Noticias de El Salvador - ContraPunto

Ester Alvarenga (*)

SAN SALVADOR - En estos 20 años de celebración de los Acuerdos de Paz muchos sectores y actores políticos, incluyendo los protagonistas que los firmaron, se han expresado  en los diferentes medios de comunicación social acerca del significado de este momento histórico y las perspectivas del presente, desde luego del lugar de donde ellos se ubican.

Algunos actores hacen referencia a que con la firma de los Acuerdos de Paz El Salvador ha logrado la paz y  ha permito la consolidación de la democracia.

Al respecto, me permito hacer las siguientes reflexiones básicas orientadas a entender si El Salvador ha logrado la paz con la firma de los Acuerdos, como se pretende  hacer creer a la sociedad y al mundo; o la paz es un concepto dinámico y cambiante que está en constante turbulencia y revoluciones.

Expreso entonces mis reflexiones

En primer lugar, la paz no debe ser concebida como la finalización del conflicto  armado, la paz tiene que ver con todos los elementos básicos que deben tener las personas para vivir en condiciones dignas. Cuando estos elementos básicos no están  resueltos, entonces no se puede hablar que existe paz.

¿Paz para quién? Las asimetrías sociales, económicas,  políticas, ambientales, culturales, las relaciones desiguales de género etc., provocan las diferentes convulsiones sociales y que se dan en diferentes partes del mundo.

En el caso de El Salvador, las desigualdades sociales fueron las causas principales que generaron la polarización social que tuvo como respuesta el desarrollo escalonado de la violencia en el campo y en la ciudad  dejando más de 75,000 asesinados y asesinadas; más de un millón de desplazados; más de 900 niños y niñas desaparecidas; y más de 15 masacres de campesinos, campesinas, niños y niñas. Estas cosas están entre las graves violaciones cometidas bajo el estigma de comunista y subversivo.

El rompimiento del tejido social,  el desarraigo, la desaparición forzada y los asesinatos masivos son deudas pendientes hasta la fecha, dado a la ausencia de políticas públicas en materia de derechos humanos;  iniciando por el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.

Con estas deudas del Estado salvadoreño, se puede inferir  que la paz no  debe concebirse como ausencia de la guerra, como lo conciben ahora los grupos del poder político, económico y otros actores de la guerra.

La paz debe estar asociada  al cambio, a la transformación urgente de las condiciones de vida. Es la construcción de equidad lo que resuelve las causas y no solo ofrece salidas a los efectos. La paz se asume  como proceso de construcción de alternativas y  cambios estructurales de fondo.

Para la construcción de la paz es necesario que la sociedad civil  pueda desarrollar su interlocución,  consolidando su autonomía y que se conviertan en actores con voz propositiva y comprometida;  esto en la medida que la paz sea considerada como una tarea y proceso propio. Además, es importante que se desarrolle capacidad política, de  diálogo y negociación.

La construcción de paz significa convertir a los sectores excluidos en actores de sus propias conquistas, dotándoles de conocimiento sobre el papel que debe asumir el Estado en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

Con estas ideas, concluyo que la paz tiene un punto de partida, pero no tiene un punto de llegada; puesto que  las dinámicas sociales están en constantes cambio. Entonces no existe un concepto acabado de concebir la paz.

Así las cosas, podemos decir, que en El Salvador debemos enfocar los esfuerzos por la construcción de la paz; construcción que debe tener a la base, la voluntad genuina de  comprometerse por la gobernabilidad incluyente en donde el pan y el vino alcancen para todos y todas.

Pero ¿cuáles son los retos de las instituciones del Estado como muestra de buena voluntad en la construcción de la paz?

Iniciemos con lo pendiente y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y por las violaciones de las que fuimos víctimas durante el conflicto armado. El Estado tiene pendiente responder por los daños ocasionados a las víctimas de desaparición forzada que dejo el conflicto armado.

Ante esta realidad, el Estado no debe olvidar que  enfrenta dos condenas por desaparición forzada de niños y niñas y que éstas están siendo monitoreadas por instancias internacionales.  Al no  cumplir con  las medidas  estructurales establecidas en las dos Sentencias condenatorias, refuerza el hecho de que no existe voluntad de reparar el pasado y se corre el riesgo que ese pasado vuelva a ocurrir en las generaciones presentes  y futuras.

Por ello celebremos los acuerdos con un espíritu de compromiso moral y ético  para devolver la dignidad a las víctimas de tanto agravio cometidas contra ellas, para iniciar el camino de la reconciliación; una reconciliación basada en la verdad, la justicia, la reparación y la promoción de la memoria histórica en donde el testimonio de la víctima sea validada y conocida.

(*) Coordinadora general de de  Pro-Busqueda y Colaboradora ContraPunto