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Desde noviembre de 2009 al 8 de febrero de este año, la PDDH tiene 158 expedientes en contra de efectivos militares por violaciones a los derechos humanos.  

Por Magdalena Flores

SAN SALVADOR – La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tiene 158 expedientes abiertos en contra de efectivos militares por haber cometido violaciones a los derechos humanos en sus tareas de seguridad pública.

Los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) comenzaron las labores de seguridad a finales de 2009. Desde entonces a la fecha, según denuncias recibidas en la PDDH, han cometido una serie de violaciones a los derechos humanos.

Datos de la PDDH señalan que desde el 6 de noviembre de 2009 al 8 de febrero de este año tienen 120 expedientes contra efectivos de la FAES que realizan labores de seguridad en diferentes partes del país. También existen 38 expedientes contra los efectivos que realizan labores de seguridad en los centros penitenciarios.

“Siempre se mantienen –las denuncias en contra de la fuerza armada-“, dijo recientemente el procurador Oscar Luna, aunque admitió que en algunos casos han disminuido gracias a la colaboración del ministro de Defensa, David Munguía Payés. 

“En las tareas de seguridad ya no tenemos la afluencia grande –de denuncias contra la FAES- como se dio al principio”, reconoció el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la PDDH, Gerardo Alegría; sin embargo agregó que las denuncias por registros indecorosos en los centros penales han incrementado. 

El caso más reciente de violación a los derechos humanos por parte de los soldados se registró en Nahuaterique, ex bolsón de El Salvador, cuando supuestos contrabandistas de madera fueron interceptados por efectivos militares que dan seguridad en los puntos ciegos de las fronteras.

Habitantes del lugar presentaron la semana pasada ante la Procuraduría una denuncia para que se esclarezca el asesinato de dos pobladores. Según habitantes de Nahuaterique, ahora de territorio hondureño después del fallo de La Haya de 1992, ocho soldados dispararon hacia un grupo de pobladores cuando evitaban que los efectivos se llevaran al motorista de un camión cargado de madera, sacada ilegalmente, según autoridades. En el hecho murieron dos habitantes del lugar. 

Aunque reconoce que algunos casos de violaciones han disminuido gracias a la colaboración del ministro de defensa, Luna cree que es necesario que los efectivos militares tengan más capacitación “para conocer más hasta dónde pueden ellos utilizar la fuerza o utilizar las armas”, y así evitar que más violaciones se sigan cometiendo, como la ocurrida en Nahuaterique.
 

Registros indecorosos, principal denuncia en cárceles

“En el caso de los familiares –que visitan a los presos- la principal denuncia es el de los registros indecorosos”, dijo a ContraPunto Gerardo Alegría.

“Este era un tema bastante superado, más bien había sido una práctica casi erradicada en el sistema penitenciario hasta que la fuerza armada asume el control de las 11 cárceles que están actualmente”, agregó el procurador adjunto de Derechos Civiles e Individuales de la PDDH.

En este país el sistema penitenciario está constituido por 19 centros penitenciarios a nivel nacional, de los que 11 están siendo resguardados por efectivos militares. Poco a poco han ido aumentando las cárceles bajo el control militar. Inicialmente fueron cinco recintos: Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Izalco, Gotera y Chalatenango. Ahora también están controlados por los soldados los penales de Quezaltepeque, Cojutepeque, Mariona, Apanteos, San Vicente y el de Usulután.

Esta medida se tomó a mediado de 2010 para tratar de contrarrestar todas las extorsiones y homicidios que se ordenan desde las cárceles. Se estima que entre un 70 y 80 por ciento de las extorsiones son ejecutadas desde los recintos penitenciarios a través de teléfonos celulares, razón por la cual se han intensificado los registros.

A parte de los registros indecorosos y antihigiénicos que realizan, están los tratos degradantes. “Por ejemplo, las califican de prostitutas; las instan a ya no visitar a los presos porque son basura”.

También en los centros penales donde están los miembros de la FAES, la Dirección de Centros Penales “ha perdido absolutamente el control del ingreso de los familiares”, dijo Alegría.

“Incluso la misma Procuraduría de Derechos Humanos ha tenido obstrucciones en su labor de monitoreo de verificación, por parte de la fuerza armada, y con quienes nos entendíamos es con comandantes de la fuerza armada, no es con la Dirección de Centros Penales”, agregó.

“Los mismos empleados de la dirección están sometidos, el mismo director de un centro penal está sometido a la autoridad de comandante que está ahí”, sentenció.

Según Alegría ya no se le permite a la PDDH ingresar libretas y lapiceros para anotar todas las violaciones que sufren los internos, porque presuntamente se podrían prestar para sacar mensajes desde los recintos y contribuir con los delincuentes.

ContraPunto intentó conocer la versión del ministerio de Defensa al respecto, pero hasta el cierre de esta nota un vocero de dicha entidad dijo que se estaba gestionando la solicitud y aún no tenía respuesta.