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La creación de granjas y el intento de mejorar el sistema son buenas medidas, señaló la ONU, pero que actualmente la situación es “chocante”

Por Gloria Morán 

SAN SALVADOR – “La situación es espantosa, las condiciones de detención son inhumanas y degradantes”.

Así describe el hacinamiento en los centros penales de El Salvador el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

El grupo de la ONU, que está en el país desde el 23 de enero, visitó los centros penales de San Miguel, San Salvador y Santa Ana; algunas bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) y, además, hizo presencia en el Centro de Atención Integral al Migrante y en el Hospital Psiquiátrico.

El grupo detalló que entre las preocupaciones que les causó la visita a los centros penales están el incumplimiento del derecho a ser presentado con prontitud ante un juez, excesivo recurso de la detención, dificultades con las que se encuentra el acusado para comunicarse con el abogado defensor, la aplicación de justicia a los menores de edad, la falta de utilización de pruebas científicas y reposos en testimonios e informantes, entre otras.

“Otra cosa que nos ha llamado la atención en El Salvador es el uso excesivo del testimonio, de la evidencia de los testigos. Esa evidencia testimonial se usa en grande y la Fiscalía se encuentra en algunos casos desesperada a la hora de conseguir testimonios contra los acusados”, declaró Vladimir Tochilovsky, miembro del grupo consultor.

Roberto Garretón, también delegado del grupo, detalló que han notado que El Salvador, al igual que otros países latinoamericanos, a raíz de la delincuencia y de la demanda legítima de la sociedad de seguridad, ha tomado como una de las más grandes medidas la cárcel y, esto conlleva,  en ocasiones, al exceso de años de condena.

“La dignidad de un preso es como la dignidad de todo ser humano. Todos tenemos derecho a la seguridad y a la libertad; y si se rompe el equilibrio entre la seguridad y la libertad debe haber una denuncia, una acusación, una defensa y una sentencia”, señaló Garretón al referirse a la falta de procesos ordenados y justos para brindar una sentencia acorde al delito cometido por el privado de libertad.

Una de las constantes que produce la generación de mayores detenciones arbitrarias, según lo mencionado por los delegados de la ONU, es la falta de comunicación entre sistema carcelario, Fiscalía General de la República y jueces.

“El sistema de justicia penal, todo el sistema, (…) necesita ser reforzado y mejorado, esperamos que nuestro informe ayudará al gobierno para su posterior consideración”, dijo Tochilovsky.

Un dato que realzó El Hadji Malick Sow, presidente relator del grupo, fue que en El Salvador hay 790 fiscales y 250 abogados defensores, un número disparejo en comparación a los casos que deben atender a nivel nacional.

Es por esta razón que una de las recomendaciones es aumentar el número de jueces de vigilancia penitenciaria, con el fin de que puedan realizar un control efectivo de la situación judicial de los detenidos.

Otras recomendaciones

El grupo de la ONU recomienda al Estado salvadoreño la ratificación del Protocolo opcional de la Convención sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, para coadyuvar en la solución de los problemas de sobrepoblación y condiciones inhumanas que ellos constataron dentro de los penales y de las bartolinas.

Actualmente las 19 cárceles del sistema penitenciario salvadoreño tienen alojados a 25.400 reos, cuando su capacidad es para 8.100. Aunado a eso, hasta diciembre de 2011, las bartolinas de la PNC albergaban a más de 2.000 reos, cuando solo tienen espacio para 400.

Entre todos los reos que hay en El Salvador, hay un porcentaje que ya terminó su condena, razón por la cual la ONU recomienda adoptar medidas urgentes y que, de ser necesario, establezcan mecanismos especiales para identificar y liberar inmediatamente a quienes ya han cumplido su condena y sean puestos en libertad.

Hasta noviembre 2011, Centro Penales señalaba que el 62,37 por ciento de los reclusos tenían condena; sin embargo el restante 37, 63 por ciento aun estaban en calidad de “procesados”; 979 de éstos últimos, hasta esa fecha, ya habían cumplido los dos años máximos que pueden estar recluidos antes de una condena.

Además sugieren que las autoridades consideren la detención de menores como una medida opcional.

Estas y otras recomendaciones de la ONU han sido presentadas a autoridades salvadoreñas con la esperanza de que sean tomadas en cuenta para la mejora de las condiciones del sistema penitenciario del país.

El informe completo será presentado al Consejo de Derechos Humanos en 2013.