Incertidumbre sobre los posibles escenarios que podría deparar el domingo 1 de julio  Por Gerardo Arbaiza

SAN SALVADOR – La organización Aliados por la Democracia consideraron que el Orden Democrático en el país está en peligro, debido al desacato en que está incurriendo la Asamblea Legislativa sobre los fallos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declararon inconstitucional la elección de magistrados en 2006 y 2012.

En ese sentido, manifestaron que desconocen lo que pueda pasar a partir del 1 de julio de 2012, cuando 5 magistrados terminen sus gestiones y otros cinco sean inhabilitados de sus cargos.

Lo que sí es seguro es el rechazo de los “Aliados” a lo que consideran un intento de Golpe de Estado a la Corte Suprema de Justicia, temiendo que el Órgano Legislativo quiera hacer uso de la fuerza para que los magistrados electos en 2012 asuman sus labores.

“No sabemos lo que puede pasar al 1 de Julio, estamos en un espacio ilegal y sería la primera vez que un poder obligue a otro poder a hacer algo que no le corresponde”, dijo a ContraPunto Carlos Nasser del Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador.

Aliados por la Democracia pidió a los diputados del Congreso cumplir con su juramento de respetar la Constitución y proceder a realizar una evaluación objetiva de candidatos para elegir magistrados de acuerdo a la sentencia judicial, “les guste o no les guste”.

También lanzaron una “sugerencia” al tercio de magistrados escogidos en abril pasado, para negarse a ser nombrados “por la fuerza.”

Igualmente llamaron a la población a tomar nota de los diputados que a su juicio, son responsables del “mayor riesgo democrático” en el país y castigarlos mediante el voto en las urnas.

Asimismo exhortaron al Presidente Mauricio Funes a que no permita que la Asamblea Legislativa utilice a las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional Civil (PNC), para lograr que los magistrados electos en 2012 tomen posesión.

El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Domingo Méndez, explicó que según el artículo 168 de la Constitución, el presidente de la República puede intervenir a favor de los magistrados de la CSJ, para facilitarles según el texto constitucional, “los auxilios que necesiten para hacer efectivas sus providencias”.

CCJ “parcializada”

Durante su llamado, los Aliados por la Democracia reiteraron su criterio, respecto a que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), no tiene facultad para proceder sobre fallos constitucionales dentro de un país, tal y como lo interpretaron el pasado lunes, los magistrados del a Sala de lo Constitucional.

“(La CCJ) no tiene potestad de hacer interpretación de reformas constitucionales. El Órgano Regional no puede intervenir para debilitar o socavar el pleno funcionamiento del sistema jurídico y menos el que tiene que ver con la justicia constitucional”, dijo el ex presidente del Órgano Judicial, José Domingo Méndez.

Sobre este tema, René Landaverde de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), sostuvo que la demanda impuesta por su institución ante dicho organismo regional, es legítima porque está sustentada en el incumplimiento de los fallos judiciales efectuado por la Asamblea Legislativa.

Landaverde agregó que la CCJ “ha sido muy parcializada”, señalando que admitió la demanda interpuesta por los diputados al día siguiente, mientras que no ha emitido pronunciamiento sobre si se admitirá la interpuesta por ISD.

Carlos Nasser del Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador, fundamentó la demanda ciudadana en el artículo 22, inciso f de los estatutos de la CCJ, en el que faculta a dicho ente a “conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales.”

Este mismo texto fue utilizado por la diputada del FMLN, Lorena Peña, cuando justificó la demanda que interpondría la Asamblea Legislativa ante el organismo de justicia regional.

“La demanda interpuesta por la Sociedad Civil es legítima porque somos los agraviados. Lo que tiene que hacer la CCJ es admitir la demanda nuestra y resolverla, no la de los diputados porque no lo dice la Ley. Ellos se fueron a aventurar a una demanda que no era correcta”, valoró Nasser.