Se quejó de ser tratado como que si fuera de las “maras”
Agencias internacionales
CIUDAD GUATEMALA - El general retirado y ex jefe del gobierno de facto (1982-1983) de Guatemala Efraín Ríos Montt compareció este jueves ante una jueza para rendir su primera declaración por el delito de genocidio que le imputa el Ministerio Público (MP), pero hizo uso de su derecho de no declarar.
En primera instancia, Ríos Montt expresó a la jueza Patricia Flores: "prefiero guardar silencio", cuando ésta le pregunto si deseaba declarar luego que el fiscal por los Derechos Humanos, Manuel Vásquez, leyó las extensas imputaciones en su contra.
El ex gobernante de facto apenas se comunicó con sus abogados para quejarse porque "como si era jefe de la mara (pandilla juvenil) me pusieron", en referencia al lugar donde debió permanecer sentado para escuchar las imputaciones en su contra.
Ríos Montt ha alegado inocencia frente a las acusaciones por genocidio y sus abogados han expresado su estrategia para demostrarla, con base al argumento de que durante su mandato sólo conoció planes políticos y no decidió sobre operaciones militares contrainsurgentes.
El recuento de hechos imputados por la fiscalía durante la audiencia incluyen 1.771 muertes de civiles, hombres, mujeres y niños, de las cuales se encuentran documentadas mediante pruebas científicas 267. También 1.465 violaciones de mujeres, 29.000 desplazados y 54 comunidades desplazadas.
Ríos Montt "promovió y ordenó 72 hechos... en donde se cometía violación sexual por parte de los soldados, como diversión", señaló el fiscal.
Estos hechos forman parte de las graves violaciones de los derechos humanos y genocidio que se atribuyen al ex jefe de gobierno de facto. Además se le imputan delitos contra deberes de la humanidad, como destrucción de alimentos y control de recursos de la población.
En la lectura de las imputaciones, el fiscal hizo una amplia exposición, al grado que la jueza Flores le llamó la atención para que fuera más puntual.
Parte de la exposición de Vásquez se centró en exponer y citar los acuerdos por medio de los cuales le fue conferido al ex jefe de Estado el cargo como comandante general del ejército y otras posiciones de decisión dentro de la estructura de las fuerzas armadas.
Estos acuerdos representan algunas de las pruebas que la fiscalía espera sean tomadas en cuenta para desvirtuar los alegatos de la defensa, en el sentido de que Ríos Montt no tuvo injerencia en las decisiones para la ejecución de las políticas armadas contrainsurgentes.
La acción contra el ex jefe de Estado es promovida por el MP a partir de una querella planteada contra varios militares por una organización jurídica no gubernamental en 2007.
Ríos Montt estuvo acompañado por su hija, Zury Ríos. Ambos perdieron el escaño que mantenían en el Congreso el pasado 14 de enero, cuando asumió la nueva legislatura. Ninguno de los dos fue reelecto, y con eso el ex general golpista perdió la inmunidad ante la ley.
Cientos de activistas de derechos humanos y familiares de víctimas del conflicto armado acudieron a la Torre de Tribunales para estar presentes en la "histórica audiencia". No se informó de incidentes.
Específicamente, el MP atribuye a Ríos Montt la responsabilidad en el diseño y ejecución de planes militares contrainsurgentes cuando ejercía la jefatura de Estado de Guatemala y a la vez era comandante general del Ejército.
La defensa de Ríos Montt reclama inocencia, aduciendo que el ex jefe de Estado no tuvo responsabilidad en las operaciones de contrainsurgencia, pues desde su cargo sólo dirigió planes políticos.
La estrategia de la defensa consiste en plantear que al ex gobernante se le cambie el delito y sea juzgado por omisión, al no evitar que los planes contrainsurgentes que provocaron la muerte de miles de civiles fueran ejecutados por el alto mando castrense.
La querella contra los ex jefes militares fue planteada en 2007 por la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR).
Como resultado de esta acción legal, dos generales que ocuparon altos cargos en los años 80 guardan prisión preventiva, mientras el también ex general Oscar Mejía Víctores, ex jefe de Estado de facto (1983-1986), quedó sin ser alcanzado por la justicia porque una jueza lo declaró sin suficiente capacidad física y mental para encarar un juicio.
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