Redacción ContraPunto
1,130 militares y policías cercan la Comunidad Tutunichapa. El informe preliminar fue anunciado ésta mañana por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Y responde a la ejecución de la Fase 5 del Plan Control Territorial, para la contención de maras y pandillas. El titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, confirma la detención presuntos terrotistas.
40 años de control territorial definirían la permanencia del principal “cabecilla histórico” de la zona. Ésta declaración la compartió el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Gustavo Villatoro, quien añadió el decomiso de “un arma de fuego, más de $10 mil en efectivo, abundante cantidad de marihuana y porciones de crack”.
No obstante, el ministro no identificó el sospechoso, ni causas penales relativas a las de agrupaciones ilícitas u homicidio. En ocasiones anteriores, ha referido que el origen de las maras en el país surge de las deportaciones anteriores a la declaración del término de la Guerra Civil -conocida como Acuerdos de Paz-. El imputado forma parte de la cifra creciente de 60,452 personas detenidas tras la vigencia del Régimen de Excepción, y de la declarada Guerra Contra Pandillas.
Cerco Tutunichapa
Militares y policías cercan la Colonia Tutunichapa. El espacio está localizado en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, de la 25 Avenida Norte de San Salvador. La intervención de las autoridades se mide en el desplazamiento de 1,000 elementos de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), y en la presencia de 130 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la División Antinarcóticos.
Merino Monroy confirmó a la prensa la detención de al menos 42 personas, a las identificó como “miembros de estructuras terroristas y de narcotráfico”, y a las que el MJSP divulgó en fotografías. No obstante, los sospechosos deben someterse a los 15 días de detención preventiva, para conciliar la investigación previa, que determinará su excarcelación o su enjuiciamiento.
2,100 personas han sido liberadas, luego de que las autoridades fiscales y judicales determinaran su inocencia, o estableciera medidas sustitutivas a la detención. El dato lo confirmó la titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara. El dato es coherente a la aproximación divulgada por Gustavo Villaro; sin embargo, supone un importante margen respecto de las 1,900 personas que habrían sido registradas como liberadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
Villatoro, pese a los señalamientos suscitados por las detenciones de personas inocentes, insiste en que las personas a detener en la Fase del PCT “ya están identificadas en las bases de datos de la PNC”. Ello implicaría reconocer que de las 60,019 personas detenidas en total, existiría un aproximado de 58 mil personas imputadas de pertenecer a maras y pandillas, frente al total de los 76,600 miembros de maras y pandillas que, hasta el pasado 25 de marzo, estarían en libertad.
(Las detenciones sucesivas a la ejecución del cerco se sumarían a la de la diferencia entre el número de detenidos respecto a la de liberados). Entretanto, algunas de las imputaciones someten a las personas detenida refieren a los delitos de “portación ilegal de arma de fuego, tráfico ilícito de droga y robo”, que se adjudican a civiles como “Marvin Geovany Escobar, José Vitelio Polanco, Federico Eduardo Morales, Víctor Daniel Argueta, Manuel de Jesús Valladares y Kevin Adonay Games”.
PNC detalla que a los 6 sujetos detenidos -de sexo masculino todos- “se les incautó droga, más de $3,000 en efectivo y una motocicleta en la comunidad Tutunichapa”. A ésta cifra se añadiría la del presunto “cabeza histórico”, sometido por las autoridades desde las 6:00 AM; y a otras 23 personas, a las que Monroy vincularía a las maras, según lo expresó a la presa durante la última hora.
La cifra se totalizaría en al menos 42 objetivos -designación con la que Villatoro se refirió a las personas detenidas-, y “entre ellos la casa que ocupaba el cabecilla histórico que ha estado manejando aquí en la Tutunichapa desde hace 40 años”, aseguró el ministro. También declaró, entre los resultados, que “hemos encontrado un arma de fuego, más de $10 mil en efectivo, abundante marihuana, porciones de crack, que confirman lo que nuestra Subdirección de Inteligencia ya tenía sobre esta zona”.
Régimen y controversias
60,452 personas han sido detenidas por autoridades de la PNC y las FAES. La cifra data desde el pasado 19 de diciembre de éste año. Hasta esa fecha, Villatoro confirmó la detención de los presuntos asesinos de los hermanos Gerrero Toledo, quienes perdieron la vida en agosto de 2021. Los detenidos fueron identificados como Abraham Cornejo Hernández y Dannys Iván Ramírez.
Más de 400 personas habrían sido detenidas en Soyapango, tras la instalación del cerco militar que compromete a 10,000 operativos de seguridad pública (8,500 tropas militares y 1,500 agentes de la PNC. La cifra de detenciones, no obstante, es actualizada hasta el pasado 13 de diciembre, y se va acumulando con los reportes únicos que la institución policial estaría efectuando dían con día.
2,100 personas fueron liberadas, no obstante. El dato representa un 3.33% de las personas detenidas, y cifra una diferencia de 58,000 personas que aún estarían en prisión; más del 90% de ellas, con órdenes de detención por indicios de pertenecer a maras o pandilla. El hecho también representaría las 4,071 denuncias presentadas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); de las que el 75% se estimarían en detenciones arbitrarias.
90 personas fallecidas en centros penales comprometerían a la resupuesta del gobierno salvadoreño ante el Comité Contra la Torutura (CAT, en inglés), de la ONU. La representante de la FGR, Adela Saravia, sostendría que las investigaciones desarrolladas en los centros penales no implicarían al personal policial, penitenciario o militar, en el uso desproporcionado de la fuerza, en los centros penales. El presidente Bukele añadiría que la cifra sería inferior respecto de las personas fallecidas en los centros de contención, en comparación con las décadas anteriores.
Pese a las controversias, la aplicación del Régimen de Excepción se destacaría por sus resultados operativos. De acuerdo con los reportes periódicos de la PNC, de 1 de enero hasta el 23 de diciembre se cuantificarían 169 días sin homicidios; 164 de los cuales corresponderían a los calculados durante la administración del Régimen. A su vez, la cifra total correspondería al 62.8% de los días sin homicidios reportados durante la adminsitración presidencial de Bukele; es decir, cerca de 270 días sin homicidios.
