ContraPunto

Denuncian a Estado ante CIDH por caso Beatriz

 

Organizaciones piden que el Estado salvadoreño brinde medidas de reparación a Beatriz

Por Gloria Marisela Morán

 

Diversas organizaciones denunciaron el pasado viernes al Estado salvadoreños ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  por la violación del derecho a la vida, a la integridad física, a la salud y a la no discriminación a la que fue sometida Beatriz, una joven madre de a 23 años.

“Le pido al Estado que me reparen a mí y a mi familia por todo lo que pasó; no quiero que otras mujeres pasen lo que yo pasé, por eso pongo la demanda contra el Estado”, dice Beatriz, quien en marzo pasado se convirtió en la protagonista de una lucha para que le practicaran una interrupción del embarazo en El Salvador, pero la respuesta siempre fue negativa, pese a que su estado de salud y las condiciones del feto, quien sufría de anencefalia (falta de cerebro) no eran las apropiadas para llevar a buen término los meses de gestación; sin embargo ninguna autoridad del país se volcó por cumplir su petición, sino que se esperó hasta poder realizarle una cesárea el pasado 3 de junio.

El pronóstico clínico de inviabilidad extrauterina del feto quedó  confirmado al morir el recién nacido 5 horas después de la intervención médica. Beatriz padece de lupus eritematoso sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoide, situación que se complicó a raíz de su embarazo.  

 “La denuncia es contra el Estado de El Salvador por el caso de Beatriz, por la ausencia de la protección jurisdiccional que le tuvieron que haber dado en aquel momento, hace seis meses, para velar sus derechos, derecho a la vida, derecho a la integridad física, a la salud, a la no discriminación;  en este contexto lo que se pide son medidas de reparación para ella, como la afectada; pero también las medidas de no repetición que caiga en una situación como la de Beatriz”, dijo el abogado de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Denis Muñoz.

Las organizaciones peticionarias ante la CIDH son La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Según lo expresado por las organizaciones, la experiencia vivida por Beatriz,  refleja que el Estado salvadoreño es responsable por las múltiples violaciones a los derechos humanos que sufrió la joven, quien ya es madre de un niño, los cuales se encuentran protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer.

“El objetivo de esta denuncia es que se repare integralmente el daño sufrido por Beatriz, y se ordene al Estado salvadoreño la modificación de su normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres, entre otros derechos, el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva”, cita el escrito.

La demanda ya fue interpuesta, solo quedan a la espera de la respuesta, sobre ello Muñoz opinó que están conscientes que el proceso puede demorar, pero que “el optimismo de que las medidas de reparación para Beatriz lleguen no se puede perder, se debe luchar por ella y por más mujeres que pueden estar en esa situación”.

Otra de las acciones que complementan el acto es que desde  2 al 10 de diciembre las organizaciones ejecutarán una campaña en las redes sociales en apoyo a la denuncia internacional presentada ante la CIDH.

Otro caso por el cual el Estado ha sido demandado

El Estado salvadoreño ya ha sido antes demandado por una acción similar, por el caso de Manuela (nombre ficticio), una mujer que quedó embarazada en 2008 y por lo débil de su estado de salud sufrió un aborto espontáneo en 2009, los doctores del hospital de San Francisco Gotera, Morazán, lejos de atenderla por la hemorragia que presentaba se apresuraron a denunciarla y ella aún convaleciente fue detenida y esposada a su cama.

Manuela desde el año 2006 visitó un centro de salud quejándose de las molestias que sentía a causa de cáncer linfático que padecía, hasta ese momento no detectado, los doctores solo le decían que eran consecuencias de la gripe y le recetaban analgésicos.

Sin tener armas legales para defenderse,  ella fue condenada a 30 años de cárcel, de los que sólo pasó un poco más de dos tras las rejas, pues el cáncer linfático que padecía le ganó la batalla y murió el 30 de abril de 2010, dejando en la orfandad a sus dos hijos, actualmente de 10 y 12 años de edad.

Por ese caso El Estado Salvadoreño ha sido demandando ante la CIDH, acusado por detenciones arbitrarias y trato cruel en contra de Manuela,  quien fue acusada de homicidio agravado, cuando en realidad lo que sufrió fue un aborto espontáneo.

 

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