La Fundación Arias espera que el TCA sea aprobado en julio de 2012 ante la ONU. Las armas causan 220.000 muertes al año en América Latina
Por Metzi Rosales Martel (*)
SAN JOSE, COSTA RICA - La transferencia de todo tipo de armas, incluidas las pequeñas y ligeras y las municiones, debe regularse. Y el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) debe tener un carácter jurídicamente vinculante.
Éstas son dos de las 20 conclusiones a las que llegaron funcionarios y representantes de organismos no gubernamentales de 15 países de América Latina luego de tres días de ponencias, debates y grupos de trabajo realizados durante la Reunión Hemisférica sobre el control de armas y el tráfico ilícito de armas de fuego.
El primero en señalar esa necesidad fue José Eduardo Proaño, Delegado de la Primera Comisión, Misión Permanente de Ecuador ante Naciones Unidas.
“Desde la perspectiva de Ecuador en el TCA se debe de incorporar la transferencia de armas pequeñas y municiones”, afirmó.
Idea que fue retomada y avalada por los asistentes de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú y República Dominicana.
El Tratado, que data de 1997, es promovido por la Fundación Arias, a iniciativa de Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, y otros seis galardonados con el Premio Nobel de la Paz, quienes idearon para ese año un Código de Conducta sobre las Transferencias Internacionales de Armas.
“El TCA busca establecer estándares comunes para regular todas las transferencias internacionales de armas, de forma transparente, universal y jurídicamente vinculante”, resume la memoria de la primera reunión hemisférica. La Fundación Arias ha realizado siete encuentros con representantes de los países de América del Sur y 11, con México y Centroamérica para consensuar el TCA de cara a junio de 2012, fecha en que presentará un informe ante las Naciones Unidas.
Los funcionarios de defensa, gobernación, seguridad, aduanas y cancillería coincidieron además en que la “deficiente regulación de las armas en América Latina facilita su desvío al mercado ilícito”, y por ende, la inseguridad en la región.
En 2011, el informe The Global Burden of Armed Violence, publicado por la Declaración de 
Ginebra, estimó que más de 526.000 personas mueren cada año con armas de fuego mediante. La mayoría de asesinatos, 9 de cada 10, ocurren fuera de situaciones de conflicto o ataques terroristas. Mientras que el 42 por ciento de los homicidios con arma de fuego que cada año ocurren en el mundo tienen lugar en América Latina, donde vive menos del 10 por ciento de la población mundial.
El costo de las muertes con armas de fuego totaliza el 14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina; el 10 diez por ciento del PIB de Brasil; y 25 por ciento del PIB de Colombia, cita el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana y Desarme Civil, en su sitio web.
“América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, con altos porcentajes de víctimas mortales por armas de fuego. La deficiente regulación de las armas en América Latina facilita su desvío al mercado ilícito, contribuyendo al crecimiento desmesurado de la violencia armada y la inseguridad en la región”, fue otro de los razonamientos compartido por los representantes de los 15 países.
El consenso de los 15 países
En el mundo se estima que hay un arma por cada diez personas. Cada año, en más de 40 países se fabrican 8 millones más, junto con 14.000 millones de unidades de munición militar, es decir, dos balas por persona. Así, en 2010, el gasto militar mundial alcanzó los 1.630 billones de dólares; y América Latina encabezó la lista de regiones que más incrementaron su gasto militar el año pasado: 63.300 millones de dólares, es decir, un 5.8 por ciento más respecto a 2009. Estos datos resultan de los estudios del Stockholm International Peace Research Institute, compartidos por Carina Solmirano, investigadora del SIPRI, por sus siglas en inglés.
El eco de estas cifras, presentadas durante el inédito cónclave, fue ensordecedor. Así como los ejemplos citados por Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, de cómo podrían invertirse esos millones de dólares en los llamados Dividendos de Paz, es decir, orientar esa inversión al desarrollo humano. Las estadísticas le dicen al nobel de la paz, que si América Latina reduce a la mitad su gasto militar podría aumentar la inversión en investigación y desarrollo en un 1 por ciento. Para el caso de Ecuador y El Salvador, esta cifra podría ser mayor.
“Si los países latinoamericanos redujeran en una cuarta parte su gasto en armas y soldados, tendrían recursos suficientes para comprar 150 millones de computadoras del programa One Laptop Per Child. Con esto, podría entregarse una computadora a cada niño que se encuentra actualmente en el sistema educativo… Si dejaran de comprar un solo helicóptero artillado, darían alimento escolar a miles de niños durante toda la primaria”, ejemplificó Arias durante su discurso de bienvenida.
En 2007, la violencia en El Salvador tuvo un costo económico equivalente al 10.9 por ciento del PIB y a más del doble de las asignaciones presupuestarias para Educación y Salud, señala el economista Carlos Acevedo en su estudio “Los costos económicos de la violencia en El Salvador”.Mientras que en 2009, el costo fue del 11 por ciento del PIB, es decir cerca de 15 de cada 100 dólares, en un país donde el 80 por ciento de los homicidios se comete con arma de fuego, cuya tasa de muertes violentas fue de 64.8 de cada 100.000 habitantes en 2010.
La antesala propició después el encuentro de opiniones. Los representantes coincidieron en la necesidad de mejorar los controles sobre las transferencias de armas, mejorar los sistemas de marcaje y rastreo de armas y municiones con una normativa internacional que estandarice la importación y exportación; y establecer mecanismos para la implementación y verificación del Tratado. Todo ello para evitar que el armamento legal inyecte más al mercado ilícito relacionado con narcotráfico, conflictos armados y trata de personas.
“En Chile falta el rastreo y actualización de base de datos. Si una persona fallece o muere y no se actualiza el registro, esa arma puede ser robada. Nosotros consideramos valioso el debate del TCA con las instituciones que tratan el comercio de armas: Grupo de armas pequeñas de MERCOSUR, CIFTA (OEA), SICA (América Central)… porque el tráfico ilegal de armas afecta al desarrollo de nuestros pueblos y a nuestros niños”, explicó Iván Véjar Pardo, Segundo Secretario, encargado del TCA por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.
Mientras que para Pablo Arrocha, Tercer Secretario de Desarme, Misión Permanente de México en Naciones Unidas, el TCA, además de tener carácter vinculante en lo jurídico, debe contemplar “que no se lleven transferencias de armas a sitios que tienen conflictos armados, como África”.
Los representantes reconocieron además que el proceso plurinacional es un mecanismo válido y legítimo para intercambiar información y redactar en común los puntos del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).
Colombia y su monopolio estatal de las armas.
En Colombia, el control y comercio de las armas es exclusivo del Estado desde 1991, de acuerdo al artículo 223 de la Constitución Política. Aunque la data de este monopolio es más longeva, se remonta a 1908, cuando se crea la Industria Militar (INDUMIL).
Esta autónoma cuenta con tres factorías, y es la única autorizada en el país suramericano para fabricar, importar y comercializar todo lo relacionado con el negocio del armamento. Colombia es el único país de América Latina cuyo negocio recae únicamente en manos estatales.
Andrés Fernández, asesor de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa de Colombia, explicó que en su país el registro de armas está bien regulado. Para mermar el tráfico ilegal de armamento tienen planes binacionales con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil; y tienen representación interinstitucional en las fronteras (aduanas, defensa, entre otros). Aunque aclaró que para el caso de Venezuela, el plan está enfocado al tráfico ilícito de drogas, pero éste tiene relación con el intercambio de armas. Asimismo, existen acuerdos bilaterales de cooperación marítima con Costa Rica, Honduras, México y República Dominicana.
Con El Salvador, existe un acuerdo de cooperación policial para la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas ilícitas y el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos; de cooperación policial con Panamá, Paraguay y Jamaica; y con Perú, para combatir el tráfico de aeronaves comprometidas en el tráfico ilícito de estupefacientes y delitos conexos, y para combatir actividades ilícitas en ríos fronterizos.
También han establecido Procedimientos Operativos Vigentes (POV) con Estados Unidos, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Perú y Brasil. Éstos permiten el intercambio de información y el desarrollo coordinado de operaciones militares aéreas “en la lucha contra el tráfico de armas la delincuencia organizada y el narcotráfico”. Los POV también se están negociando con México, Belice, Jamaica, Costa Rica, Haití, Países Bajos, Panamá, Ecuador, Venezuela, Chile y Paraguay.
Los resultados de estas políticas han sido alentadores, según Fernández. Les han permitido trazar rutas marítimas sospechosas de Colombia a Centroamérica y reducirlas a un 50 por ciento entre 2009 y 2010. Respecto a las trazas aéreas sospechosas, las han reducido en más 90 por ciento desde el 2003.
Además de Colombia, los representantes de Ecuador, Guatemala y Nicaragua explicaron cómo en sus países han mejorado los controles para combatir el tráfico ilícito de armas. En todos los casos, aseguraron que sus controles y registros han mejorado. Así como la incautación, decomiso y destrucción de armas.
En Ecuador se ha prohibido la portación de armas en todo el territorio. Aunque es una medida temporal, permite el control de armas, explicó Susana Vaca, asesora jurídica del Ministerio de Coordinación de Seguridad. En Quito se realizan operativos diarios para el control de armas, medida que replicarán en todas las ciudades que registran más homicidios con armas de fuego. Asimismo, la Fuerza Armada es de nuevo el ente encargado de hacer el registro de armas.
Luis Alberto Pérez, jefe de la Dirección de armas, municiones y explosivos de la Policía Nacional de Nicaragua, compartió que en su país se ha creado un sistema de automatización para el seguimiento y control de las armas de fuego. Mientras que Josip Markovinovic, de CONATIAF, Perú, anunció que ya comenzaron el proyecto de promover el marcaje de las armas de fuego (acuerdo suscrito a nivel de la Organización de Estados Americanos), y que han destruido 600 armas vinculadas al terrorismo y 10 mil más obsoletas.
Después de tres días de intercambio de ideas, Luis Alberto Cordero, director ejecutivo de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano cerró la reunión hemisférica con varias ideas puntuales.
Que el TCA no pretende ser un instrumento de desarme, pero si pretende establecer estándares comunes para regular todas las transferencias de armas. Y recalcó que "existe una relación directa entre la creciente proliferación de armas de fuego, la violencia y la inseguridad".
En febrero de 2012, se realizará la cuarta y última sesión del Comité Preparatorio, presidido por el embajador Roberto García Moritán, de acuerdo a la Resolución 64/48 de la ONU, quien delimitó la hoja de ruta a seguir previa a la aprobación del TCA.
| TODO SOBRE EL TCA
La iniciativa del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA, o ATT, por sus siglas en ingles) surgió en 1997. Oscar Arias, ex presidente de Costa Rica, promovió entonces un Código de Conducta sobre las Transferencias Internacionales de Armas. Contó con el apoyo de otros seis Premio Nobel de la Paz de Argentina, Australia, Japón, Finlandia, Kenia y el Reino Unido. Para diciembre de 2006, 153 países votaron a favor de la Resolución 61/89 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que se trabajara en establecer estándares comunes para regular todas las transferencias internacionales de armas. Para ello se creó un Grupo Gubernamental de Expertos (CGE). El CGE se reunió durante 2008 para estudiar los alcances, parámetros y viabilidad del Tratado. Después de esto, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la segunda Resolución 63/240 en la que destacó la necesidad de prevenir el desvío de las armas al mercado ilícito. También creó el Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG, por sus siglas en inglés), que inició labores en 2009. En octubre de 2009, la Resolución 64/48 de la ONU marcó la hoja de ruta de la OEWG de cara a la negociación del tratado en julio de 2012: este realizaría cuatro sesiones del Comité Preparatorio durante 2010 y 2011. A la fecha se han realizado tres sesiones en julio de 2010, febrero-marzo de 2011 y julio de 2011. Están han sido lideradas por el presidente del Comité Preparatorio, el embajador Roberto García Moritán. La cuarta sesión está programada para febrero de 2012.
Con estas reuniones se pretende establecer estándares comunes para regular todas las transferencias internacionales de armas, de forma transparente y universal. Para el caso de América Latina y el Caribe, representantes de la Fundación Arias se han reunido con funcionarios de 19 países de esta región: en 7 ocasiones con los representantes de países de América del Sur; y en 11, con México y Centroamérica para consensuar el TCA de cara a junio de 2012, fecha en que presentará un informe ante las Naciones Unidas. La última reunión hemisférica se realizó del 23 al 25 de noviembre de 2011 en Costa Rica. En ella estuvieron funcionarios de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Fuente: Fundación Arias |
| LOS COSTOS ECONÓMICOS PROVOCADOS POR LAS ARMAS El Banco Mundial (BM) estimó que los costos económicos de la violencia para Centroamérica ascendieron a más de $6.500 millones de dólares, es decir, al 8% de su Producto Interno Bruto. El informe, con datos de 2008, sugiere que más del 50%, $3.341 millones son costos en pérdidas en salud; $1.281 millones en gastos para seguridad privada; $1.137 millones encostos institucionales; el resto, en pérdidas materiales. Centroamérica tiene la tasa de homicidios más alta del mundo. Esto según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La tasa de homicidios en esta región es de 33,3 por cada 100.000 habitantes. Cifra que supera la tasa de 28,8 del Caribe; de 24,8 de los países andinos y 10,9 del Cono Sur, y cuadruplica el promedio mundial de 8 por cada 100.000 mil habitantes. En 2009, en Centroamérica se registraron 18.815 homicidios, es decir 52 víctimas por día. La mayoría de estos, entre el 70 y 80% se cometió con armas de fuego. Fuente: Elaboración propia con datos de la Hoja Informativa del BID-Seguridad Ciudadana |
PAÍSES FABRICANTES DE ARMAMENTO Y/O MUNICIONES
Estados Unidos lidera la producción y exportación mundial de armas y municiones. De 1990 a 2010, los diez países que más han fabricado y exportado armas son: Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China, Holanda, Italia y Ucrania. Mientras que los diez países que más han gastado en importación son: India, China, Corea del Sur, Turquía, Japón, Arabia Saudita, Grecia, Taiwán, Egipto y Pakistán.
A continuación, el listado de los países fabricantes de armas.
Alemania
Arabia Saudí
Argentina
Austria
Brasil
Bélgica
Bielorrusia
Bulgaria
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Norte
Corea del Sur
Egipto
Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Filipinas
Finlandia
Holanda
Hungría
Inglaterra
Italia
Israel
Japón
México
Paquistán
Polonia
República Checa
República del Congo
Rusia
Suecia
Suiza
Singapur
Sudáfrica
Sri Lanka
Turquía
Ucrania
Fuentes: elaboración propia con base de datos del SIPRI e informes de UNESCO y UNIDIR.
(*) Miembro de la Fundación Arias y colaboradora de ContraPunto
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