Por Alessia Genoves
10ª Prórroga al Régimen de Excepción es aprobada en la Asamblea Legislativa. La política de seguridad pública responde a la restricción temporal de garantías constitucionales, como la libertad de agrupación, intervención de la correspondencia y la detención con orden judicial. Tales excepciones habrían conseguido la detención de más de 61 mil presuntos miembros o colaboradores de maras y pandillas; de los que se liberó a 3,313 inocentes y procesados con libertad condicional.
277 días sin homicidios es el registro oficial que cuantifica la Policía Nacional Civil (PNC), en la divulgación de sus informes periódicos. El resultado es atribuido a políticas de seguridad, como el Plan Control Territorial (PCT), y el referido Régimen, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad Pública. No obstante, éstas políticas también han justificado la emisión de 4,071 denuncias a la Organización de Naciones Unidas (Onu), y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en respuesta la presunta vulneración de derechos de algunos de los ahora liberados, y aún procesados.
67 a favor, a pesar de los señalamientos, dieron lugar a la aprobación de ésta última prórroga que responde a la vigencia del Decreto Legislativo N.º 333. El escrutinio parlamentario tuvo lugar éste miércoles 11 de enero, durante la celebración de la Sesión Plenaria Ordinaria N.º 90, en el Salón Azul de la Asamblea. Los votos en contra, en cambio, apenas fueron 6; y las abstenciones fueron 10.
10ª Prórroga
30 días continuos se establecen para la suspensión del Régimen de Excepción. La nueva prórroga tiene vigencia a partir de éste jueves 12 de enero, hasta la fecha del sábado 13 de febrero. El criterio de “legitimidad” que justifica la prórroga responde a la interpretación de la sentencia 21-2020AC del año 2020, establecida por la Sala de lo Constitucional, que sólo es aplicable “si trancurrido ese plazo de 30 días, continúa la circunstancias que motivó, el Régimen de Excepción, es posible aprobar, con razonabilidad, la suspensión de derechos fundamentales, mediante un nuevo decreto con una duración que no exceda esos mismos treinta días”
CIDH reafirma la validez de las prórrogas, desde su informe titulado “siete meses del régimen de excepción: CIDH recuerda a El Salvador sus obligaciones sobre derechos humanos”. No obstante, agrupaciones partidarias como Vamos, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) sostienen que la política “no es necesaria para detener pandilleros”; aunque la opinión del partido oficial, Nuevas Ideas, sostiene que el período de 15 días de investigación es necesario para investigar a los acusados.
67 votos parlamentarios dieron la aprobación de la pieza de correspondencia, que transcurrió con dispensa de trámite en la Plenaria N.º 90. Al trámite final le precedió la votación nominal y pública, y la discusión de la misma. Sin embargo, la representante del Fmln, Marleny Funes, reiteró que el Régimen criterio del presidente Nayib Bukele, quien definía que el Régimen “no es un sistema perfecto”, señalando la liberación de unas 3,313 personas.
Menos Homicidios
277 días sin homicidios justifican la validez de las políticas de seguridad pública, durante la administración del presidente Bukele. Ésta opinión la sostienen autoridades del Gabinete de Seguridad, y atañen a la vigencia del Régimen de Excepción y a la Fase V del PCT. Sin embargo, el registro oficial es cuestionado por organizaciones denunciantes, como la Fundación Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), el Servicio Social Pasionista (Sspas) y otras que sostienen la falta de evidencia por la reserva de información pública.
169 días sin homicidios se reportaron durante el año fiscal 2023. En contraste, las muertes violentas que preceden a las causas penales de homicidios, se cuantificaron en 495. El dato ha sido refirmado a la prensa por le titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. El último dato es comparable con los 1,147 homicidios registrados al cierre del año fiscal 2021, en una proporción del 56.4%.
Los registros oficiales, sin embargo, omiten las muertes por confrontación en los operativos en donde existe el uso de la violencia legítima entre activos de seguridad frente a maras y pandillas. También se omiten aquellos homicidios perpetrados en cárceles, del total de las 90 muertes divulgadas por la FGR ante la Comisión Contra la Tortura (Cat) ante la ONU.
Es decir, existen cerca de 180 muertes que no formarían parte de las fechas en que se registró cero homicidios –ya que no todas eran homicidios, de hecho-, y que tampoco formarían parte del registro de 495 homicidios perpetrados durante el año fiscal 2022. Algunas fuentes alternativa, como los registros del periodista hispano-salvadoreño, añaden las muertes por confrontamientos; otros añaden las 90 muertes en centros penales -sin que todas sean generadas por homicidios-, con un resultado estimado entre los 585 homicidios y los 675.
De hecho, ésta realidad no sería distinta si se comparan las cifras alternativas con las oficiales respecto a los homicidios del año 2021. Pero, en la misma sucesión de la comparación con datos oficiales, es demostrable que la cifra de 2022 es inferior a la de 2019, que culminó con 2,398 homicidios, lo que supone una brecha del -79.36%.
1,341 homicidios se reportaron en 2020, un dato que circunscribe al período de las restricciones sanitarias por el Covid19, pero que fue superior en un 14.47% respecto de los homicidios de 2021. Sin embargo, la cifra de 2020 es inferior en un -44.08% a la del año 2019. Mientras que la del 2019 es inferior en un -28.33% respecto de los 3,346 homicidios de 2018.
Liberados
3,313 personas han recuperado su libertad. Ésta condición responde a las personas que fueron procesadas previamente con medidas de detención, para ser investigadas por la presunta comisión de delitos relacionados con el de agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidios y otros. La Fiscalía General de la República (FGR), que en los haberes de sus registros tiene cerca de 1,200 personas liberadas, aclara que algunas de las personas liberadas siguen procesadas con medidas alternas a la detención, otras han sido sobreseídas y otras finalmente absueltas.
“Son 3,313 personas las que hacen sido liberadas por diferentes motivos. Uno es por el mismo control que ejerce la Fiscalía sobre la actuación policial, que hay como 450. El otro lote de mil y algo han sido en la jurisdicción de menores. Y las otras mil tantas están relacionadas a la actividad del control judicial sobre las actuaciones fiscales y policiales”, detalló a la prensa el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
2,100 personas habrían sido liberadas hasta inicios el mes de diciembre, según lo aseguró a la prensa la representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel Caballero de Guevara. El dato habría derivado de los estudios técnicos analizados entre la servidora con el Gabinete de Seguridad; y, hasta ese momento, era apenas superior a las 2,000 personas liberadas hasta el mes de noviembre de 2022, según lo detalló a la prensa Gustavo Villatoro.
