Gabriela Knaul afirma que no se puede imponer la unanimidad a la Sala de lo Constitucional
Redacción ContraPunto
SAN SALVADOR – La Relatora Especial sobre independencia judicial de Naciones Unidas, Gabriela Knaul, calificó de “posible atentado a la independencia del Poder Judicial” la aprobación del Decreto Legislativo 743, que impuso la unanimidad para los recursos de inconstitucionalidad a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Knaul recibió una denuncia en este sentido realizada por organizaciones de la sociedad civil, que ya habían anunciado que en su opinión debía ser la instancia internacional quien verificara la situación creada en el país por ese decreto.
Tras un estudio preliminar de la documentación y los antecedentes proporcionados en esa denuncia, Knaul afirma que en El Salvador se vive una situación anómala y preocupante en lo que a la independencia judicial se refiere.
En primer lugar, sobre el propio decreto 743 considera que “se trata de una obligación impuesta al máximo órgano jurisdiccional por otros poderes del Estado: el Legislativo, que aprobó el decreto antes mencionado, y el Ejecutivo, que lo promulgó ordenando su publicación en el Diario Oficial, en menos de siete horas”.
Además, califica su contenido y sus consecuencias prácticas como un posible “atentado a los principios de separación de poderes e independencia del Poder Judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de derecho”.
En la denuncia enviada a la Relatora Especial de la ONU se detallaba en qué contexto se enmarca el decreto, la labor que había venido desarrollando la Sala de lo Constitucional durante los últimos dos años y los ataques de que había sido objeto por parte de algunos políticos y otras instancias.
Se señalaban las sentencias que afectaban al interés de las cúpulas de los partidos al impulsar reformas al sistema electoral y la que quitó a la Presidencia de la República la capacidad de disponer de fondos de otras carteras de Estado, lo que se llamaba la partida secreta.
También se citaban las razones expuestas para apoyar este decreto por el presidente de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alfredo Cristiani, en relación a la Ley de Amnistía.
Además, se hacía del conocimiento de la relatora que en la actualidad, las sentencias y notificaciones de la Sala de lo Constitucional no son recibidas por la Asamblea Legislativa si no están firmadas por los cinco magistrados.
Tampoco el Ejecutivo conoce esas resoluciones, pues el director del Diario Oficial se niega a publicarlas si llevan cuatro firmas.
El presidente Mauricio Funes ha declarado que el funcionario lo único que hace es cumplir la ley y que en su opinión no hay ninguna crisis institucional.
“Yo no veo que la Corte no esté funcionando. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional se reúnen y toman decisiones. Que las decisiones tomadas por los magistrados no las comparte el otro magistrado, o no la comparten dirigentes políticos, eso es otra cosa, eso es lo propio de una convivencia democrática”, dijo Funes en declaraciones a la prensa.
En su declaración, Gabriela Knaul considera que “los otros poderes del Estado no pueden obligar al máximo órgano judicial del país a adoptar fallos judiciales por unanimidad, pues las materias que le competen suelen ser, por su propia naturaleza y complejidad, controvertidas”.
Con ello la experta viene a dar la razón a la mayoría de la comunidad jurídica salvadoreña, que ha señalado repetidamente que ningún tribunal constitucional de ningún país democrático resuelve por unanimidad.
“El Salvador, como país que está consolidando su democracia, debe prestar particular atención a la plena independencia del Poder Judicial, así como al principio de separación de poderes, proclamados por los instrumentos internacionales de los cuales es parte, y los cuales están consagrados en la Constitución salvadoreña,” afirmó la Relatora Especial.
Por tanto, Knaul exhorta a que se derogue el decreto, pues sus efectos están siendo perniciosos para el funcionamiento de la Sala de lo Constitucional y por tanto para el acceso a la justicia de la ciudadanía.
“Mantener la vigencia del Decreto 743 equivaldría a bloquear la actividad y el funcionamiento efectivo del máximo tribunal del país y por lo tanto limitaría así de forma sustancial el derecho de los ciudadanos salvadoreños a recurrir al citado tribunal en defensa de sus derechos fundamentales”, considera la jueza brasileña.Otros medios
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