La Organización de las Naciones Unidas (ONU) agradeció la no extradición de Kurt Sonnenfeld, un ciudadano estadounidense en Argentina acusado en su país de origen de haber asesinado a su esposa. Algo que el hombre niega y asegura que ha sido incriminado por motivos conspiratorios. La ONU teme que de ser expatriado a Estados Unidos, Sonnenfeld sea torturado.
“La respuesta que nos dio la Argentina fue satisfactoria”, manifestó el experto italiano, Alessio Bruni, quien integra el Comité contra la Tortura de la ONU. Dicho ente criticó a la Corte Suprema por “autorizar la extradición de una persona a la que se podría imponer la pena de muerte…, justificando dicha autorización en la aceptación de garantías diplomáticas de que dicha pena no se impondría”, una extradición que el gobierno federal “no ejecutó”, aplicando el artículo 3 de la Convención contra la Tortura de la ONU.
El Comité recordó que “las garantías diplomáticas no deben ser utilizadas para socavar el principio de no devolución”, consagrado en dicho artículo que prohíbe a los Estados expulsar o extraditar personas “si hay motivos serios de creer que hay riesgos que la persona vaya a ser sometida a la tortura”.
En lo concerniente al “proceso de memoria, verdad y justicia por crímenes de lesa humanidad” el Comité señaló “la demora en la tramitación de las causas judiciales que todavía quedan pendientes, tal y como reconoció la delegación estatal, y el debilitamiento de oficinas públicas que dan apoyo a la investigación de estas causas”.
Por tanto, la ONU pidió “agilizar el procesamiento y los juicios” por estos delitos, cometidos bajo “la última dictadura cívico-militar, y proveer los recursos necesarios para ello”.
El Secretario para los Derechos Humanos de la Argentina, Claudio Abruj, adelantó durante el examen que compartía “la necesidad del aceleramiento de los juicios”¦. y en forma explícita se lo hemos manifestado al Poder Judicial de la Nación a través de sus máximas autoridades tanto de la Cámara de Casación Penal, como a la Corte Suprema de Justicia”.
Abruj precisó entonces que su Secretaría “continúa siendo querellante en 222 juicios por delitos de lesa humanidad sobre 593 que están activas; y se ha presentado en el mes de diciembre pasado como querellante del General Milani, quien desarrollara su carrera de ascenso y fuera jefe Supremo del Ejército durante el gobierno anterior al nuestro”, apuntando a la gestión de Cristina Kirchner.
Sobre estos juicios, Abruj confirmó “que a marzo de 2017” hay “2780 personas imputadas”, de las cuales “750 están condenados, 794 procesados, 45 prófugos, 467 fallecidos y hay muchos aún que no fueron citados a declarar o fueron absueltos”.
Concluyó que hay 1 mil 044 “detenidos de lesa humanidad, 455 en sedes del Servicio Penitenciario Federal y 518 en prisión domiciliaria”, y subrayó que “hemos presentado nuestra preocupación a la Justicia que solo el 25% de los condenados, es decir 187 de los 750 condenados tienen alguna condena firme”.
