Habitantes de distitnas comunidades dicen haber probado que lo que se anunció como parte del proyecto de seguridad con cámaras de videovigilancia es un beneficio para una empresa de telefonía
Por Gabriel García/Fernando de Dios
SAN SALVADOR – ¿Antenas de telefonía celular o postes para recepción de señal de cámaras de videovigilancia?
Esa es la cuestión, la polémica que ha surgido entre habitantes de algunas comunidades de San Salvador y la Alcaldía capitalina alrededor de unas estructuras metálicas de un metro de diámetro y 11 metros de altura que la comuna está instalando en distintos parques de la ciudad.
Para los pobladores está probado que son antenas de telefonía celular y que el alcalde, Norman Quijano, está utilizando esos espacios públicos para dar una concesión bajo cuerda de la que se beneficiaría alguna empresa de telefonía.
La Alcaldía afirma que esas estructuras tienen como finalidad la instalación de un dispositivo inalámbrico de recepción de señal de cámaras de videovigilancia y de envío de la misma a un centro de monitoreo, como parte del plan de seguridad que impulsa el equipo de gobierno municipal.
Habitantes de las colonias La Libertad, reparto Padilla-Cuéllar y Santa Fé, de la zona norponiente de San Salvador, acusaron este jueves a Norman Quijano de ceder espacios públicos a empresas privadas sin consultas comunitarias. Aseguran que también se está haciendo esto en las colonias Centroamérica y San Sívar.
En la colonia Centroamérica, efectivamente, la estructura metálica ya está instalada. Uno de los líderes de esa comunidad, Joaquín Lazo, afirmó no tener noticia de que sea para telefonía, sino para el sistema de videovigilancia. Calificó la posibilidad de un engaño de “políticamente ilógico” por parte del alcalde, más en la época preelectoral en que estamos.
Las denuncias de las otras comunidades, que acompañaba la diputada del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) Ana Daysi Villalobos, fueron presentadas en la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y posteriormente en la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La vocera de las comunidades, Carmen Alicia de Ochoa, declaró que se están construyendo estructuras de “un metro de diámetro por 11 de alto”, de lo cual dicen tener pruebas que confirman que “son torres repetidoras de telefonía celular” y no dispositivos para cámaras de seguridad para la comunidad.
“La estructura que se está construyendo es innecesaria (para cámaras de seguridad) (…) hemos visto que sobre la alameda Roosvelt, la calle El Progreso y la Alameda Juan Pablo Segundo esas cámaras están colocadas sobre los semáforos”, aseguró la portavoz.
La vocera comentó que una técnica de la alcaldía salvadoreña se acercó a la comunidad La Libertad, conocida como El Pañuelo, junto a la Universidad Nacional, para leerles un reporte, pero que no respondió a las precisiones técnicas sobre la obra. Aparte de que “nos insultaron, nos han faltado al respeto (…) se molestaron y se fueron”, según Alicia de Ochoa.
Según Víctor Manuel Rodríguez, de la colonia Libertad, el tamaño, la forma y el material de los postes es justamente el que se utiliza para antenas de telefonía.
Vecinos de la zona de la calle Motocross cuentan que cuando vieron que comenzaban las obras fueron a preguntar qué iban a hacer y les mintieron.
“En el paque al lado de mi casa, en la Motocross, llegaron a construir algo. Cuando los representantes de la comunidad preguntaron en la Alcaldía, dijeron primero que era una caseta de vigilancia para el CAM; cuando hicieron un gran pozo para la base de la antena dijeron que era para una letrina; pero despues que vimos la armaduría para la antena ya la gente se encachimbó”, dice uno de ellos, que prefiere no ser identificado.
Otra de las afectadas, Aura Rivera, dijo que la alcaldía de San Salvador había “vendido” el proyecto de la colonia Libertad como una medida para colocar cámaras de seguridad y wi-fi gratuito en la zona.
Desde esa ocasión, miembros de esa comunidad dicen estar solicitando audiencias con Quijano, a las que nunca respondió, por lo que decidieron parar la obra de construcción en algunos parques.
“No íbamos a permitir la construcción de esas antenas”, enfatizaron a la prensa.
Entre otras solicitudes, las comunidades piden que el acalde capitalino “deje de invertir en los parques e invierta en la gente”.
Sospechoso cambio en la normativa municipal
La diputada Villalobos, junto a miembros de las comunidades afectadas, sostuvieron una reunión con la directora ejecutiva de OPAMSS, Margarita Minero, quien explicó que el alcalde capitalino hizo una reforma a la ordenanza municipal este pasado 26 de Julio, en la que se sostiene que la alcaldía puede “conceder permisos para hacer torres y antenas sin contar con el permiso de OPAMSS”.
Asimismo, Aura Rivera intervino en la reunión para reclamar la injerencia inmediata a la que está obligada la OPAMSS respecto a una evaluación de la obra. “Ustedes son la unidad competente que quiera la municipalidad, ¿o no tienen que dar su opinión técnica?” demandó Rivera.
Razón por la que la directora de la OPAMSS, a pesar de estar al margen de la decisión, se comprometió a
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Antena instalada en el parque de la colonia Centroamérica |
apelar a los técnicos distritales para revisar “la condición ingenieril” y “qué es lo que van a instalar”, pues ya la organización ha recibido denuncias ciudadanas sobre el mismo tema.
En el acto se hizo entrega de las cartas en las que las comunidades demandan el servicio de evaluación de la obra por parte de la OPAMSS
Posible “silencio administrativo”
Posteriormente, el Procurador en funciones para la Defensa de los Derechos Humanos, Salvador Menéndez Leal, recibió a las comunidades afectadas y comentó que si efectivamente no se ha informado convenientemente a las comunidades sobre los aspectos técnicos de la obra “se está vulnerando el derecho a estar informados que es propio de toda sociedad democrática”.
“Al parecer también hay un problema de silencio administrativo”, añadió el procurador, y anunció que la procuraduría solicitará “a la brevedad posible informes a las autoridades correspondientes para que nos digan los proyectos que están desarrollando”
Sobre esto la diputada Villalobos condenó este acto “arbitrario” y dijo que estas medidas pueden ser viables únicamente con la consulta a la ciudadanía.
En relación a la denuncia que le fue entregada a Menéndez Leal, éste dijo que la PDDH “dará trámite en el marco del procedimiento legal a esta denuncia, pero además puede servir como un mecanismo de fuente o de diálogo que facilite el entendimiento” entre las partes.
“No es posible que no se tenga información de los costes, de la potencial afectación a la salud, medio ambiente. etc.”, dijo el procurador en funciones.
El funcionario también avisó que la PDDH cuenta con antecedentes sobre la construcción de antenas telefónicas en lugares inapropiados.
Quijano: es por la seguridad de las comunidades
En la colonia El Roble, entre el sonido de las marimbas, Norman Quijano, que había llegado a realizar lo que llama un “cabildo abierto” para la rendición de cuentas ante la ciudadanía, explicó que estas acusaciones no tienen fundamento, pues los postes son parte de la infraestructura para su plan de seguridad con cámaras de videovigilancia.
Quijano no aceptó la posibilidad de que se haya producido un “silencio administrativo”, como señaló el procurador Menéndez Leal, y dijo que no sabe a qué se refiere, ya que esa figura se aplica a otro tipo de procesos.
En cuanto al cambio de la normativa municipal para acaparar la potestad de permitir la instalación de antenas, afirmó que esa reforma aplica exclusivamente en proyectos que tengan un carácter de desarrollo social.
También desminitió categóricamente haber llegado a ningún acuerdo con ninguna empresa de telefónía. Los postes, sentenció, serán utilizados para la transmisión de los datos que recojan las cámaras de seguridad que se instalarán en distintas zonas de la capital.
“Nosotros estamos actuando con una intención sana de contribuir a la mayor seguridad ciudadana”, afirmó el edil capitalino.
Aseguró también que la Alcaldía no obtiene lucro alguno con este proyecto, al contrario, supondrá una erogación de 200.000 dólares a lo que hay que sumar la inversión de más de dos millones de dólares de la empresa con la que se ha firmado un convenio; la misma empresa, según Quijano, con la que también firmó un convenio la alcaldía de Santa Tecla, regida por Óscar Ortiz.
Las zonas en las que se instalará el dispositivo, señaló el edil, son las que según sus datos concentran más criminalidad. Como ejemplo citó el área de El Pañuelo, donde se producen constantes asaltos.
“Estamos buscando los lugares donde creemos que puede ser de mayor utilidad para el ciudadano, y eso es lo que nos mueve, nada más. Aquí no hay lucro porque, al contrario, hay una inversión de la empresa, que es exactamente la misma empresa que firmó un convenio con mi colega Óscar Ortiz en Santa Tecla. ¿Por qué allí no hay reacción y aquí sí la hay? Yo entiendo por qué la hay. Yo recibí una llamada de un miembro del gabinete de gobierno, que vive en la colonia Libertad, que estaba en una reunión de vecinos y que es miembro nato del FMLN. Y ya estaban ahí con la manipulación que da cáncer”, añadió Quijano.
En cuanto a esa posibilidad de que el sistema de radiación eléctrónica pudiera a afectar a la salud, el alcalde afirmó que es una discusión que viene de mucho tiempo atrás y que no está comprobado.
“Yo vengo oyendo desde que estaba en la Comisión de Salud (de la Asamblea Legislativa) el tema de que las antenas y que los postes, que generan radiación y que da cáncer. Si así fuera, todos tuviéramos cáncer”, afirmó, en referencia a que la radiación electrónica ya está por todas partes y que todo mundo porta un celular hoy en día.
Técnicamente, explicó la directora de Desarrollo Municipal de la Alcaldía, Carolina Ramírez, la instalación de estos postes de tecnología inalámbrica es lo más adecuado, ya que un tendido de fibra óptica sería muy complicado y vendría a agravar el problema de cableado que ya tiene la ciudad. También dijo que es mucho más barato.
El Coronel Gilbert Cáceres, oficial a cargo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), descartó que estas antenas se vayan a utilizar para telefonía celular y señaló que el plan de seguridad es necesario.
Detalló que además de esos dispositivos de transmisión de datos, el plan incluye las cámaras de videovigilancia e iluminación de las zonas en que se instalarán.
También calificó de “mito” la tesis de que el sistema inalámbrico de transmisión de datos pueda afectar a la salud de las personas.
No obstante, los habitantes de estas zonas que mostraron su descontento con la instalación de las antenas afirmaron que no quieren darle el beneficio de la duda a la posible afectación a la salud de estos dispositivos, pues son sus hijos los que juegan en los parques a la par de los mismos.
