
Impacto ambiental que ocasionaría la explotación minera a gran escala, lleva al FMLN a proponer abolir esta práctica en la próxima legislatura
Redacción ContraPunto
SAN SALVADOR – El FMLN insiste con su propuesta electoral, con la que dicen que la población tendrá segura la aprobación de leyes en su beneficio de poder concretar la mayoría simple en la Asamblea Legislativa (43 de 84 diputados), entre esas, una que prohíba la explotación minera en suelo salvadoreño.
La diputada efemelenista Lourdes Palacios explicó que los motivos para proponer dicha medida son que “no hay condiciones en El Salvador, somos muy pequeños y las afectaciones serían muchas en caso de que se aprobaran proyectos de explotación minera".
La parlamentaria sostuvo además que su partido intentó impulsar una legislación que aboliera la minería, pero que no encontró la correlación de fuerzas en la actual legislatura y es por eso que se insiste tanto en poder lograr la mayoría simple.
El presidente Mauricio Funes secunda las pretensiones del partido con el que obtuvo el triunfo electoral que lo convirtió en presidente, ya que ha reiterado que no permitirá proyectos mineros durante su mandato.
No obstante, a la par de estas declaraciones, el gobierno presidido por Funes lleva a cabo lo que da a llamar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), con el fin de crear una política nacional de minería.
Esto o ha ajustado bien entre distintas organizaciones ambientalistas que abogan por la no explotación minera en El Salvador, y han reclamado a Funes que el EAE solo se utilice para una evaluación de los daños ya causados al medio ambiente y los que todavía puede causar la extracción de minerales a gran escala.
Actualmente, el Estado salvadoreño mantiene un litigio con la compañía minera canadiense Pacific Rim, la cual lo demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por 100 millones de dólares, por impedirle continuar con la última etapa de su inversión en la mina El Dorado, localizada en Cabañas.
La base de la demanda de la minera, que fuera admitida por CIADI en 2010, es que el Gobierno salvadoreño ha violado no solo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino también la Ley de Inversiones de El Salvador, al negarles los permisos para extraer oro y plata en El Dorado, pese a que sí se le concedieron permisos de exploración.
Cabe señalar que en el país existen no una sino cuatro minas en la mira de Pacific Rim, con mayor o menor desarrollo en su procesos de exploración mineral, pero que suponen convertirse en fuentes sostenibles de extracción metálica como El Dorado.
Según investigaciones, El Salvador contiene en sus suelos un total de 6 millones de onzas troy de oro sin extraerse, lo que equivale a aproximadamente 3.300 millones de dólares.
En el estira y encoge entre Pacific Rim, el gobierno salvadoreño y las organizaciones ambientalistas y antimineras del departamento de Cabañas, se han reportado el asesinato de al menos cuatro activistas, además que radios y otros entes comunitarios han denunciado ser sujetos de constantes amenazas de muerte.
Los crímenes y las amenazas siguen sin resolverse y dicha situación ha llegado al conocimiento de congresistas y senadores de los Estados Unidos, que han pedido constantemente al gobierno salvadoreño que investigue los hechos y enjuicie a sus responsables.
Logros y otras propuestas ambientales
Lourdes Palacios, junto a otros diputados de la bancada del FMLN, dieron esta semana un recuento de lo logrado en la presente legislatura en materia ambiental, como haber creado la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y una unidad de trabajo ambiental en la estructura del Legislativo
Palacios, quien es la relatora de dicha comisión, también citó como logros de la actual legislatura la promulgación de una Ley de Emergencia Ambiental para el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad; que fuera sede de la fábrica de Baterías de El Salvador y cuyas emisiones de plomo propiciaron un desastre ambiental de proporciones inimaginables.
Asimismo, el FMLN plantea en su plataforma legislativa 2012-2015, varias reformas constitucionales como el derecho humano al agua, a la soberanía alimentaria y a la nutrición, así como reformas a las leyes de protección civil, desechos sólidos y reforestación.
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