto por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por “negar información”. Los requerimientos ciudadanos demandaban, entre otras cosas, la adquisición de la información disponible, respecto al paradero de las víctimas del 30 de julio.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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