Cristosal y la Fundación Quetzalcóatl presentaron este miércoles el informe de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia durante el año 2017. El estudio reveló un aumento de víctimas y casos por este fenómeno social. El documento también desveló que los actores que generan el desplazamiento forzado siguen siendo las pandillas y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada (FAES).
Durante el 2017 se registraron 186 casos de desplazamiento forzado, en los cuales 375 personas huyeron de sus lugares de residencia a causa de la violencia, y 326 personas tenían la necesidad de huir de ella pero no lo hicieron por diversos motivos, según datos de las organizaciones sociales.
Ambas fundaciones señalaron a las pandillas, PNC y FAES como los dos principales causantes de los desplazamientos forzados.
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“Han aumentado los casos atendidos cuyo autor principal que ha causado la huida de familias han sido autores estatales. Sigue siendo mayor el número relacionado con actores vinculados al crimen organizado y pandillas”, mencionó Celia Medrano, directora Regional de Programas de Cristosal.
Además, Medrano detalló los departamentos con más personas desplazadas por violencia.
“Existen casos en varios municipios de San Salvador; también, en los departamentos de Sonsonate, Usulután, Zacatecoluca, Ahuachapán y San Miguel”, especificó.
Rina Monti, coordinadora Nacional de Monitoreo de Desplazamiento Forzado, indicó que el número de las niñas y mujeres desplazada es mayor al de los hombres.
“Las víctimas del desplazamiento tienen rostros de niñas, niños, adolescentes y jóvenes”, mencionó.
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Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registró entre abril de 2016 y mayo de 2017 un total de 138 casos de familias. Dichos casos engloban a 458 personas víctimas del desplazamiento forzado.
Según el informe de las organizaciones, siete de cada diez personas desplazadas tuvieron que dejar sus estudios y sus fuentes de empleos por esta problemática. También, cuatro de cada diez familias percibieron una reducción en sus ingresos económicos a causa del desplazamiento forzado por violencia.
