Noticias de El Salvador - ContraPunto

El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán: A 20 años de paz en El Salvador, “el objetivo principal se cumplió”   

Por Sandra Weiss (*)

MEXICO DF-Hace 20 años, recién firmada la paz en el Castillo de Chapultepec entre la guerrilla, el gobierno y los militares salvadoreños, bajo los auspicios del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el abogado peruano Diego García Sayán fue llamado por la ONU  a participar en la Comisión de Verificación de los acuerdos de paz.  

El especialista en derechos humanos es parte de una generación de diplomáticos peruanos que se colocó al mando de las Naciones Unidas, junto con Javier Pérez de Cuéllar, quien fue secretario general de la ONU durante 10 años (enero1982- diciembre1991).  

Su papel como verificador en la misión de la ONU en El Salvador (1992-1995) fue crucial para el cumplimiento de los compromisos asumidos por la guerrilla y el gobierno que combatieron más de una década en una guerra que dejó  al menos 75.000 muertos y 5.000 desaparecidos.  

Hoy, desde su privilegiada posición de presidente de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos, García Sayán comparte su apreciación sobre el desenlace de aquel proceso y explica lo qué significa la defensa de derechos humanos en el contexto actual de violencia y narcotráfico en América Latina.  

El rol de Naciones Unidas fue decisivo en la negociación y firma de los Acuerdos de Paz hace 20 años en El Salvador, el 16 de enero de 1992. ¿Cuáles fueron las principales claves del mayor éxito de la ONU en la solución de un conflicto armado interno? 

Hubo tres fases distintas del proceso de pacificación: la negociación, la verificación y la ejecución de los Acuerdos de Chapultepec. La primera fase fue la negociación de los acuerdos de paz. En esa fase las Naciones Unidas jugaron un papel protagónico y proactivo, generando situaciones sustantivas para llegar a acuerdos, sin limitarse únicamente a llevar un registro de las conversaciones, de los acuerdos o de los desacuerdos.  

En segundo lugar, la ONU cumplió una verificación en el terreno, sin precedentes en la historia de las Naciones Unidas para un conflicto armado interno, en donde se desplegaron  militares, policías y civiles de la ONU para garantizar los acuerdos en el aspecto militar, en la creación de una nueva policía, en la creación de instituciones democráticas, y en el respeto a los derechos humanos.  

Y en tercer lugar, la intermediación de la ONU ha sido importante en el proceso posterior de reconciliación de la sociedad salvadoreña. Se ha cumplido la plena reincorporación de los excombatientes de ambos bandos en la vida democrática y política de El Salvador.  

Por lo tanto ha habido un proceso excepcionalmente ejemplar y positivo que naturalmente tuvo que ver con un contexto internacional del fin de la Guerra Fría (entre EEUU y la ex Unión Soviética), que había tenido entre una de sus expresiones regionales los conflictos internos en Centroamérica. Pero si no hubiera sido porque los salvadoreños, su aparato político, militar y la guerrilla, entendieron que en ese contexto de guerra había que llegar a acuerdos en serio, Naciones Unidas no hubiera podido hacer nada.  

El papel de Estados Unidos ha sido importante en ese proceso. ¿Cuál fue el punto de inflexión  para que el gobierno de George Bush padre entrara a negociar la paz en El Salvador? 

Era importante el viraje en la ex Unión Soviética y las señales que se producían desde Moscú, desde que Mijaíl Gorbachov anunciaba que los apoyos que se habían generado a través de Cuba para la guerrilla del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) estaban por terminar. Fue un proceso gradual, porque al principio era difícil de asimilar que en El Salvador no se jugaban únicamente cuestiones de diferencias ideológicas, sino que había un tema que tenía que ver con la paz regional de Centroamérica y que la inestabilidad interna de un país generaba no solamente un costo muy grave en vidas y violencia, sino también podía poner en peligro la paz regional.  

Si los Estados Unidos no hubieran aceptado en este contexto dar un papel vigoroso a las Naciones Unidas, tampoco se hubiera podido llegar a la paz. De tal manera que Estados Unidos ha sido un elemento muy importante para persuadir a quienes tuvieron una actitud más reticente a las concesiones que hay que hacer en una negociación para salir de un conflicto armado.   

¿Cuáles fueron las principales dificultades para alcanzar el texto final de los acuerdos de paz aprobado antes de las 12 de la noche del 31 de diciembre de 1991, cuando expiraba el mandato de 10 años de su compatriota Javier Pérez de Cuellar al frente de la ONU? 

El papel de la Fuerza Armada salvadoreña en el futuro esquema político de El Salvador y lo que correspondía hacer con los combatientes fueron los escollos más importantes. Para que ese tema crucial se abordara creativamente como se hizo, fue muy importante el proceso de verificación de los acuerdos sobre derechos humanos que se firmaron en Ginebra, antes de los acuerdos de paz de Chapultepec, lo que permitió que se desplegara en el terreno una fuerza de las Naciones Unidas antes del fin de la guerra, para frenar los extremos de la violencia de uno y otro lado, y crear un clima para lograr los acuerdos.  

¿Veinte años después, cuál es su opinión sobre el nuevo papel del Ejército al frente de la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico en El Salvador, que ha desatado críticas de quienes opinan que es una violación a los acuerdos de paz? 

No puedo hacer una apreciación ni emitir un juicio de valor, primero porque no tengo información ni los criterios suficientes y en segundo lugar porque en mi posición de Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cualquier valoración que hiciera podría aparecer como una apreciación de la propia corte.  

¿Podría darnos una opinión de balance de la experiencia de pacificación en la que usted participó hace dos décadas sin comprometer a la CIDH? 

Creo que lo que tenemos que ver como telón de fondo es que en varios países de Centroamérica, no solamente El Salvador, sino también en Guatemala y Honduras, la violencia del crimen organizado es hoy una preocupación de la sociedad entera y de los gobiernos, que va dando lugar, naturalmente, a respuestas diversas. Recurrir a las instituciones militares ha sido una de esas respuestas. En el derecho internacional y en las normas internas de todos nuestros países latinoamericanos, el uso de las fuerzas armadas como algo excepcional cuando está en juego el orden interno es algo que tiene legitimidad. Al examinar cada caso, si se está haciendo bien o no, y si existen o no algunos excesos es algo que escapa a mi criterio. Creo que sería equivocado asumir que con el enfrentamiento al crimen organizado se está llevando a cabo una guerra civil interna en otros términos. Estamos hablando de fenómenos totalmente distintos, no podemos confundirlo y asumir que pueda asemejarse a aquel conflicto armado que ocurrió en El Salvador desde 1980 hasta 1992.  

¿Cuáles son los temas que aún permanecen pendientes al cumplirse 20 años de la firma de los acuerdos de paz? 

Me sería muy difícil hacer una evaluación de fondo a la luz de la realidad actual. Creo que lo principal de los acuerdos de paz se ha cumplido. Hay una serie de temas que son difíciles de concretar en un corto o mediano plazo, que son asuntos que tienen que ver con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es algo que requiere de una lenta y progresiva maduración.  

Sin embargo,  hay que destacar que existe ahora un andamiaje institucional que no existía en 1992, de manera que la agenda democrática, institucional y social que tiene ahora El Salvador es muy semejante al que tiene hoy el resto de América Latina, y no es más la que tenía hace 20 años un país que emergía de la guerra civil, en donde el derecho de los ciudadanos a circular libremente por su territorio y a poder vivir sin que sus seres queridos fueran ametrallados o desparecidos había quedado atrás.  

Sin embargo, en los temas relacionados con el respeto a los derechos humanos, la jurisprudencia internacional ha avanzado mucho. En El Salvador aún hay casos pendientes, como el de los seis sacerdotes jesuitas asesinados en 1989 junto con sus dos empleadas, que se ha reabierto en España, de donde casi todos eran originarios; o los casos del Arzobispo Arnulfo Romero; o del poeta Roque Dalton, asesinado por sus compañeros en 1975, entre ellos Joaquín Villalobos, firmante de los acuerdos y actual asesor del gobierno de México en la guerra contra el narcotráfico. ¿Están las instituciones salvadoreñas  realmente listas para aceptar estos nuevos desafíos? 

De nuevo estoy ante la dificultad de no poder emitir una apreciación sobre las instituciones en El Salvador, pero debo insistir en que estamos ante un panorama que es muy semejante en mucho al del resto de América latina y no una excepción, lo cual por supuesto no es un consuelo. Pero hay cuentas que se heredan y que duran varios años, no sólo de situaciones similares a la guerra en El Salvador, pero sí de otros conflictos internos, como pueden ser Colombia o Guatemala, la emanación de dictaduras en Perú o Argentina, o Chile, que son temas que demoran un buen tiempo en resolverse y dependen de una serie de factores. Uno de ellos es la vitalidad de las instituciones democráticas; pero, si nos damos cuenta, en el mundo entero las generaciones permanecen con temas que siempre quedan pendientes: la guerra civil en España terminó hace más de 80 años y aún hay temas que la institucionalidad de ese país democrático no ha resuelto de manera completa.  

No podemos de ninguna manera ser injustos y asumir que hoy en día la institucionalidad jurídica de un país como El Salvador es igual a la que existía hace 20 años. Evidentemente no todo corresponde a lo deseable; pero hay un camino que pude tener una luz al fondo de la oscuridad.  

Usted preside desde hace dos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ¿Cuáles son los desafíos de una nueva agenda en materia de Justicia que está dominada por los crímenes del narcotráfico y el crimen organizado? 

Hay ahora un panorama con enormes amenazas para la estabilidad institucional y la vida de la gente, en donde ningún país tiene el libreto ni la receta para resolver este tipo de problemas. Yo creo que lo importante es encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de que la sociedad y el Estado usen todos los mecanismos para la prevención frente a la inseguridad;  y, por otro lado, el uso de la fuerza pública frente a la particular agresividad del crimen organizado.  

Se debe entender a la vez que en ese escenario, en donde la fuerza del Estado legítimamente puede y debe utilizarse, la preservación de los derechos de las personas es también absolutamente importante y crucial. No es por un prurito ético y jurídico, sino porque la colaboración de la sociedad y la interconexión constructiva de toda la sociedad con los esfuerzos de seguridad por parte del Estado es absolutamente indispensable como fuente de información y de legitimidad de la acción de la fuerza pública.  

El gran reto, no sólo para El Salvador sino para muchas otras sociedades latinoamericanas, es encontrar una adecuada interacción entre el ejercicio de la capacidad coercitiva y coactiva del Estado con la preservación y la protección de los derechos de las personas.  

En ese equilibrio frágil la CIDH juega un papel crucial, que muchas veces  le ha valido duras críticas: Perú no está muy feliz con la decisión de verse juzgado por la operación militar para recuperar la embajada de Japón tomada por la guerrilla en 1997; Colombia quiere revisar un fallo sobre la masacre (Mapiripán, 1997), en la que participaron paramilitares y el Ejército; Hugo Chávez quiere un nuevo sistema interamericano que remplace a la OEA. ¿Es un peligro que se margine el sistema interamericano de derechos humanos creado en el marco de la OEA? 

No lo creo. Ocurre todo lo contrario. Tenemos un sistema que está sujeto a críticas de quienes pueden estar descontentos con ciertos resultados; pero es un paisaje totalmente distinto al que existía hace seis o diez años. La mayoría de las sentencias de la Corte Interamericana se cumplen, los jueces de países como México, Argentina, Colombia  y Perú utilizan de manera creciente la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un criterio para adoptar sus propias decisiones judiciales. Todos los países que han reconocido la competencia contenciosa de la Corte comparecen regularmente para los procesos para los cuales son citados, allí presentan sus argumentos y alegatos de hecho y de derecho.  

Si uno u otro país, en determinada circunstancia, emite alguna crítica o apreciación, tiene que entenderse como parte de un escenario similar a los juicios que se dan entre las personas en una sociedad, en los que siempre habrá quienes comentan críticamente sus desacuerdos con las decisiones.   

En la medida en que la legitimidad del sistema interamericano se mantenga, creo que marchamos en muy buena dirección. Hoy el panorama es totalmente distinto al que había hace 20 años cuando se podía pensar que era una ilusión que una corte en países de América Latina podría dictar decisiones a las que los gobiernos de estos países les iban a hacer caso. El panorama está cambiando mucho.  

Hay nuevos planes del presidente venezolano Hugo Chávez y del ecuatoriano Rafael Correa de crear una Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que excluye a Estados Unidos e incluye a Cuba y marginalizar a la OEA ¿Esas ideas de los líderes de la izquierda regional en el poder pueden ser un peligro para el sistema interamericano actual? 

Puede haber ideas en algunos líderes regionales en cualquier sentido, a favor o en contra, sin embargo crear un espacio multilateral americano es un asunto sumamente complejo. En la reciente reunión de Caracas de la Comunidad de América latina y el Caribe apenas se creó un mecanismo de coordinación política y no se generó otra organización.  

El reto de América Latina es fortalecer la OEA (creada en 1948) y asumir una presencia más activa y vigorosa en la OEA con la misma perspectiva de ejercer una función crítica, con todo derecho, para las reformas necesarias del sistema interamericano. Ojalá  que América Latina, que en la OEA no es un actor muy protagónico, pase a controlar realmente a la OEA.  

Si el presupuesto de la OEA sigue dependiendo de Estados Unidos, Canadá y España, y no de los países latinoamericanos que son la mayoría y cuyas economías no han estado demasiado mal en los últimos años, le resta credibilidad a cualquier crítica que pueda hacerse a la OEA. Tengo también muchas críticas al sistema interamericano, como las tienen muchas personas, pero pensar que se pueda construir un ente multilateral alternativo es algo sobre lo que se puede especular, pero que difícilmente se podría concretar.  

Usted tiene a la vez experiencia diplomática en casos en los que la diplomacia latinoamericana tuvo momentos estelares en el mundo, cuando la ONU fue dirigida por el peruano Javier Pérez de Cuéllar, su compatriota y amigo, que además de la paz en El Salvador logró el alto al fuego en la guerra Irán-Irak y negoció el fin de la guerra del Golfo Pérsico. Pero últimamente no se escucha tanto ese protagonismo, como se constata en los casos de Colombia o Haití, donde los países latinoamericanos no pintan. ¿Hacia dónde se dirige la diplomacia latinoamericana? 

Los grandes demandantes actuales de procedimientos internacionales ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya son países de América Latina, que muy explícitamente han optado porque ese sea el canal de los arreglos jurídicos internacionales,  el camino para resolver las diferencia entre países vecinos. Eso es algo que antes en otro contexto podría haber llevado a conflictos entre naciones, entre Argentina y Uruguay, entre Perú y Chile, entre otros casos bilaterales. Hoy se está utilizando en Latinoamérica el derecho internacional para resolver los conflictos. Eso daría cuenta aparente de un menor vigor y menor creatividad de la diplomacia latinoamericana, pero creo que es exactamente al revés. Creo que hay un nuevo espacio en donde ahora se resuelven diferencias por canales políticos y del derecho que en otros contexto se  habrían dirimido a través de conflictos armados.

(*) Tomado de Milenio Semanal, con permiso exclusivo de la autora