Noticias de El Salvador - ContraPunto

Armando Salazar (*)  

SAN SALVADOR - El 16 de Enero de 2012, el presidente Funes ordenó que se revisara y re-escribiera la historia de las Fuerzas Armadas, motivado por la matanza de centenares de niños y sus familiares en El Mozote en Morazán, a finales de 1981.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas también ordenó la formación de una comisión cívico-militar para hacer esa desafiante labor, que seguramente no será nada fácil, porque implicaría poner al sol, dentro y fuera de los cuarteles, muchos hechos, prácticas, doctrinas, entrenamientos, relaciones y el tipo de cemento utilizado para la cohesión ideológica de un aparato estatal que surge después de la Independencia (1824), bajo el liderazgo de Manuel José Arce.

Sin duda, la comisión nombrada tiene más que nociones sobre la historia de la Fuerza Armada. Ya el presidente puso sobre el tapete público el asunto de los “héroes”, señalados por graves violaciones a los derechos humanos, como un elemento a erradicar de la iconografía militar y emocional de los uniformados… retirados o no, activos o en situación de “reserva”.

Ese podrá ser un avance, aún por ver, y, a re-conocerse pública y oficialmente.

Sin embargo, nos permitimos recordar algunos elementos y valoraciones, como una contribución. No es nada nuevo, pero si esperaríamos que los comisionados puedan sacar a luz la versión que la fuerza armada tendría de su propia historia, aspecto que tiene alta relevancia ciudadana, social, política, académica y cultural y principalmente a la construcción democrática y la transparencia institucional que todos exigimos.

Trataremos de hacer un recorrido sintético, en el cual se podrán registrar muchos vacíos, pero intentaremos colocar algunos referentes históricos de una institución que ha sobre-determinado el curso de la historia de nuestra sociedad.

La institución armada se crea a la par de la formación del Estado de El Salvador. Un Estado que es inestable en sus gérmenes por los conflictos y revueltas entre familias hacendadas criollas y la naciente federación centroamericana. Su fortalecimiento principalmente se da finales del Siglo XIX (1880s) en correspondencia a sectores terratenientes y comerciantes (llamados liberales en ese entonces) ejecutaron por decreto el despojo de las tierras ejidales, comunales e indígenas para extender el cultivo del café, que constituyó el proyecto unificador oligárquico, la clase dominante. Más adelante, se crea la Guardia Nacional (1912), durante el gobierno de Manuel Enrique Araujo, pero tras su asesinato (que nunca se buscó a los autores intelectuales.

Con los tensionamientos sociales creados por el despojo de tierras, la creciente organización de protestas y la grave crisis mundial de 1929, la oligarquía delega a los militares la conducción directa del gobierno, que se produce a través de otro golpe de Estado (1931, después de las primeras elecciones democráticas) encabezado por el General Maximiliano Hernández Martínez, quien pocas semanas después ejecuta la mayor masacre en los anales de la historia de este país: la matanza de 1932.

Frente a las fosas comunes de miles de campesinos e indígenas, los militares van construyendo un estamento que comenzó a dominar todas las esferas de la actividad institucional estatal e imponiendo su uniforme sobre la actividad civil, social, política y cultural. El terror fue elogiado por la oligarquía, adoptándolo rutinariamente como política de control social y estabilidad en sus haciendas y circuitos de poder económico.

Martínez fue derrocado doce años después por la presión popular, por la acción de oficiales ante los fusilamientos sumarios de sus compañeros de armas y por el asesinato de un hijo de la familia Wrigth (norteamericano), que provocó la ira de las mismas agrupaciones oligárquicas y de los Estados Unidos.

Sin embargo, se dio paso a un rosario de golpes de Estado (como reacomodos políticos) encabezados siempre por oficiales militares, que derrocaron continuamente a los presidentes de turno desde 1944 hasta 1979 (35 años). Cada uno de los golpistas aseveró, siempre, haber tomado dichas acciones en defensa del pueblo, de la república y de la constitución. Los militares siempre se apropiaron de los destinos políticos del país y eran los cohesionadores y escudo del proyecto histórico-económico de la formación oligárquica.

En las décadas de los 50 y 60, además de los golpes militares continuos y las juntas militares “revolucionarias”, los militares se acoplaron más a los norteamericanos principalmente por el surgimiento de la Revolución Cubana (1959). Millares de oficiales salvadoreños (entre ellos por ejemplo, los de la Tandona), pasaron por cursos especiales de contrainsurgencia en la Escuela de Las Américas del Canal de Panamá. Aquí inicia prácticamente la amalgama militar norteamericano-salvadoreña, no solo “profesional”, sino, ideológica y política.

Un punto de inflexión importante fue la planeación y ejecución directa de los oficiales de las fuerzas armadas en los fraudes electorales de las elecciones presidenciales de 1972 y 1977: robaron urnas, anularon votos, rellenaron papeletas, etc., acciones ejecutadas en los mismos cuarteles y oficinas gubernamentales. Los presidentes militares electos y sus oficiales de confianza puestos en los mando, a partir de los 70s, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, masacres, desapariciones, asesinatos de la oposición política, social y cultural.

Es importante registrar, igualmente, que durante el gobierno del coronel Molina (1972-77), ante el reconocimiento de la ancestral pobreza y despojo, éste intentó implementar una reforma agraria, que fue bloqueada ferozmente por la naciente ANEP y la agrupación oligárquica oriental FARO. A partir de esos años, grupos para-militares empezaron a actuar como escuadrones de la muerte. Por ejemplo, un caso: el asesinato de Rutilio Grande en El Paisnal, municipio inserto en grandes haciendas de caña de azúcar.

En 1979, se desata toda una trama de conspiraciones, en contra y en apoyo de lo que fue el golpe de Estado del 15 de octubre (una juventud de oficiales que promulgaban reforma agraria y algunos derechos democráticos) y su posterior desvanecimiento en juntas cívico-militares manipuladas por los norteamericanos y la matanza de salvadoreños ocurrida en los años 1980-1983.

A partir de 1980 la Fuerza Armada se identifica con lo que denominan “Campaña 1980-1992”, período en el que se registra el asesinato masivo, selecto o deliberado de 80 mil salvadoreños y la desaparición de otros 7 mil. Los acuerdos que pusieron fin a la guerra conllevaron no solo a la depuración de altos oficiales de la institución por graves violaciones a los derechos humanos; a la desaparición de los cuerpos represivos y batallones élites; sino también a la expresa misión de garantizar la soberanía nacional, restringiendo al ejército constitucionalmente.

Ha corrido agua desde 1992 y no podemos omitir que la Fuerza Armada ha contribuido institucionalmente y con grandes sacrificios en situaciones de desastre y calamidades, acciones que también son un atributo otorgado por la Constitución.

Ahora bien, la sociedad espera que la comisión nombrada por el presidente Funes (comandante en jefe de las Fuerzas Armadas) por asuntos de credibilidad, rigor profesional e histórico, puedan tomar en cuenta tanto la documentación oficial interna (que puede tener muchas omisiones), registros y análisis académico-profesionales realizados, así como los testimonios de sectores sociales con los que tuvo relación la Fuerza Armada, principalmente en las cárceles de los cuarteles o cuando ésta antepuso las mirillas de los fusiles, visores o radares.

La comisión nombrada por el presidente debería abocarse a los archivos de la Agencia Nacional de Seguridad (ANSESAL), de la cual fue protagonista el Mayor Roberto d’Aubuisson y/o a los archivos de las oficinas de inteligencia presidencial y de los cuarteles. La comisión pudiera solicitar valiosa información (incluso actual) al Departamento de Estado de Estados Unidos, a los embajadores, a la CIA, al Pentágono o a la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana. Sin duda, ellos podrán contribuir mucho. Hay que recordar que el señor presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es aliado y un referente político del presidente Funes.

Sin duda alguna, tendrán que colocar sobre la mesa de la re-escritura de la historia el Informe de la Comisión de la Verdad (y otra enorme cantidad de documentos recabados por ellos que no fueron profundizados ni publicados, según la información pública expresada por el abogado Douglas Cassel, publicada por El Faro el 8 de Febrero de 2012), el informe de la Comisión Ad Hoc (ambas integradas por extranjeros), así como archivos, expedientes de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Procuraduría de Derechos Humanos salvadoreña, del Socorro Jurídico, de Tutela Legal del Arzobispado, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, en fin.

Sin embargo, también nos queremos referir a las prácticas que sostuvieron los cuerpos armados estatales en su relación con la población en su historia reciente. Muchas fueron prácticas cotidianas de terror y terrorismo. Mucho de sus orígenes pueden remontarse quizá a la “pareja de guardias” en las haciendas y fincas de los terratenientes para restringir las protestas jornaleras y, ciertamente, algunos delitos como el robo o pleitos.

La comisión debería de dejar establecidas las prácticas del reclutamiento forzoso; la utilización de los cuarteles como centros de tortura, cárcel, desapariciones y conspiración política; el papel del ejército en los distintos fraudes electorales, especialmente en 1972 y 1977, pisoteando la voluntad popular y la misma constitución de la república. ¿De qué pensamiento y disciplina resultó el asesinato de las monjas Mariknoll norteamericanas en diciembre de 1980?

Es bueno que, bajo las órdenes del presidente, también se aclare el papel que jugó la fuerza aérea desde la base de Ilopango en el caso Irán-Contras a mediados de la década de los 80s, que precisamente puede dar pistas o quizá ser la génesis de algunos problemas actuales de la seguridad de El Salvador.

Un problema central de todo esto es, sencillamente, que estos cuerpos militares, se convirtieron en tradiciones culturales para la sociedad, la ciudadanía, aún hoy. En los textos escolares elementales, nuestra Historia, desde los albores de la “independencia”, es esencialmente hilvanada por los hechos y establecimientos oligarcas y militares. Y eso quiere decir que toda nuestra “historia”, es la historia escrita por ellos mismos, ocultando las formas de obtener riquezas y el control social de toda la población salvadoreña.

Hoy la Fuerza Armada, está más integrada a la visión del capital transnacional (local e internacional) y sigue siendo sumamente dócil a las estrategias norteamericanas regionales de “seguridad”, específicamente por el ascenso democrático popular de los países suramericanos, más soberanos, que disienten de la tradicional hegemonía y las políticas de las relaciones continentales.

Esperamos que esta comisión cívico-militar presidencial tenga voluntad, rigor profesional, ética y pueda realmente hacer un aporte para texturizar la Historia nacional, reconociendo verdad en los hechos, no solo en discursos, doctrinas, coyunturas políticas o contratos en período presidencial. La sociedad espera su informe.

(*) Columnista de ContraPunto