Noticias de El Salvador - ContraPunto

Carlos Velásquez Carrillo (*)  

TORONTO - A dos décadas de la firma de la paz, son pocos los que aún creen que los Acuerdos debían solucionar de entrada la pobreza, la injusticia social y la galopante concentración de la riqueza que han caracterizado al país desde su fundación.  Estos factores fueron las causas de raíz del conflicto armado, pero paradójicamente fueron ignorados durante el proceso de negociación.  El objetivo inmediato era buscar el fin del conflicto armado, lo cual era impostergable tomando en cuenta las circunstancias internas y externas, y todo el esfuerzo se concentró en llegar a esa meta.  Pero no hay duda que al no negociar el sistema socioeconómico del país, los Acuerdos nacieron con media vida (por no decir medio muertos): sin una restructuración del sistema socioeconómico oligárquico (que ahora es oligárquico neoliberal), el proceso de paz no puede ser concluido a plenitud, simplemente porque uno de los motivos que desencadenaron la guerra se ha consolidado en los últimos veinte años.

Los pilares del sistema contra el que luchó el proyecto revolucionario del FMLN fueron dos: por un lado, el sistema socioeconómico oligárquico que había sido establecido en la década de los 1880s por la oligarquía cafetalera una vez las mejores tierras para el café fueron capturadas por ésta mediante las “reformas liberales” de fin de siglo; y por el otro, la dictadura militar, que se instaló en 1931-1932 después del “susto” insurreccional, y protegió a la oligarquía cafetalera y la ayudó a consolidarse.  Esta dictadura acabó gobernando el país, oficialmente, hasta mediados de los 1980s. 

El FMLN sabía que no podía desmantelar los dos pilares durante la negociación de la paz, y se tuvo que conformar con desmantelar sólo el segundo.  Es casi infantil pensar que la oligarquía iba a negociar el régimen de acumulación que sustentaba sus privilegios, pero el hecho de que los Acuerdos de Paz no hacen referencia al primer pilar nos da algunas pistas necesarias para entender lo que ha sucedido en este rubro desde 1992.

Los Acuerdos de Paz no tocaron de forma sistemática el régimen de tenencia de tierra del país, el cual fue, sin duda, una de las principales causas del conflicto armado.  Pero más importante, los Acuerdos no abordaron las políticas incipientes del modelo neoliberal que ya habían sido introducidas por el gobierno de Cristiani en 1989, y las que, eventualmente, sirvieron de base para la consolidación de la oligarquía nacional y su transformación en un clase oligárquica-neoliberal.  Ya sin el principal obstáculo para llevar a cabo esta consolidación, es decir, el ejército revolucionario del FMLN (los Acuerdos desarmaron al FMLN, hay que decirlo), y sin ningún obstáculo legal-institucional al alcance, la nueva oligarquía encontró la vía libre para reconfigurar su poder histórico y afianzar su dominio sobre el país. 

No pretendo generar polémicas o adjudicar culpas históricas, y es más, concuerdo con Dagoberto Gutiérrez cuando dice que “en la medida en que el ejército salvadoreño no pudo derrotar militarmente al FMLN, el FMLN ganó la guerra.”  Pero para la oligarquía, este debate sale sobrando.  Lo que a los oligarcas les interesaba era mantener y aumentar sus privilegios, y lo lograron con creces.  Hasta se regocijaron con el hecho de que los militares, como poder fáctico, fueron reducidos a la irrelevancia por los Acuerdos; la nueva era neoliberal no aceptaba competencia, y ya la oligarquía había pagado mucho económicamente para mantener a los militares como garantía para su seguridad.

Para el FMLN, los cambios socioeconómicos anti-oligárquicos (ni siquiera anti-capitalistas) tendrían que venir a través de la vía electoral.  Con el apoyo del voto del pueblo salvadoreño, esas reformas verían la luz del día después de tanta sangre derramada para verlas nacer.  Esta opción resultó escurridiza, y el FMLN se perdió en sus propias divisiones internas, su incapacidad de liderar, y su inhabilidad de competir con la maquinaria y preponderancia electoral de ARENA (y el poder económico y mediático que los apoya). 

Cuando el FMLN llegó al poder, la nueva estructura de poder del país estaba ya cimentada de forma casi inquebrantable.  Con el modelo neoliberal implementado por ARENA, los oligarcas de siempre, y unos cuantos nuevos, lograron apoderarse de los bancos y de todo el sistema financiero nacional, además de recuperar el comercio internacional, mucha de la tierra que habían perdido con la reforma agraria, y la importación de comida y medicinas; prosperaron en los negocios de la construcción y bienes raíces, el cemento, las bebidas, las aseguradoras, y las pensiones; y la dolarización y el libre comercio les ayudó a consolidarse como una oligarquía neoliberal importadora, basada en los servicios, y alérgica a la producción y las exportaciones. 

Mientras tanto, el pueblo tuvo que conformarse con aceptar una economía de servicios y enfocada en el consumo que ofrece en su conjunto trabajos precarios con sueldos de hambre (se podría decir que es un neo-esclavismo, sobre todo si se analizan los sueldos mínimos y su relación con la canasta de precios de mercado).  Los que no alcanzan, se van a Estados Unidos para mandar las remesas que a su vez ayudan a perpetuar el modelo que los escupió fuera del país.

Hoy por hoy, El Salvador sigue siendo uno de los países con peor distribución de riqueza del mundo: el 20 por ciento más rico de la población recibe 54 por ciento de la riqueza, mientras que el 20 más pobre apenas recibe alrededor de 2.5 por ciento de ésta.  En el país manda un pequeño grupo de familias con apellidos oligárquicos históricos, quienes, vale decirlo, coronaron su “labor histórica” con la venta de los bancos en 2006/2007, con una ganancia de 4 mil millones de dólares, cuando no habían pagado un solo centavo para adquirirlos en 1991/1993 (los recibieron sin cartera morosa, que ya había sido “saneada” con fondos públicos).

Sería injusto decir que la culpa la tienen los Acuerdos, sobre todo porque no es difícil hablar 20 años después y la negociación fue un proceso arduo y complejo con muchas enredaderas y obstáculos.  Pero sí se puede afirmar que el hecho de que los Acuerdos hayan ignorado el sistema socioeconómico sentó un precedente problemático para el país, el cual ahora está pasando factura.  Es cierto que los Acuerdos fueron esencialmente un pacto político e institucional, pero ¿cómo esperar un país diferente (como lo estipulan los Acuerdos mismos) cuando una de la principales fuentes de sus problemas nacionales no es abordada?  Los Acuerdos no fueron diseñados para acabar con el privilegio y la miseria, pero en un país como El Salvador, esto equivale  a decir que la quimioterapia no está diseñada para eliminar el cáncer.

No es de extrañarse que para la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas, en el 2012, es la situación de violencia común, pandillas y crimen organizado lo que acapara su preocupación en el día a día.  Ahora hay más muertos que hace veinte años, y pocos nos atreveríamos a pasear por lugares donde antes lo hacíamos con relativa tranquilidad.  Pero este problema nacional no nació de forma aislada o independientemente del régimen socioeconómico que, en realidad, lo alimenta y reproduce.  Es un error garrafal divorciar a la economía política de los problemas de seguridad, y éstos deben abordarse de forma conjunta y con una estrategia de largo plazo que incluya la prevención, la educación, y la concientización, entre otros factores. 

En este sentido, desmantelar el régimen oligárquico neoliberal, que tuvo unas de sus piedras fundacionales en los Acuerdos de Paz (no por acción, sino por omisión), resulta una tarea impostergable. 

La verdadera paz se logra al eliminando las injusticias y sentando las bases para que todos podamos aspirar a vivir una vida digna.  Mientras exista un régimen socioeconómico que beneficia a unos cuantos a costa de la mayoría, y que tiene repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad, la palabra paz no dejará de representar un concepto abstracto, casi hueco, que quizás podremos divisar a lo lejos, pero al que jamás podremos tocar.   

(*) Columnista de ContraPunto