Armando Salazar (*)

Se pone en evidencia una continuidad y ampliación de una alianza estratégica con el gobierno norteamericano, las trasnacionales y el gran capital criollo y, ciertamente, un distanciamiento de la voluntad de la ciudadanía que eligió a un presidente para iniciar cambios sustanciales en este país. El campo del derecho a la vida y la seguridad, precisamente es uno de ellos: llevar ante la ley a los principales delincuentes de este país. Entonces, está sucediendo una profundización del proceso de enajenación de esa voluntad social.

El presidente Funes efectivamente está haciendo cambios en la seguridad, pero en sentido contrario a los mandatos de los acuerdos de paz en torno a su principal logro: la desmilitarización de la sociedad y las instituciones de servicio público, la separación de los militares de la seguridad pública. Es un retroceso político-institucional, que ni los gobiernos de Arena se atrevieron a ejecutar. A cambio, recibirá “ayudas” financieras, asocios y proyectos de tránsito terrestre.

Cuando Mauricio Funes, confirmó al general Munguía Payes como Ministro de Justicia y Seguridad, le encargó la tarea estratégica de crear la “unidad nacional” del país frente al grave problema de la delincuencia y crimen organizado.

Sin embargo, se ha expresado una importante desconfianza ciudadana, a lo que Funes y Munguía Payés han dado en llamar “un debate estéril”. Muchos ciudadanos, la misma Procuraduría de Derechos Humanos, la UCA, el FMLN, así como otros sectores sociales e institucionales, han señalado la usurpación de las funciones públicas de seguridad por parte de militares, situación que se creía superada después del drama que vivió el país por sesenta años.

La “unidad nacional” que está planteando Funes está colgada de ese mismo mohoso clavo: los militares. Un clavo donde la derecha, el capital y los norteamericanos siempre se han guindado, han usado a su arbitrio y sin fiscalización. Ojala no se vaya a producir una gangrena institucional y de las políticas de Estado.

¿Por qué no se plantea la “unidad nacional” en torno a la prevención, por ejemplo, y la masificación de construcciones socio-culturales de amplio beneficio a la juventud y la niñez? Los medios de comunicación hegemónicos, por ejemplo, pudieran dar una gran colaboración con solo sacar del aire programas y músicas agresivas, de donde también las maras encuentran sintonía y formas de reproducción. Ya no digamos, que puedan emitir programas más educativos, de valores, de convivencia ciudadana… eso no produce dinero. ¿No?

Sin embargo, la opción ha sido re-colocar a militares en puestos claves de la policía, en la inteligencia del Estado y en la planificación de operaciones, que por las señales dadas, pueden traspasar la frontera del respeto de los derechos humanos y ciudadanos de poblados, organizaciones, instituciones, la prensa, etc.

Ya se habla de crear estados de excepción; de prohibir la circulación de jóvenes en horas nocturnas; de realizar grandes operaciones militares-policiales como las realizadas en Río de Janeiro, Brasil. Prácticamente es direccionar todas las operaciones y los fusiles contra sectores sociales pobres y populares, sus lugares de vivienda, circulación, etc.

Se ha mencionado que las actuales herramientas policiales y legales se han agotado ante un “fenómeno nuevo”, posiblemente indicando la utilización de viejas formas operativas a ejecutar y legalizadas y remozadas por un “sub-sistema”, que integre el reciclaje de cuerpos de ley (reformas) y unifique instituciones para lo cual necesitan esa “unidad nacional” que les avale y le otorgue legalidad.

Es claro que el Estado tiene la obligación de parar esta vorágine de muerte. Es claro que los sectores populares y medios viven con incertidumbre. Pero eso no necesariamente tiene que conducir a tomar medidas que violen en cuerpo y alma los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra. Al contrario, los acuerdos y paz y la Comisión de la Verdad, precisamente buscaban poner fin a la impunidad.

Se ha dicho también que hay penetración del narcotráfico y del crimen organizado en el país (y hace años) y que el nudo de la acaudalada estructura criminal no está precisamente en las maras, sus operadores al menudeo. Nadie cree que la policía, el ejército, la presidencia y los norteamericanos mismos no puedan tener información de estos grupos o personajes adinerados. Hay antecedentes, añejos y recientes, muchos, de generales conocidas.

Como dice el señor presidente: hay decisiones que no se ejecutaron durante los “20 años” de gobiernos de Arena. ¿Las ejecutarán hoy?

(*) Columnista de ContraPunto.