La participación de las municipalidades es clave en la política de seguridad, en especial en el ámbito de la prevención
Por Hugo Sánchez
SAN SALVADOR - Un mayor accionar de los gobiernos locales en la aplicación de medidas contra la violencia y la inclusión de los jóvenes con políticas preventivas son los principales puntos que plantean expertos en materia de seguridad ciudadana para el establecimiento de un nuevo paradigma.
La Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) del programa URB-Al III de la Comisión Europea, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, organizan el Dialogo “Seguridad ciudadana y gobernanza multinivel para la cohesión social local”, cónclave en el que se reúnen casi un centenar de funcionarios públicos, representantes del sector privado y expertos en materia de seguridad.
Lucia Dammert, Directora Ejecutiva del Consorcio Global para la Transformación de la Seguridad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dice que un nuevo paradigma de seguridad ciudadana debe introducir la seguridad en el accionar local.
“El accionar local es ornato, limpieza, espacios vacíos, educación, salud; todas las cosas que tiene que hacer el alcalde, que la seguridad sea una parte transversal de esa agenda (…) y no con lo poco que tiene desarrollar iniciativas de seguridad porque esas iniciativas generan más frustración en el ciudadano”, dijo Dammert.
Señala también que los alcaldes no se deben convertir en “Sherif”, generar “batallones policiales paralelos” o luchar contra el crimen organizado, porque eso supera todas sus posibilidades y especialmente la económica.
“Lo que hay que tener es un marco claro de qué es lo que puede colaborar el gobierno local. El gobierno local, que es el que tiene la vinculación con la ciudadanía, puede tener impactos importantes en cosas tan simples como identificar cuales son los espacios abandonados que se convierten en posibles lugares de violaciones o de venta de drogas”, apuntó Dammert
Laura Carrera Lugo, del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de México, dice que al prevención social es el punto neurálgico donde deben actual los gobiernos locales.
“Los gobiernos locales son los que con inversiones importantes más tendrían que estar trabajando en aspectos, sí de desarrollo social, pero sobre todo en coerción social”, expresó.
Lugo señala que es importante que no solo se trabaje con “grupos marginados” sino con toda la población.
Dammert por su parte apunta que para que las medidas funcionen deben ser realizadas conjuntamente con todos lo actores involucrados y que cada quien debe asumir su rol sin inmiscuirse en el del otro por prebendas electoreras.
“El gran problema es que como éste es un tema electoral-político al final todos quieren mostrar algún tipo de acción, lo que hay que hacer es reconocer que sí es un tema electoral-político pero que los diálogos, como el que se esta desarrollando ahora, muestran a los alcaldes que es mejor tener resultados específicos.
Los jóvenes y la seguridad
Desde siempre se ha estigmatizado a los jóvenes como violentos, pero Lucia Dammert cree que para la realización de este nuevo paradigma es necesario cambiar ese aspecto y que solo es un grupo pequeño de los mismos es el que está en alguna situación de violencia.
“Lo más importante es que en América Latina hay millones de gentes muy pobres, Hay millones de jóvenes precarios pero un porcentaje muy pequeño son delincuentes” dijo.
Por su parte Lugo dice que este nuevo modelo debe de romper con viejas prácticas en cuanto a la prevención que no han arrojado mayores resultados.
“Hay gobernadores o presidentes municipales que opinan que a los jóvenes hay que sentarlos y enseñarle valores y hay que darle platicas en las escuelas (…) nosotros creemos que no es así como se tiene que trabajar, los jóvenes tienen que construir junto con nosotros su propio futuro”, concluyó Lugo.
¿Y el servicio militar obligatorio?
Desde que el Presidente Funes anunció la instauración de un servicio militar obligatorio muchas son las dudas que envuelven a esta propuesta, pues podría reñir con la Constitución de la República.
Incluso hoy los funcionarios de seguridad del gobierno central tienen conflictos con el nombre que se le debe de dar a la medida.
Francis Hato Hasbún, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, dijo en la reunión que llamar a la iniciativa “servicio militar obligatorio” es en alguna medida incorrecto, aún y cuando Funes le llamo leteralmente “Servicio Militar Obligatorio de Protección Civil” en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa.
“Lo que algunos dan por llamar servicio militar obligatorio no es así, ese es un servicio que va, todavía estamos decidiendo si cinco mil o diez mil, es para la formación de protección civil en ámbitos de riesgo”, dijo Hato Hasbún en el cónclave.
Por su parte el Ministro de Defensa, David Munguia Payés evitó llamarlo “reclutamiento” y se inclinó por el término “incorporar”.
“Estamos hablando de incorporar jóvenes a este proyecto, inicialmente estamos pensando incorporar jóvenes a este proyecto entre los 16 y 18 años (…) tampoco estamos pensando en una primera etapa en incorporar mujeres”, dijo Payés a la prensa.
Dammert no cree que el dar adiestramiento militar a los jóvenes es una solución adecuada al problema de la violencia.
“Pensar que un servicio militar obligatorio para jóvenes en riesgo va a solucionar el problema de la delincuencia es tapar el sol con un dedo (…) los sistemas de servicio militar tienen a la base una disciplina violenta (…) hay varios estudios que hablan de que más que resolver el tema del uso de la violencia instalan el uso de la violencia”
La experta cree que es mejor la aplicación de “programas de protección” porque al final quienes se involucran en la violencia son personas que “se sienten desprotegidas”.
De igual forma Dammert le dio el beneficio de la duda a la medida y dijo que hay que esperar que el Presidente Funes brinde mayores detalles.
