Noticias de El Salvador - ContraPunto

Afirman que la militarización de la seguridad pública no dará resultados y piden que se adopte un enfoque integral

Por Fernando de Dios

SAN SALVADOR - Un grupo de 17 organizaciones civiles de derechos humanos, de mujeres, de jóvenes, y otras que trabajan en la prevención y otros rubros relacionados manifestaron este jueves su desacuerdo con la decisión del presidente Mauricio Funes de nombrar al general Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC).

Señalan que desde el despliegue de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública no se ha producido un avance en el combate a la delincuencia, sino al contrario. El año 2011 volvió a ser escenario de un aumento en los homicidios, dejando la media diaria en 12. También en los últimos dos meses, desde la designación de David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública, ha habido un sensible incremento en las cifras de homicidios, ascendiendo la media diaria hasta más de 13.

Con ello quieren apuntar que la militarización de la seguridad pública no está dando resultados, como no los ha dado en otros países cercanos, como México.

Por otra parte, señalan que la designación de Salinas es contraria al espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz y también al artículo 168 de la Constitución de la República, que consigna que la PNC debe ser dirigida por autoridades civiles.

“Lo que básicamente estamos es alertando a la población en general sobre esta tendencia de militarizar las insitituciones civiles, específicamente la Policía Nacional Civil, que fue uno de los avances más importantes de los Acuerdos de Paz. Ahora con estas decisiones se está prácticamente echando al traste todos estos acuerdos que se obtuvieron y obviamente violentando la Constitución”, amplía Adilio Carrillo, miembro de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil (CCPVJ).

Carrillo profundizó para ContraPunto la posición de este grupo de organizaciones que se oponen a la deriva emprendida por el presidente con el nombramiento de militares en puestos de dirección de la seguridad pública.

¿Cuál es el mensaje principal que quieren transmitir con este comunicado?

El mensaje central que nosotros damos es que, a pesar que los gobiernos anteriores insistieron, y éste continúa creyendo que con la presencia de los militares van a resolver los problemas; está probado que no, hay datos estadísticos que demuestran todo lo contrario, es decir, el hecho de que los militares hayan estado en las calles no ha disminuido en nada la violencia en el país. Lejos de eso han aparecido nuevas formas de delito.

En ese sentido vemos preocupante que el presidente de la República, luego que diera un discurso en el marco del vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz en El Mozote, que a muchos nos pareció muy interesante, muy bueno, pero luego, la decisión que toma días después es contraria a lo que estaba diciendo.

Ustedes hablan de militarización de la seguridad pública pero el presidente lo niega y aduce que una vez en retiro, un militar ya no es civil, por lo que no se viola la ley ni se militariza.

El presidente está utilizando tecnicismos para decir que no se está militarizando solo porque horas antes de asumir el cargo el general Salinas le da de baja, pero él mismo con otra decisión que toma, a otro militar que tenía mucho más tiempo de estar de baja, le da de alta. Con ese acto el presidente demuestra que los militares siguen siendo militares hasta la muerte, por más que se les dé de baja. El actual director de la Policía Nacional Civil es un militar y su formación es en ese sentido.

El fundamento para dizque no violentar a la Constitución me parece una burla, más que a la ley, al pueblo salvadoreño, a todo este pueblo que sufrió las consecuencias de la guerra. Él en su discurso dijo que no más represión, no más violencia, pero sí más militares. Nos parece un tanto contradictoria su posición. La masacre de El Mozote la hicieron los militares y otras masacres. No entiendo por qué el ejemplo de los militares, por qué creen que los militares van a solucionar el problema, si en México está todo patas arriba.

Funes dice que la Fuerza Armada ya no es la que era, que ha evolucionado.

La Fuerza Armada ha tenido muchos avances y yo creo que estaba en el lugar donde debiera, en los cuarteles. Por eso no tenía mucha vinculación. Pero la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos lanzó un informe de las violaciones de los militares que han estado en las calles junto con la PNC. Hay otros registros que está llevando Fespad sobre eso y que muestran obviamente la violación que los militares en las pocas atribuciones que se les ha dado ya están cometiendo.

Nada menos Fusalmo (Fundación Salvador del Mundo) denunciaba la semana pasada que ingresaron los militares a las instalaciones, siendo una instalación privada, y obligaron a comerse las uñas a unos jóvenes que detuvieron. Lo están haciendo los militares en esta época. No comprendo qué parte es la que han cambiado, si esas son prácticas militares de la época del conflicto armado y continúan ejerciéndolas. Claro, ahora con una supervisión de la Policía, que tenía como director a Ascencio, pero ahora tienen totalmente legitimado todo. Y es más, están promoviendo la reforma del Codigo Penal y Procesal Penal para tener libre paso y comenzar a hacer tierra arrasada.

Hay varias reformas legales que está planteando el nuevo ministro. Hoy ha planteado que se eliminen garantías de derecho para acusados en procesos judiciales. ¿Cómo ven este tipo de planteamientos para agilizar de alguna manera el sistema de justicia?

Hay un problema estructural en el sistema de justicia, un problema muy complejo que no lo van a resolver los militares definitivamente. Y el hecho de quitar garantías y establecer estados de sitio en algunos lugares, lo que quieren los militares es tener la misma potestad que tuvieron en el tiempo de la guerra cuando hacían y deshacían a su antojo. La justicia está sobre sus manos y en ese sentido es una violación a un Estado constitucional de derecho, un Estado de garantías constitucionales.

Algunas personas dicen que los defensores de derechos humanos somo defensores de los delincuentes, que somos muy garantistas. El Código Penal que tenemos en estos momentos no es garantista, es un código altamente represivo en muchos aspectos y lo que el ministro está solicitando en este momento es paso libre para hacer lo que les plazca. Eso es peligroso, definitivamente.

Desde el punto de vista de los ciudadanos honrados, quizá está bien, para que agarren a todos los delincuentes. Pero no sabemos si ese procedimiento te lo pueden hacer a ti, me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera, porque estamos en estado de sitio, y en ese sentido no importan los derechos individuales, políticos, que se puedan tener.

Estamos entrando en una etapa muy complicada de regresión en este momento en el país.

Ustedes piden que se impulsen programas de prevención que han demostrado ser exitosos. ¿En qué consisten esos programas?

Desde la sociedad civil se hace un gran trabajo con muy pocos recursos y tienen grandes resultados. Si el gobierno retomara estas prácticas como políticas de Estado a nivel nacional creo que los resultados que tuviéramos en este momento serían otros.

Hay muchos ejemplos claros. Fusalmo desarrolla un gran trabajo con pocos recursos, atiende a más de 5.000 jóvenes y niños a la semana. Fe y Alegría desarrolla trabajos concretos de empleabilidad que capacita y ofrece empleos a los jóvenes. El gobierno, con la fábrica de empleos solo fue un discurso. Teniendo los recursos que tiene creemos que si retomara estas iniciativas y experiencias que ya se aplican y sabemos que funcionan, creo que tendríamos un estado de cosas diferente.

Por eso insistimos que hay muchas propuestas que se han venido dando desde hace tiempo de cómo hacer las cosas. No son acatadas porque no son populistas y no generan réditos políticos y entonces no las tomas. Pero si se quisiera verdaderamente atacar de raíz el problema de la violencia en el país tendrían que apostarle de forma decidida y con presupuesto asignado, concreto, al tema de la prevención. De lo contrario vamos a tener las cárceles desbordadas, como están en este momento y con una ola de violencia imparable.

Necesitamos romper el círculo y ese círculo lo podemos romper con prevención. Por supuesto que necesitamos tener control. La gente que comete delitos hay que someterla al procedimiento adecuado, pero necesitamos apostar a la prevención. En este momento el gobierno no tiene una política clara de prevención, no hay nada, le llaman prevención a cualquier cosa, le dan pelotas a los muchachos y ya dicen que es prevención, no hay nada sistemático.

El ministro ha abierto un proceso de consulta con distintos sectores, buscando, dice, un consenso nacional. ¿Se ha acercado a alguna de las organizaciones que firman este comunicado?

No, con ninguna de las organizaciones ha habido un acercamiento. Creo que con la empresa privada y con otros actores sí.

Sí, se ha reunido con distintos sectores, pero, por ejemplo, esas organizaciones que usted mencionaba u otras similares que están desarrollando esos programas de prevención y rehabilitación, ¿tienen noticia de que se haya acercado para dialogar?

No, no ha habido ningún acercamiento. Esperábamos que en algún momento retomara las propuestas si quizá no quisiera acercarse, pero no, no ha habido ninguna intencionalidad en ese sentido.

Renuncia en reacción al nombramiento de Munguía

Una de las instituciones que han firmado el comunicado publicado este jueves es la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Y este día también se ha conocido que su directora, María Silvia Guillén, presentó su renuncia al puesto que ocupaba en el Consejo Académico de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).

Guillén no renunció por el nombramiento de Salinas al frente de la PNC, sino por el de Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública y lo hizo el pasado 9 de diciembre, aunque hasta este día no había trascendido.

Además de directora de Fespad, Guillén es una reconocida jurista y recientemente finalizó su periodo como comisionada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“No puedo asimilar ni aceptar que se haya nombrado al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a un militar, pues conforme a mi criterio esto violenta el espíritu de los Acuerdos de Paz y riñe con los mandatos constitucionales”, escribe Guillén en su carta de renuncia a Funes.

También le hace ver al presidente que desde su punto de vista no se puede solucionar el problema de violencia que vive el país con enfoques represivos, sino desde un abordaje integral.

“De otra manera no habrá solución; lo dice la experiencia vivida en otros países”, reitera Guillén en su carta.