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Oct 24 / 2014 G+G+ Facebook TwitterLinkID

DDHH

Nulidad pretende abrir casos de genocidios

Por David Ernesto Pérez

SAN SALVADOR – Un variopinto grupo de jóvenes llegó al espacio que separa a los Poderes Legislativo y Judicial. Es una especie de circunferencia de cemento que, en otros tiempos, tuvo en su centro un enorme “palo de hule” que fue testigo del eterno malestar social en que vive ahondado El Salvador.

Antes que los multicolores manifestantes llegaran, con megáfonos, gritos, disfraces y la rabia insolente de la juventud, otros protestantes ya estaban con más demandas sociales al Parlamento.

Hace 20 años, la movilización fue similar: centenares de descontentos contra la aprobación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. De aquella fecha hasta ahora, nada cambió. Quienes piden siguen siendo los mismos, y los amnistiados también.

En el remolino de gentes, un grupo se desvió hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar recurso de inconstitucionalidad solicitando la nulidad de la Ley de Amnistía. Entre ellos sobresalió –cabello blanco, anteojos y fornido – el juez suspendido de la Audiencia Nacional de España, Baltazar Garzón.

El jurista español ganó protagonismo por pedir el arresto internacional del ex dictador chileno Augusto Pinochet y por abrir juicios contra las dictaduras argentinas. Ahora en El Salvador “aboga por las víctimas”.

Garzón repitió lo que es una constante de organizaciones humanitarias en el país: las heridas de la Guerra Civil no están cerradas, siguen abiertas por la impunidad.

“Estamos con las víctimas y queremos que se haga efectivo el derecho a la justicia. No de cualquier justicia, no queremos ningún privilegio ni postergación”, expresó Garzón.

Minutos después, el abogado Félix Ulloa explicó los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad, que pretende superar un primer recurso que fue resuelto en el año 2001 por la Sala Constitucional, que sentenció a favor de la Ley de Amnistía.

El presidente de la oenegé IEJES detalló que, el argumento más fuerte es el cuestionamiento a la dispensa de trámite con que la normativa en cuestión fue aprobada, gracias a los 47 votos que dieron ARENA, PCN y MAC.

El PDC y MAC se abstuvieron de votar y se retiraron del Palacio Legislativo. La Amnistía quedó sellada a las 12 del mediodía del sábado 20 de marzo de 1993.

Antes de esta aprobación, el ex presidente Alfredo Cristiani se movió por el pronto perdón de los militares acusados de ordenar ejecuciones, desapariciones forzadas, violaciones y otros. 

“Hemos revisado los archivos legislativos y fue pasada con dispensa de trámite pese a la oposición de dos partidos. No acompañaron, se retiraron del recinto legislativo y así fue aprobada. Ahí tenemos una deficiencia para el principio de controversia que tiene que tener toda ley”, comentó Ulloa.

La Amnistía anuló además el artículo 6 de la Ley de Reconciliación Nacional, que expresamente prohibió amparo a personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad y a los señalados por el Informe de la Comisión de la Verdad.

“Los que aparecían señalados por el Informe de la Verdad con diputados, específicamente de ARENA, decidieron dar esta nueva ley para que las personas mencionadas por el Informe de la Verdad que iban a ser juzgadas fueran exoneradas, y eso es lo que nosotros llamamos impunidad”, afirmó Ulloa.

En definitiva, los concurrentes consideran violentados los artículos 2, 144 y 86 de la Carta Magna. El primero referido a la tutela y conservación de la vida, el segundo al ordenamiento del Estado y el tratado a los convenios internacionales de los que es parte El Salvador

Asimismo, el cuerpo legal impugnado restringe la responsabilidad civil de quienes fueron responsables de genocidios.

Nota relacionada: Demanda nulidad de Amnistía de 1993

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