Noticias de El Salvador - ContraPunto

SAN SALVADOR - Tenemos que “cambiar nuestra mente, nuestras ideas, nuestro concepto de seguridad pública a las nuevas exigencias del momento, a las nuevas circunstancias que nos enfrentamos: un enemigo poderoso que busca a toda costa penetrar a las instituciones para corromperlas, para ponerlas a su servicio. Necesitamos sumar voluntades para hacerle frente a esa batalla. El primer paso es dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado la discusión estéril; particularmente en que no estamos militarizando la Policía y la Seguridad Pública”.

Esa es la última orden presidencial a la sociedad salvadoreña y en particular a quienes alegan que el señor Mauricio Funes no está haciendo bien algunas cosas, entre las cuales destaca sin duda su proceder en materia de seguridad ciudadana. Eso fue lo que le notificó al país durante el traspaso oficial de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a un general del ejército, hace unos días. Entonces hay que decir las cosas antes de que ese mandato supremo entre en vigor y ya nadie pueda cuestionar nada, porque esa es su decisión y no habrá más que hablar en adelante. Así que, mientras no me deje que me la esterilicen, va mi opinión “estéril”.

De fuera del país he escuchado “voces inocentes” de la “paisanada” que sigue en la creencia o espera, a pesar de todo, que es posible dialogar y modificar las disposiciones adoptadas por el Gobierno que antes de serlo vendió “esperanza” por doquier y prometió “cambio” a todo nivel; disposiciones con las cuales, ojalá no se enojen ni nos regañen por decirlo, se está poniendo en alto riesgo lo poco que –paradójicamente– se avanzó durante las anteriores administraciones. Entre la “herencia maldita” que el “soberano” actual declara recurrentemente haber recibido cuando no le salen bien las cosas, al menos no le dejaron altos oficiales en el manejo más elevado de la seguridad ciudadana.      

¿Qué estuviera sucediendo en El Salvador si “Tony” Saca y sus antecesores estuvieran haciendo con las instituciones de seguridad lo que está haciendo el comandante Funes –nombrado así porque la Constitución manda– y su mayor estado político, castrense y diplomático? No es necesario tener mucha imaginación para responder esa interrogante interesante. Su acérrimo rival d siempre habría movilizado todos sus recursos materiales y humanos, dentro y fuera del país, para revertir semejantes despropósitos.

Pero no. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha respondido poco indignado y bastante incoherente ante lo que está ocurriendo; lo peor: su militancia permanece quieta esperando “línea”. Más allá de un parco comunicado oficial donde se dice que lo actuado por Funes en esta materia es inconstitucional, no hay nada trascendente. Eso da pie para que este último se llene la boca, más o menos como acostumbraba ARENA cuando hacían algo similar en la Asamblea Legislativa o en Ejecutivo, con engorrosas formulaciones como la siguiente: “Tan no es así que estoy violando la Constitución, que hasta ahora yo no he sabido de ningún recurso de inconstitucionalidad presentando ante la Corte Suprema de Justicia”. ¡Por favor!  

¿Por qué cuando Francisco Flores intentó privatizar la salud, la gente inundó las calles capitalinas, el gremio médico tomó hospitales y la simpatía del pueblo fue explícita, valiente y atrevida? Simple y sencillo: porque la “clase media” y la población de más escasos entendió el mensaje: tal decisión, tomada en las alturas del Olimpo donde habitaba el “señor dolarizador”, iba en contra de algo tan vital como su derecho a la salud. Y eso estaba por encima de las directrices partidistas y electoreras.

Pero en su “inocencia” o en el afán de hacer lo “políticamente correcto” hay quienes piensan fuera y dentro del país, anhelan con legitimidad, creen en “flores de papel que se les echa agua y crecen”, sueñan y se ilusionan con la posibilidad de “dialogar” con el gabinete de seguridad de Funes. Después de la última orden dada por el comandante, ¿hay posibilidades de lograr eso? Y de lograrlo, ¿a qué se puede aspirar? ¿A que el “toque de queda” para la juventud excluida, esa que vive en determinadas zonas desatendidas todos los gobiernos de la posguerra, sea de seis y no de ocho horas? ¿Qué en lugar del “garrote vil” o la “hoguera”, la pena de muerte se ejerza mediante la “inyección letal”?

Que se haga esto que se está haciendo con uno de los logros más preciados del proceso de negociación y acuerdos para terminar la guerra, a veinte años de Chapultepec, es consecuencia de una mala conducción del proceso de pacificación pactado en Ginebra el 4 de abril de 1990 pues ni Funes ni sus antecesores han trabajado –en serio– por impulsar la democratización del país, garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña.

Si no se consigue desde la sociedad que las mayorías populares entiendan que las críticas a estas decisiones no son prejuiciadas, pues el ejército está siendo utilizado en tareas de seguridad pública desde hace más de dieciocho años sin éxito; si no se reacciona como es debido, con la organización y la fuerza necesarias para ello, nos seguirán metiendo de forma irresponsable y cada vez más –obedeciendo las directrices estadounidenses en el marco de su “guerra” contra el narcotráfico– a otro conflicto armado sin haber salido bien del anterior.

Y las muertes que ya se cuentan por montones, junto a otras formas de violencia e inseguridad, aumentarán. Y el sacrificio por todo eso seguirá creciendo entre los sectores sociales de siempre: los abandonados, esos a los que se niegan sus derechos más elementales y más sufren las consecuencias de los malos gobiernos. Y mientras eso ocurra, en defensa de la vida y la dignidad de esta gente, no nos queda más que rebelarnos ante la última orden dictada por el “comandante en jefe”.

(*) Columnista de ContraPunto