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Afirma que no lo hace porque está firmado por cuatro magistrados y no por cinco, como manda el decreto 743  

Por Fernando de Dios

SAN SALVADOR – Ernesto Flores López, director de la Imprenta Nacional y del Diario Oficial, negó este jueves la recepción y publicación de la sentencia emitida el día anterior por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por no haber sido respaldada por los cinco magistrados que la forman.

El miércoles, la Sala publicó una sentencia que declara inconstitucionales cuatro artículos del Código Electoral referidos a los recursos que se pueden presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impugnar cuestiones relacionadas con los procesos electorales.

Tal y como estaban vigentes, restringían esa posibilidad de reclamo a los partidos políticos, el fiscal general de la República, al procurador general y al de Defensa de Derechos Humanos. Con ello, excluía a los ciudadanos de poder hacer demandas sobre la nulidad de inscripción de un candidato, de una elección o del escrutinio definitivo de la misma.

La Sala de lo Constitucional alegó que esta legislación electoral era contraria al principio de igualdad que establece la Constitución en su artículo 3.

En definitiva, este dictamen de la Sala abre la posibilidad de que los candidatos no partidarios que se involucren en el proceso electoral tengan el mismo de derecho a reclamar que los partidos políticos, y junto a ellos, el resto de la ciudadanía.

La propia Sala abrió la posibilidad de que esos candidatos independientes se presentaran a elecciones municipales y a diputados en una sentencia emitida en agosto de 2010, misma que mandaba la instauración de un sistema de listas y desbloqueadas.

Previo al análisis del caso en sí, los magistrados de la Sala de lo Constitucional dejan claro en su sentencia de este miércoles que no aplican la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial contenida en el Decreto Legislativo 743, que les obliga a resolver por unanimidad, porque la consideran contraria a la Constitución, tanto en la forma en que se aprobó, con dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa, como en el fondo, su contenido, por atentar contra la independencia judicial entre otras cosas.

Por ello, se publicó la sentencia con los votos favorables de cuatro magistrados, declarando la inaplicabilidad del decreto por considerarlo inconstitucional, basándose en la facultad para hacer tal cosa que la Constitución otorga a todo juez de la República.

Esta es la posición que adoptaron los cuatro magistrados tras la aprobación del polémico decreto, a la que se ha opuesto la Asamblea Legislativa al no aceptar en la plenaria del 16 de junio dos resoluciones anteriores de la Sala aprobadas con cuatro votos.

En esa pugna entre poderes Judicial y Legislativo ha llegado el Ejecutivo, del que depende el Diario Oficial, a tomar partido por éste último, al negarse su director a publicar la sentencia de la Sala.

Un documento dirigido a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, firmado por Ernesto Flores López, afirma que “respecto a dicha sentencia quiero expresarle que carece de los cinco votos que conforme al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial se establece. Por lo anterior dicha sentencia se recibirá y publicará en el Diario Oficial cuando cumpla con el requisito mencionado que establece la Ley Orgánica Judicial”, es decir, que sea aprobada por unanimidad.

El Analista político y firmante de los Acuerdos de Paz Roberto Cañas se muestra muy sorprendido por esta decisión del director del Diario Oficial, quien se arroga la facultad de decidir si se publican o no las sentencias de la Sala de lo Constitucional.

“¿Cómo un funcionario de quinta categoría puede tener esa capacidad o criterio para poder definir si él decide qué se publica y qué no se publica?”, se pregunta Cañas.

En su opinión, este hecho es “una puñalada muy grosera” a la democracia, y está bastante claro que es una orden directa de la cúpula del Ejecutivo, a no ser que Flores López quiera perder su empleo.

“El director (del Diario Oficial), si no quiere perder su estabilidad laboral, hace lo que el Ejecutivo le ordena, porque eso es una orden directa emanada de Casa Presidencial, no se necesita sacar un doctorado en ciencia política para entenderlo”, afirmó Cañas.

En cualquier caso, el Diario Oficial desconoce una sentencia de la Sala de lo Constitucional, algo que como poco, constituye un nuevo choque entre los poderes del Estado.

Tal y como se había vaticinado, el decreto 743 ha supuesto la paralización de la labor efectiva de la Sala, pues aunque declaró inaplicable el decreto y sigue emitiendo sentencias, éstas no son reconocidas por los otros dos poderes del Estado apelando a la vigencia de dicho decreto.

La Asamblea Legislativa no parece tener prisa por solucionar el asunto. Mientras Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Cambio Democrático (CD) abogan por la derogación del decreto, los otros partidos se mueven entre la defensa de la reforma y la ambigüedad.

Este mismo jueves, el coordinador general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, habló nuevamente de rebeldía y desacato de la Sala por emitir sentencias con cuatro votos.

Esta posición del Frente, que mientras dice no haber creado el problema porque no votó por la aprobación del decreto lo invoca como si fuera una ley escrita en piedra, es duramente criticada por distintos analistas y representantes de la sociedad civil.

El que fuera miembro del FMLN Histórico y firmante de los Acuerdos de Paz, Roberto Cañas, es muy crítico con esa posición de Medardo González, señalando además lo paradójico de que hable de rebeldía una persona que durante 30 años se rebeló en armas contra el Estado y cuya organización política, las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), publicaba un periódico clandestino llamado El Rebelde.

“Hoy sucede que la rebeldía, que él dice que es rebeldía, porque lo que está haciendo la Corte es lo que según la ley tiene que hacer, pero hoy la rebeldía es mala. Entonces es la paradoja de Medardo, podríamos calificarla ya”, aprecia Cañas.

Pero entre paradojas, amagos de propuestas de reformas a la Ley Orgánica que no se explican y discusiones vacías, lo cierto es que el Estado vive una situación como poco anormal que los diputados no parecen estar por la labor de solucionar con brevedad.

Tanto el FMLN como el presidente Mauricio Funes y representantes de otros partidos han abogado por un diálogo institucional que ayude a superar este impasse en el que se encuentra el país, que en la práctica no tiene una Sala de lo Constitucional operativa.

Sin embargo, después de la reunión que tuvo lugar entre los magistrados de la Sala y una representación de la Asamblea Legislativa el pasado 9 de junio, no se han vuelto a producir acercamientos, al menos a nivel público.