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Gestión de la seguridad pública en el país no se ha militarizado, según observa el representante residente adjunto del PNUD, Richard Barathe

Por Gerardo Arbaiza

Foto: Luís Velásquez

SAN SALVADOR – La representación en El Salvador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha mantenido especialmente el dedo en el renglón sobre el problema de la delincuencia en el país y la necesidad de políticas consensuadas para enfrentarla.

A la luz de los más recientes cambios de funcionarios en el gabinete de seguridad, el PNUD señala que no le corresponde cuestionar las decisiones del presidente Mauricio Funes, pero que de manera preliminar se puede decir que no ha habido una militarización de la gestión de seguridad, ni de la Policía Nacional Civil (PNC).

Así lo menciona Richard Barathe, un ciudadano francés que funge como el representante residente adjunto del PNUD en El Salvador y que conoce la realidad centroamericana, debido a su trabajo previo en Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Barathe considera que las actuales autoridades de seguridad han mostrado indicios de no solamente querer inclinarse a medidas de “mano dura”, que podrían descuidar otros frentes en la lucha contra el crimen, sino de priorizar el acompañamiento policial en las comunidades y buscar involucrar a la sociedad en la denuncia de delitos.

En esta entrevista, el funcionario de Naciones Unidas también expresa que son necesarios más esfuerzos por parte de las instancias de medir la incidencia criminal, como la PNC, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal (IML), de coordinarse y aportar datos consolidados que contribuyan a evaluar mejor el problema que se está enfrentando, que de por sí califica como muy complejo y en constante sofisticación.

Hace un año, el PNUD observó que el país no contaba con datos consensuados para determinar la magnitud de la criminalidad. ¿Cuánto se ha avanzado en este aspecto?

Creo que las cifras revelan la magnitud del problema, cuando hablamos de 70 homicidios por cada 100 mil habitantes, que son de las más altas del mundo, es una situación seria que para nadie es secreto, creo que ningún país centroamericano estaba preparado para enfrentarse a la profesionalización de la criminalidad organizada y esto requiere de respuestas innovadoras y mucha inteligencia por parte de los estados.

Desde que en 2005 se conforma esta Mesa Técnica integrada por la PNC, FGR e IML, desde la que por fin se armoniza información estadística respecto a los homicidios, precisamente porque todas las instituciones tienen su forma de registrar, ha habido un esfuerzo de la armonización hasta la fecha. Pero todavía prevalecen diferencias entre las instituciones en cuanto a la forma que lo registran.

Ahí siempre está  la necesidad de fortalecer la capacidad de coordinación institucional y también los criterios que se usan para levantar estas cifras.

La debilidad que vio el PNUD era que estos problemas de coordinación aún existentes, dificultarían el diseño de políticas públicas más certeras para combatir el crimen.

Claro, tener claridad en las cifras es una condición para poder diseñar una buena política que atienda la problemática y poder evaluar su impacto.

Ahora, la información está clara, pero el problema es que parece que las instituciones no la comparten todavía y hay una posibilidad de mejorar la comunicación y el tema de criterios. Es muy difícil levantar esta información porque no hay un número único para cada uno de los casos y si hubiese un número único, sería una persona con un solo expediente para las tres instituciones.

Aparte de las cifras, está el problema de determinar qué figura delictiva es la responsable por la mayor cantidad de homicidios

Como decía, no todos lo registran de la misma forma y hoy en día las pandillas no son lo que eran antes y se hace más difícil identificar cuándo un delincuente se puede considerar o no de pandillas y puede ser que una pandilla se instrumentalice en el marco del crimen organizado o no necesariamente.

Hay formas de mejorar la calidad de la información y yo creo que se está impulsando ese esfuerzo y va a requerir una coordinación interinstitucional similar al modelo que se ha hecho con la mesa técnica, que reúne a todos los sectores que tienen que ver con la problemática.

¿El PNUD maneja su banco de cifras?

Como PNUD, en el tema de seguridad hacemos uso de las cifras oficiales y eso nos permite alimentar nuestros análisis, proyecciones, etc. Nuestra forma de incidir es acompañar y fortalecer los sistemas en la institucionalidad pública nacional ya sea a nivel central o local, pero no conducir de forma directa un levantamiento de información estadístico sobre la problemática de seguridad.

Una de las justificaciones para los más recientes cambios en seguridad es que el Gabinete de Seguridad no tenía un trabajo de coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). ¿Cree que con los ajustes en dicho gabinete, se mejoraría la coordinación?

Siempre se puede mejorar la coordinación y creemos que se necesita hacer esfuerzos grandes en ese aspecto. Ya había esfuerzos con el gabinete de seguridad que se reunía periódicamente, pero esperamos que también se mejore la coordinación, ya que es importante porque sabemos que la problemática no se resuelve con una actividad de represión o con una de prevención, se hace con un conjunto de actividades y se deben hacer de forma holística.

La problemática trasciende un Ministerio de Seguridad o una Policía, hay que trabajar en toda la cadena de valor del sistema de justicia. La capacidad de carga de ese sistema ya se agotó hace mucho tiempo, por eso todavía hay estadísticas de 93 por ciento de impunidad en homicidios, porque el sector no tiene la capacidad de procesar estos casos.

También hay que hacerle frente a la problemática de sobrepoblación en las cárceles y qué va a pasar con todas las personas que van a ir entrando a ese sistema. No se debe abordar el problema desde un solo ángulo, hay que abordarlo no perdiendo de vista los distintos ingredientes de éxito de una política eficiente de respuesta a la violencia.

Hemos escuchado al canciller y al presidente y nos alegra que creen y apuestan a lo que llamamos la “mano inteligente”, porque al final de cuentas, de la misma forma que las estadísticas son importantes para una política, la inteligencia del territorio es importante para dar una respuesta eficaz a la violencia.

La policía de proximidad es sumamente importante por el involucramiento con las comunidades y la ciudadanía proporciona los elementos de información que permiten a los sectores involucrados en el problema de seguridad el poder actuar correctamente y eso es algo de lo que está haciendo falta. Hoy día hay una gran resistencia por parte de la población a pronunciarse sobre los delitos, tienen miedo por los problemas en el sistema de protección de testigos, etc. Y hay una necesidad de sensibilizar a la población en su conjunto para que sea participe de la respuesta a la problemática de la violencia.

Ése es el reto del nuevo ministro de Justicia y Seguridad, el acentuar ciertos aspectos de la respuesta y mantener una visión más amplia de la problemática, siempre respetando los derechos humanos, que como Naciones Unidas consideramos importante.     

¿Qué indicios ha mostrado el gobierno de apostar a esto que llama “mano inteligente?

Las demandas de apoyo y los observatorios de la violencia. Para nosotros es un indicador que a las autoridades les interesa saber dónde está la problemática.

Para ser franco, ninguno de nosotros ha tenido una plática larga y tendida con el actual ministro de Justicia y Seguridad (David Munguía Payés), pero lo que hemos observado nos parece que se han mantenido los programas de prevención, porque de nada sirve detener provisoriamente la violencia por un lado si se sigue propagando por el otro; hemos visto también una intención en modernizar la respuesta y sentimos que es importante, sabiendo que la problemática ya no es lo que era antes con todo lo que implica la infiltración del narcotráfico al país y la criminalidad organizada, tomando en cuenta además su poderío económico y sus redes sólidas, capaces de desarticular policías como hemos visto en varias partes.

¿No cree que el ministro Munguía Payés, al manejar que el 90 por ciento de los homicidios son cometidos por las pandillas, está queriendo justificar una ofensiva a esta figura delictiva, en la que se podría descuidar el control hacia otros delitos?

Difícil decirle lo que está pensando el ministro, tendrá sus fuentes para decir que es el 90 por ciento. Como le repito, nosotros no tenemos el dato exacto, pero confiamos en que él sí lo tenga.

Ahora, independientemente que sea el 10, 20 o 30 por ciento, el problema de las pandillas es serio y combatirlo es ampliamente justificado; lo que no sería positivo es que haya un descuido en los demás frentes. Pero como le decía en un inicio, no vemos indicios que se quieran descuidar los demás frentes y nosotros estamos acá para apoyar la institucionalidad nacional para mantener esa respuesta integral.

Es por eso del llamado del presidente Mauricio Funes, aunque era algo que veníamos viendo desde años anteriores, que hay una necesidad de mayores recursos en esta temática. Cálculos nuestros de años atrás nos indican que el costo de la inseguridad es mas del 11 por ciento del PIB, que es enorme, y la inversión en comparación es mucho menor y toda la cadena de justicia debe verse involucrada, incluyendo la FGR, en la que algunos fiscales tratan hasta 500 casos al año. ¡Eso es inhumano!

No es fácil ni barato, pero es una inversión importante porque la inseguridad le está creando problemas de otra índole al país, está ahuyentando la inversión nacional, inversión extranjera y todo lo que representa el motor de crecimiento y desarrollo del país y sin eso va a ser difícil prosperar y por eso es que no podemos desasociar la problemática de seguridad del resto del desarrollo del país.

¿Que alternativas tomar para inyectar la inversión necesaria para solventar la problemática de seguridad? 

Los recursos del Estado son siempre los mínimos. Ahora hubo una reforma fiscal y además de eso, debe haber un diálogo mucho más directo con los sectores privados para levantar los recursos necesarios para una respuesta consensuada y bien estructurada con estos sectores. Eso es difícil porque este es un país que no está acostumbrado al diálogo para consensuar políticas públicas, pero es más fácil levantar recursos de inversión a través de ciertas reestructuras fiscales si hay un acuerdo político y social sobre qué se va a hacer. Para eso se necesita un plan claro, comunicado y consensuado.

En Colombia y en otros países se hizo lo mismo; lo hablaron con su gente, con sus empresas, sus gremios organizados, sus tanques de pensamiento e intelectuales y llegaron a la conclusión de que, efectivamente es una buena inversión pagar más por seguridad si ese plan tiene el abordaje integral para que dé resultado. Pero de nuevo, son temas que hay que tratar a largo plazo porque la criminalidad no se va a resolver del día para la mañana, obviamente la comunidad internacional está tratando de dar el apoyo necesario, pero nada va a sustituir los recursos del Estado y la responsabilidad de la población de solidarizarse para dar solución concertada y estructurada a un problema que el 67 por ciento de la población considera que es el mayor desafío del país.

El tema de recursos es neurálgico y puede ser el talón de Aquiles de una buena política y hay que sensibilizar sobre hacer el levantamiento de estos recursos, pero también se puede entender la parte que dice: ¿cómo voy a pagar más si todavía no se para dónde va exactamente? Así que hay que hacer un esfuerzo de comunicación sobre la estrategia, para hacer participes a estos actores de esta visión. Es necesario el diálogo porque éste posibilita que una política de gobierno se convierta en una política de Estado a largo plazo, con el sustento y el acompañamiento de la sociedad.

Siendo el sistema de Naciones Unidas el principal dinamizador del Proceso de Paz en El Salvador ¿cómo evalúa la llegada de un elemento que procede directamente del Ejército a dirigir la PNC?

Ya no estamos evaluando los Acuerdos de Paz y no nos corresponde cuestionar las decisiones del presidente de la República. Lo que sí observamos con claridad es que no hay tal cosa como una militarización de la PNC en sí. El hecho que si fueron o no fueron militares no es un hecho que estemos analizando y cuestionando y nadie nos lo ha pedido, más allá de eso es ver que la gestión de la PNC y del Ministerio de Seguridad no ha sido militarizada, es importante acá el uso del lenguaje y hay que subrayarlo.

Hasta el momento, no hemos constatado lo que le digo. En la práctica, la sociedad está enfrentando una situación que nadie se imaginaba hace 20 años, el nivel de sofisticación de la violencia en el Triángulo Norte es sin precedente, las respuestas de hace cuatro años son obsoletas el día de hoy y son necesarias respuestas nuevas y esto pasa por cambios que nos cuesta entender; pero creo que no se debe perder de vista las apuestas estratégicas para que el concepto de “mano inteligente” sea veraz y que no se está en ninguna ecuación de mano dura.

Esto va también por una cuestión de eficiencia, si usted tiene una policía que no sabe los puntos que concentran mayor criminalidad y en los horarios de mayor criminalidad no se está haciendo un uso eficiente del recurso, pero creemos que el espíritu de lo que se ha querido hacer es eso, tener una Policía conducida por civiles y hasta el momento no hemos visto ministros uniformados.

En el mismo sentido, el nuevo ministro de Seguridad pidió a las cúpulas de los partidos que lo apoyaran en el fortalecimiento de legislación, no descartando la implementación de estados de excepción ¿Cree necesario llegar a esta situación?

Con toda franqueza, en un país donde se tiene una tasa de homicidios por encima de Afganistán o Irak combinados, es posible que se llegue a dar una situación de estas, por el momento lo desconozco y no creo que sea la intención de la política. Lo que creo que es parte de una estrategia más integral de darle respuesta a una criminalidad cada día más organizada a través de actores como carteles, que tienen cada vez más influencia en una delincuencia más común.

Ahora, no creo que se tenga que revisar los marcos legales a la luz de una población meta, sino que tiene que ver la problemática en su conjunto, pero no considero que se trate de endurecer los marcos legales, sino más bien mejorarlos continuamente para adaptarlos al contexto. Además que cualquier medida de estas pasa por un debate en la sociedad, a través del parlamento y eso es lo lindo de la democracia, que al final posibilitará la discusión de la problemática en su conjunto.

En contrapartida, ¿en qué otras medidas se deben insistir y que no generen tanta polémica?

Hemos tenido experiencias muy lindas en lo territorial en municipios como Sonsonate, Sonzacate, Acajutla, San Martín, Colón; en donde hemos podido desarrollar el abc del abordaje a la prevención de violencia y nos permitieron aterrizar mejores prácticas internacionales a El Salvador, alimentando con asesoría la política pública nacional con ejemplos que sí funcionan.

Por ejemplo la veda de armas; en el municipio de San Salvador se sabe que el 70 por ciento de los crímenes son cometidos con armas de fuego. La veda de armas no se ha generalizado a nivel nacional, pero se ha demostrado en el mundo entero que no se puede combatir los crímenes cometidos con arma de fuego si no se ejerce un control sobre los mismos. Se dice que en el país circulan 500 mil armas de manera legal o ilegalmente y solo en San Salvador se redujo, gracias a este tipo de medidas, los crímenes con arma de fuego en 30 por ciento.

Pero esto no sirve de nada si no se tiene lo demás, como por ejemplo la dinamización de espacios públicos para que la población no se esté criminalizando.