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Oct 25 / 2014 G+G+ Facebook TwitterLinkID

DDHH


Cerca de 20 mujeres han sido condenadas a treinta años de prisión por haber sufrido abortos  Por Gloria Morán

SAN SALVADOR-  Organizaciones feminista continúan abogando por la despenalización del aborto en todas sus formas, sin embrago aseguran que la perspectiva legal del aborto en El Salvador es negativa.

“Nosotras como colectiva feminista tenemos como meta poner el tema del aborto en la agenda pública como un problemática de la sociedad que nos implica a todos y a toda” dijo Angélica Rivas de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

Rivas señaló que la penalización del aborto ha influido en muchas muertes de mujeres durante la gestación y en otros casos en el que el aborto ha sido espontáneo se le culpa a la mujer de homicidio agravado y se le condena a 30 años  de prisión.

Denis Muñoz, abogado miembro de la Colectiva Feminista, señaló que un aproximado de 20 mujeres han sido condenadas a 30 años de prisión acusadas de homicidio agravado desde el año 2000 a la fecha.

Víctor Hugo Mata, abogado de la Colectiva Feminista, señaló que el retroceso que la legislación salvadoreña dio a finales de los noventa hace que la perspectiva actual sobre la legalidad del aborto sea negativa.

Mata destacó que quienes más sufren la penalización del aborto son las mujeres pobres del país, sobre todo aquellas que no tienen asistencia médica regular; “también las mujeres jóvenes, adolescentes, de las zonas rurales son más vulnerables”, puesto que viven en constante peligros de ser violadas sexualmente y pueden quedar embarazadas.

De acuerdo con Muñoz el hecho que la legalidad del aborto total o parcial no esté en la agenda pública hacer ver que el camino es negativo. 

Aspecto legal

En El Salvador, hasta 1997 la ley permitía solo tres tipos de abortos: el aborto terapéutico, cuando la vida de la mujer estaba en peligro; eugenésico, cuando la vida del feto no era viable debido a malformaciones; y el ético, cuando el bebé es producto de una violación o incesto.

Estos casos son los principales por los que las organizaciones feministas apuestan principalmente.

Sin embargo en 1998, con una reforma al Código Penal u otra a la Constitución al año siguiente, el aborto fue penalizado en todas sus formas. Desde entonces la lucha de los movimientos defensores de los derechos de las mujeres se ha dedicado a pronunciarse y exigir la despenalización del aborto.

“El 62% de la población mundial vive en 55 países donde el aborto está permitido, mientras que el 25% de la población vive en países que lo prohíben y penalizan. El Salvador es uno de esos países que criminaliza a las mujeres, atropella nuestros derechos humanos y viola diversos convenios y recomendaciones internacionales”, citaba un comunicado emitido en septiembre del año pasado por organizaciones feministas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) es una de las entidades que ampara la postura de los movimientos feministas; en julio pasado en Argentina la relatora especial para los derechos de las mujeres de la OEA, Luz Patricia Mejía, aseguró que el aborto legal no quebranta la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En dicha convención el Artículo 4 se refiere al derecho a la vida y las organizaciones feministas apuntan que no es motivo para impedir la aprobación de una legislación que permita interrumpir el embarazo.

Un caso ejemplo

“Manuela” (nombre ficticio) desde el año 2006 visitó un centro de salud quejándose de las molestias que sentía a causa de cáncer linfático que padecía, hasta ese momento no detectado, los doctores solo le decían que eran consecuencias de la gripe y le recetaban analgésicos.

Ella quedó embarazada en 2008 y por lo débil de su estado de salud sufrió un aborto espontáneo en 2009, los doctores del hospital de San Francisco Gotera, Morazán, lejos de atenderla por la hemorragia que presentaba se apresuraron a denunciarla y ella aún convaleciente fue detenida y esposada a su cama.

Dennis Muñoz, abogado de la Agrupación Ciudadana,  explicó que "Manuela" lo único que hizo "fue buscar ayuda de emergencia en un hospital" porque tenía una fuerte hemorragia a consecuencia de un parto precipitado, "y lejos de encontrar esa ayuda clínica médica fue denunciada por el delito de aborto".

Sin tener armas legales para defenderse,  fue condenada a 30 años de cárcel, de los que sólo pasó un poco más de dos tras las rejas, pues el cáncer linfático que padecía le ganó la batalla y murió el 30 de abril de 2010, dejando en la orfandad a sus dos hijos, actualmente de 9 y 11 años de edad.

Por ese caso El Estado Salvadoreño ha sido demandando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusado por detenciones arbitrarias y trato cruel en contra de Manuela,  quien fue acusada de homicidio agravado, cuando en realidad lo que sufrió fue un aborto espontáneo.

Según las feministas la demanda tiene dos propósitos, uno es que se exija al Estado la reparación a la familia de la víctima y su dignificación frente a la comunidad; otro, es que haya un precedente legal para que historias como la de “Manuela” no se vuelvan a repetir.

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