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Estrategias represivas comandadas por antiguos militares, la nueva norma de Guatemala, Honduras y El Salvador  

Por Gerardo Arbaiza

SAN SALVADOR – El Triangulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador, es considerado por diversos estudios como la región más violenta del mundo que no está en conflicto armado.

Según un informe de la Oficina antidrogas y crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en ingles), Honduras ocupa el primer lugar a nivel mundial en homicidios, con una tasa de 78 por cada 100.000 habitantes, seguido por El Salvador con 66 y 3 puestos más abajo, está Guatemala, con un total de 41 asesinados por 100.000 habitantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a un país en epidemia por cualquier causa cuando su tasa de muertes llega a los 10 por cada 100.000 habitantes

La estrategia que recientemente han adoptado estos países para revertir estos índices va dirigida a sacar elementos de sus fuerzas armadas y emplearlos en tareas de seguridad ciudadana, en acompañamiento con sus cuerpos policiales.

Pero además de esto, los gobiernos de este trío de naciones se han empeñado en reforzar esta estrategia, trayendo a militares, ya sea en activo o retirados, para encabezar sus respectivos ministerios de Seguridad.

El primero en hacerlo fue Honduras, donde el pasado 10 de septiembre, el presidente Porfirio Lobo destituyó  a Óscar Álvarez, quien estaba encabezando una iniciativa para depurar la Policía hondureña, el ente con menor credibilidad en dicha nación centroamericana.

En lugar de Álvarez llegó Pompeyo Bonilla, un militar retirado, que en pocos meses desplegó a elementos del ejército hondureño para realizar tareas de seguridad y tener la facultad de hacer arrestos y allanamientos. Esto gracias a un decreto legislativo aprobado por unanimidad en la asamblea hondureña.

Luego siguió El Salvador, donde después de más de 15 días y un episodio de confrontación álgido entre el presidente Mauricio Funes y el partido que lo llevó al poder, el FMLN, se designó a David Munguía Payes, otrora ministro de la Defensa Nacional, en sustitución de Manuel Melgar, militante del FMLN, como ministro de Seguridad y Justicia.

Después de casi un mes en el cargo, Munguía Payes anunció, luego de reuniones con autoridades migratorias y los secretarios generales de partidos políticos, que necesitará nuevas herramientas legales para combatir a las pandillas, a las que acusó de ser “el principal generador de violencia del país.”

De acuerdo al diputado de Cambio Democrático (CD), Douglas Avilés, el ministro de Seguridad les planteó que las actuales leyes eran demasiado “garantistas” con las pandillas, y que era necesario legislaciones separadas para las mismas, segregándolas de los delincuentes comunes.

Además de estos planteamientos, Munguía Payes ha anunciado la conformación de una división antipandillas de la Policía Nacional Civil, la cual indicó que sería juramentada a finales de este mes, y pasará un tiempo de adiestramiento para ser habilitada.

El reforzamiento de una estrategia de seguridad con enfoque militarista en la región es evidente con el anuncio del presidente electo de Guatemala, Otto Perez Molina, de nombrar a un ex general kaibil, Ulises Anzueto, como su ministro de Defensa.

Asimismo, se espera que Pérez Molina visite El Salvador en el transcurso de la semana y sostendrá reuniones con Mauricio Funes y Porfirio Lobo, para “fortalecer los mecanismos de seguridad” que se implementan en la región.

Estado de derecho estorba a Estado de excepción

Analistas consultados por ContraPunto concuerdan que la militarización de la seguridad en el Triangulo Norte es una estrategia orquestada por los Estados Unidos para refrenar el embate del narcotráfico en su periferia.

Roberto Cañas, firmante de los Acuerdos de Paz en 1992, señaló que parte de esta estrategia se manifiesta con la visita de Otto Pérez Molina a El Salvador, con la intención de “articular un plan de combate a la delincuencia”, entendiéndose esto último como el combate a la narcoactividad y el trasiego de drogas a los Estados Unidos.

Asimismo, previó  que en este nuevo enfoque de seguridad, los mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) que provienen del Ejército, tendrán un papel más activo para propiciar “guerras territoriales” con las pandillas y que las reformas que propondrá Munguía Payes a la Asamblea Legislativa no tendrán ningún reparo en ser aprobadas.

“El trasfondo de todo esto es electoral y nadie va a aparecer en contra de medidas que prometen bajar los índices delincuenciales (…) Solamente algún político que tenga tendencias suicidas se va a poner en contra de dichas medidas”, afirmó Cañas.

Por su parte, el analista de seguridad Óscar Fernández explicó que el combate al narcotráfico en la región, que lidera Estados Unidos, esconde intenciones políticas de interponer un “muro de contención hacia el norte” ante otros fenómenos como la inmigración ilegal y el lavado de dinero.

También planteó  que si bien la ruta del narcotráfico es de sur a norte, la del armamiento ilegal es de norte a sur, debido al incremento del mercado local de droga en los países latinoamericanos, lo que repercute en el incremento de homicidios cometidos por las pandillas, por lo que los gobiernos justifican estrategias de corte militarista para combatirlos.

“En el fondo se está pretendiendo reemplazar el Estado de derecho por el Estado de excepción, no sé si el presidente Funes comparte esto, porque si lo hace estaría cometiendo un grave error”, sostuvo Fernández.

Para Roberto Cañas, la política de seguridad de El Salvador debe partir de un pacto de nación y de la convicción de que el mejoramiento en la Seguridad Pública partirá de los consensos y no de elementos estáticos o de ideas autoritarias que solo evocan la represión.

Mientras que Óscar Fernández propone que para implementar políticas de seguridad de alto nivel, debe incluso repensarse el Estado, y no pensar en Estados autoritarios, sino que en Estados fuertes, que además atiendan la demanda social, como forma de prevenir el crimen.