SAN SALVADOR – Unas 20 organizaciones de derechos humanos a nivel internacional han solicitado que se mantenga la suspensión de Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA), debido a “deudas” que el Estado hondureño tendría con la institucionalidad y con el respeto a los derechos humanos, asegura un comunicado de CEJIL.
El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) aseguró que “la recomendación se hizo por medio de una carta dirigida el día 16 de mayo, a los 35 embajadores de las misiones permanentes de los países miembros de la OEA, en la cual se les recuerda que el Estado hondureño aún tiene serias deudas con la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos”.
La petición se emitió ante las manifestaciones de varios representantes estatales sobre la necesidad de analizar la inmediata reincorporación del Estado de Honduras.
”Las organizaciones firmantes señalaron que la institucionalidad democrática hondureña continúa comprometida después de casi dos años del golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Así, por ejemplo, todavía se mantienen en sus cargos los altos funcionarios que apoyaron y/o avalaron la ruptura constitucional desde la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de la República, la Procuraduría General de la República e, incluso, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este continuismo genera dudas con respecto a la independencia e imparcialidad de estos órganos del Estado”, dice la nota enviada por CEJIL, que tiene su sede en San José, Costa Rica.
Por ejemplo, señalan que “varios oficiales del Ejército implicados en la expulsión del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales fueron nombrados en la dirigencia de instituciones civiles durante el actual gobierno de Porfirio Lobo”.
Además, las organizaciones denunciaron que “Honduras sigue teniendo graves fallas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el Estado no ha investigado adecuadamente los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos ocurridos durante y después de la ruptura constitucional. Tampoco ha adoptado las medidas adecuadas para detener las amenazas y hostigamientos contra los defensores y defensoras, comunicadores, activistas y docentes, así como contra los jueces que se manifestaron contra el golpe de Estado”.
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