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Así lo afirman ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en su demanda de inconstitucionalidad sobre los nombramientos de Munguía y Salinas

Por Fernando de Dios

Foto: Olga Castro

SAN SALVADOR – Un grupo de 30 personas firman la demanda de inconstitucionalidad presentada este martes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el nombramiento de David Munguía Payés como mininistro de Justicia y Seguridad Pública y de Francisco Salinas como director de la Policía Nacional Civil (PNC).

Entre éstas están firmantes de los Acuerdos de Paz, como Roberto Cañas y Dagoberto Gutiérrez y numerosos representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre las que hay de profesionales del derecho, feministas, dedicadas a la defensa de los derechos humanos o de la democracia.

En esencia, como se esperaba, la demanda pide a la Sala de lo Constitucional que declare contrarios a la Carta Magna ambos nombramientos por contravenir a los artículos 159 y 168 de la misma.

El inciso segundo del Artículo 159 establece que “la defensa nacional y la seguridad pública estarán adscritas a ministerios diferentes. La seguridad pública estará a cargo dfe la Policía Nacional Civil, que será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista”.

Y el numeral 17 del Artículo 168, que establece las atribuciones del presidente de la República, señala que una de ellas será “organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, con estricto apego al respeto a los derechos humanos y bajo la dirección de autoridades civiles”.

Para los firmantes de la demanda de inconstitucionalidad, el nombramiento de dos generales recientemente retirados al frente de las instituciones de seguridad pública es algo contrario a lo que la Constitución de la República establece en estos artículos, tanto en la letra como en el espíritu.

Por otra parte, en su demanda también denuncian que el hecho de que en el caso del general Salinas su baja de la Fuerza Armada se produjera pocas horas antes de ser nombrado como director de la PNC consituye un “fraude a la Constitución”.

El presidente Mauricio Funes ha repetido en numerosas ocasiones que una vez han obtenido su baja de la Fuerza Armada, los militares pasan automáticamente a ser civiles.

Para las personas que han presentado esta demanda, eso riñe, en primer lugar con la lógica, más cuando ambos pasaron a la seguridad pública cuando ocupaban uno el cargo de ministro de la Defensa y otro el de viceministro, y también la Ley de la Carrera Militar.

Por otra parte, como señaló el director del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), Omar Pastor, el Artículo 214 de la Constitución establece que la carrera militar es profesional y que “los militares no podrá ser privados de sus grados, honores y prestaciones, salvo en casos determinados por la ley”.

Además de pedir la inconstitucionalidad del nombramiento de los dos generales, los firmantes de la demanda piden también que en cuanto sea admitida por la Sala de lo Constitucional, ésta determine la suspensión cauterlar de ese nombramiento y mandate al presidente para que en su lugar asigne los cargos a personas de comprobada trayectoria civil.

En el fondo, el problema es la estrategia

Además de considerar inconstitucional y fraudulento el nombramiento de Munguía y Salinas por parte de Funes, estas personas objetan el cambio en la estrategia de seguridad que supone.

“No hay nada que pueda respaldar el argumento de que los nombramientos de un `militar en estado de retiro` al frente del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y otro al frente de la Policía Nacional Civil vaya a servir para contrarrestar los altos índices de delincuencia. Tales decisiones constituyen un retroceso en el desarrollo de la todavía incipiente democracia salvadoreña”, dicen en su recurso los demandantes.

El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, fue más allá y subrayó que lo que se está anunciando como medidas para el combate a la delincuencia, como estados de sitio y toques de queda, son técnicas de control del territorio propias de otras épocas y otros regímenes políticos.

“Cuando los militares declaran enemigos a cualquier sector de la población, aunque éstos sean de las maras, está declarando que al enemigo, desde el concepto militar, se le aniquila, y entonces estamos amenazados de entrar en un proceso, más que de un autoritarismo en El Salvador, a una etapa de fascismo, y eso puede ser muy grave y puede atentar el proceso del proceso democrático que está teniendo el país”, expuso Villalta.

Por otra parte, señaló que el énfasis que el ministro hace en las pandillas constituye una preocupación porque parece dejar a un lado el crimen organizado, algo que también destacó la directora ejecutiva de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), María Silvia Guillén.

“Nos da la impresión que no se quiere combatir seriamente a la criminalidad. Demandamos seriamente se combata la criminalidad, las maras y las pandillas y también la criminalidad organizada que está enquistada en el poder político y el poder económico, que como que eso no se quiere combatir”, dijo la jurista.

Y en resumen, los señalamientos se centran en que las medidas anunciadas por el ministro no conseguirán resultados, puesto que han sido ampliamente aplicadas en otros lugares y lo que han conseguido ha sido recrudecer la violencia y las muertes de civiles.

Mientras, a pocos metros del lugar donde estas personas daban sus explicaciones, en la Asamblea Legislativa, el diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos introducía una pieza de correspondencia en la que pide al parlamento que apruebe facultades para que las autoridades de seguridad pública puedan decretar estados de excepción, estados de sitio y toques de queda y puedan también suspender garantías constitucionales.

Aunque prácticamente coincide con las medidas propuestas por el ministro Munguía, Gallegos acotó que es una propuesta a título personal, como parte de su campaña para ser elegido diputado por San Salvador.

Tanto este diputado como otros representantes de su partido han abogado por la pena de muerte y la creación de un cuerpo de seguridad dependiente del Ejército, al estilo de los Carabineros de Chile, como medidas para el combate a la delincuencia.