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Luis Armando González (*)   

SANTA TECLA-Interesantes reflexiones se han suscitado, en estos días, con motivo del 20 Aniversario de los Acuerdos de Paz. Los principales actores que intervinieron en su elaboración y firma se han pronunciado en torno a los mismos. Otros actores del país, no vinculados directamente con la gestación de los históricos documentos, también han expuesto sus consideraciones y análisis.

Sin que hubiera una planificación previa, se ha generado un debate público sobre lo que significó el fin de la guerra civil por la vía negociada, así como sobre lo que se esperaba de los acuerdos con los que cesaron las hostilidades militares en enero de 1992.

Se ha escuchado de todo. Algunas voces de la derecha –cercanas al (e incluso intervinientes en el) proceso de negociación— no sólo ven los Acuerdos de Paz como algo finiquitado exitosamente, sino que sostienen en el país debe imperar un “borrón y cuenta nueva” en materia de impunidad.

Su tesis del “perdón y olvido” –siempre presente en su discurso desde 1992—ha sido puesta en circulación de nuevo, siempre bajo el supuesto de que todos los hechos de sangre valen lo mismo y que las responsabilidades están igualmente repartidas entre quienes participaron, como protagonistas, en la guerra civil.

Lo anterior es sumamente discutible. Para comenzar, el éxito de los Acuerdos de Paz es relativo; sus mejores logros atañen a la esfera política e institucional. Sus límites, en lo económico-social. Ufanarse de lo exitoso del proceso salvadoreño, sin prestar atención al fracaso del modelo económico diseñado de espaldas a los Acuerdos de Paz –y aprovechando el marco institucional creado a partir de ellos— es un despropósito mayúsculo.

Cabe ser igualmente críticos con la tesis del “perdón y el olvido” y su complemento de que las responsabilidades están igualmente repartidas entre los protagonistas de la guerra. Definitivamente, no.

Las responsabilidades de los agentes estatales son mayores, no sólo porque se valieron de sus atribuciones y poder institucionales para violentar derechos humanos fundamentales de los ciudadanos, sino porque la cuota de dolor causada por esos agentes –medida en términos de asesinatos, torturas y desapariciones— fue más alta que la de otros protagonistas.

Algo que no puede obviarse es que en la mira de los agentes estatales (cuerpos de seguridad, ejército, grupos paramilitares) no sólo estaban los adversarios militares, sino sectores de la sociedad civil a los que se consideraba enemigos del orden establecido: sindicatos, gremios, organizaciones populares y órdenes religiosas. Y contra estos sectores la violencia estatal y paramilitar fue salvaje y brutal. El Mozote es un símbolo de esa violencia; una violencia que no debe repetirse, ciertamente, pero que también debe dar lugar a las debidas reparaciones.

Un desafío ineludible que nos plantean los Acuerdos de Paz consiste en su justa comprensión. No sólo fueron concebidos para terminar con la guerra y hacer reformas políticas que permitieran avanzar en la democratización del país, sino construir una sociedad incluyente y justa, fundada en el respeto irrestricto de los derechos humanos.

En este último aspecto, los Acuerdos de Paz son inseparables del Informe de la Comisión de la Verdad, que casi nadie menciona. La defensa de los derechos humanos no se hace en el vacío, sino desde situaciones en las cuales su negación es evidente.

Antes y durante la guerra, los derechos humanos de los salvadoreños fueron violentados principalmente por el Estado y los grupos paramilitares (escuadrones de la muerte) que nacieron bajo su amparo.

Edificar un país fundado en el respeto a los derechos humanos exige, como punto de partida, no el perdón y el olvido, sino la debida restitución de los derechos violentados, la dignificación de las víctimas, la reparación y la deducción de responsabilidades. Perdón y olvido significan impunidad. Y la impunidad está en la raíz de las violaciones a los derechos humanos cometidas en El Salvador antes y durante la guerra civil.

Comprender los Acuerdos de Paz debe llevarnos a valorar críticamente su implementación integral. Esta no fue completa. La gran falla estuvo en lo económico-social, que es donde el país acumula sus problemas más graves.

Atender esos problemas supone un nuevo diseño estratégico en lo social, lo económico y lo medioambiental. Ese diseño debe correr por cuenta de Estado, con la participación de los principales actores nacionales. El sector laboral –obrero y campesino—debe tener una voz en ese nuevo planteamiento.

También la intelectualidad crítica, los profesionales y técnicos. ¿Y la empresa privada? También. Pero sabiéndose parte de algo más grande e importante que ella; dejando se verse como “el sector productivo” o “la gente de trabajo”, porque ambas características en lo absoluto le son exclusivas.

(*) Columnista de ContraPunto