Por Alessia Genoves
$109,555.87 USD es la cantidad que la familia del ex-político del FMLN, Benito Lara, debe restituir al Estado, tras ser declarado culpable por delitos de corrupción. La condena ha sido impuesta por la Cámara Primera de lo Civil de la Sección Centro, tras valorar las pruebas acusatorias ventiladas por la Fiscalía General de la República (FGR), de las que se comprobó la comisión de los delitos, en perjuicio de la hacienda pública, de “enriquecimiento ilícito”.
$39,253.23 USD es la cantidad a la que Benito Lara ha sido condenado a resarcir al Estado. ContraPunto observa que el monto, no obstante, obedece a una nueva configuración en el cálculo de la cuantía, ya que las valoraciones preliminares de la FGR identificaban irregularidades en $131,571.67 USD de los haberes del ex-funcionario. Ello implica que la cantidad que a familia deba conciliar al Estado ya no sea la de $201,874.31 USD; en total, y los motivos responderían a que Lara debió justificar de su patrimonio -a su favor- unos $92,318.44 USD.
FGR detalla que los hechos delictivos evidenciados contra la familia de Lara obedecen al período de su administración pública en el Estado. Es decir, que a Benito Lara se le ha comprobado que no declaró su crecimiento patrimonial desde que ejerció el cargo de diputado por la Asamblea Legislativa (2009-2014), hasta el período en el que se desarrolló como titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2014-2019).
Familia y riqueza
Benito Lara es el único miembro de su familia que consiguió cambiar la cuantía, que definía en monto la responsabilidad civil establecido por la FGR. Como se ha informado, el ex-funcionario consiguió declarar $92,318.44 USD; y con ello, reducir el monto de las obligaciones fiscales a los $39,253.23 USD. En consecuencia, la familia deja de pagar $201,874.31 USD.
Ana Emilia Zelaya de Lara, la pareja del ex-funcionario, mantiene la cuantía inicia requerida por la FGR, un monto que responde al pago de $2,000.00 USD a favor del Estado. La misma condición establece contra su hija, Ilena Briseida Lara Campos, quien debe resarcir al Estado, tal y cómo inicialmente se requería, un monto de responsabilidad civil por $69,302.64 USD.
FGR, sin embargo, no detalló a la prensa cuál es la distribución cronológica de las irregularidades e inobservancias. Preliminarmente, la institución de investigación fiscal identificaba al menos 14 preuntas irregularidades únicamente en contra de Lara, por un monto de $131,572.00 USD. Hasta entonces, 14 de los indicios respondían a los períodos comprendidos entre los años 2012 a 2014, por un monto de $55,751.00 USD; pero una segunda mayor cuantía respondía a un monto de $33,989.73 USD.
FMLN y riqueza
$1,038,216.17 USD en “enriquecimiento ilícito”, implican a 5 ex-funcionarios públicos del FMLN, incluida Lorena Peña. Anterior al resultado judicial dictado por la Cámara Primera de lo Civil contra la familia de Lara, ContraPunto llegó a registrar un total de $1,108,518.81 USD en el patrimonio no justificado de los ex-funcionarios de dicho partido. Las acusaciones responden al período en que ejercieron sus respectivos cargos, e implican también a miembros de su grupo familiar.
Mauricio Funes ha sido vencido en juicio, y condenado al resarcimiento de la misma cantidad de dinero defraudado, por un monto de $206,660.55 USD. En otros casos, como los denominados El Chaparral y Destape a la corrupción, es acusado por adquirir de la Partida de Gastos Reservados un monto aproximado de $350 millones USD.
Eugenio Chicas es acusado por el mismo delito -que implica a su esposa y a su ex-esposa-, por una adquisición irregular de $282,494.21 USD. El proceso judicial es ventilado en la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, en el que se espera una respuesta de la misma, para que el caso proceda a juicio o no; mientras que el acusado rinda la pruebas de descargo a su favor.
Benito Lara estaría en la misma situación jurídica, que también implica a otras tres personas de su núcleo familiar. El monto de los requerido por la FGR es de $109,555.87, tal y como lo señalan los estudios de auditoría de la CCR. Pero, contrario a los funcionarios antes descritos, su caso ha procedido a audiencia en la Sala Primera de lo Civil, de la Primera Sección Centro, en el que se judicializan 17 irregularidades.
Medardo González ha sido implicado en la misma calificación penal. Sin embargo, la FGR le acusa de haber defraudado $3,892.57 USD de fondos públicos mientras fue diputado de la Asamblea Legislativa. En conjunto a tres de miembros de su grupo familiar, la FGR le acusa de haber defraudado al Estado un monto de $153,356.55 USD. El caso se ventila en la Cámara de la Primera Sección del Centro de San Salvador
