Oct 31 / 2014 G+G+ Facebook TwitterLinkID

COLUMNISTAS

Luis Armando González (*) SAN SALVADOR - La sociedad salvadoreña de las últimas tres décadas se ha visto recubierta de un caparazón moralizador (moralino) que ha llevado a que los distintos comportamientos de los agentes sociales, económicos y políticos se vean sometidos preferentemente a criterios de bondad y maldad, por encima de otras consideraciones menos maniqueas y menos cargadas de valoración ética (moral).

Parecería que sometidas las acciones humanas al juicio moral, ellas dependerían exclusivamente de la bondad o maldad de quienes las realizan. Y, en consecuencia, la corrección de cualquier práctica “anómala” tendría su eje en las opciones morales de sus responsables. Ahora bien: como la moral (lo ético) es un asunto de decisión personal voluntaria, las prácticas “correctas”  serían algo que descansaría en la “buena voluntad” de las personas; una buena voluntad a la que se tendría que apelar una y otra vez hasta que quienes realizan prácticas incorrectas enderecen el camino y obren como “buenas personas”.

Se trata de una visión moralizante de lo social de un claro signo conservador, en la cual todo se lee en clave del buen o mal corazón de las personas. Y en la cual no hay obligaciones jurídico-políticas, sino deberes morales, cuyo cumplimiento depende del corazón de cada cual.

Distintos ámbitos de la realidad social se han visto sometidos a este criterio moralizador (moralino). El ámbito empresarial es uno de ellos. Al calor de la arremetida moralizadora de las últimas décadas, se comenzó a hablar (y todavía se hace) de “responsabilidad social empresarial”, con la pretensión de convencer a los incautos de que los empresarios podían ser buenos y que podían imprimir a sus negocios un componente moral del cual siempre se los acusó de adolecer.

O sea, la lógica empresarial no sólo lleva a amasar y concentrar riqueza, sino que –sin perder el impulso hacia la maximización de las utilidades— puede generar “buenas obras”, es decir, convertir la filantropía en algo no excepcional (y excéntrico), sino en algo normal, en una manifestación de la responsabilidad social empresarial.

Ese impulso responsable es un impulso moral. Un impulso de buena voluntad; es algo que no puede imponerse a los empresarios, sino que ellos deberían imponerse a sí mismos. Y si no lo hacen, los moralizadores de todos los colores y procedencias deben acuciarlos con sus prédicas acerca de lo importante que es estar en el bando de los buenos. A cada rato, se escuchan esos llamados a la responsabilidad social empresarial como una opción buena.

¿Y su obligación para con la sociedad? En un discurso de responsabilidad social empresarial, forjado en el marco de la arremetida neoliberal, a los agentes del mercado no se les pueden imponer obligaciones, más que las que ellos mismos quieran imponerse a sí mismos (es decir, obligaciones morales).

La insinuación de obligaciones empresariales no morales conduce a la pregunta de quién o qué las impone. Y la respuesta es que las impone el Estado, y no hay peor pesadilla para el pensamiento neoliberal que postular un rol activo del Estado en la regulación del mercado y sus agentes.

Los mercados absolutamente libres no existen. Y ahí  donde sus libertades de han ampliado más allá de lo conveniente para la sociedad en su conjunto, el resultado ha sido un descalabro social, económico y medioambiental. El Estado es una instancia imprescindible para la estabilidad de la estructura social en su conjunto.

Y el Estado impone obligaciones –el Estado obliga—  no moraliza ni deja el funcionamiento de la sociedad en manos de la moral, aunque como enseñó Maquiavelo es mejor que las obligaciones impuestas por el Príncipe sean aceptadas como buenas por unos ciudadanos que por su parte también son buenos, que a la inversa. Porque si no es así, el Príncipe tendrá que recurrir permanentemente a la fuerza coactiva del Estado, lo cual no es sano para la República ni para el gobernante.

De tal suerte que desde la lógica del Estado y de la sociedad los empresarios tienen obligaciones (la de pagar los impuestos debidos es una de ellas) a las que no pueden renunciar y, por ser obligaciones, su cumplimiento no es asunto de voluntad o de si los empresarios son buenas o malas personas.

Si son buenas personas, qué extraordinario. Si son partidarios de la responsabilidad social empresarial, qué  bueno. Pero lo fundamental es que respondan como tiene que se ante sus obligaciones con el Estado y con la sociedad. Obligaciones impositivas, obligaciones de inversión productiva, obligaciones salariales con sus trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que se espera de ellos, no porque sean buenas o malas personas, sino porque no tienen más remedio que hacerlo. Se trata de obligaciones no morales, sino jurídico-políticas y económicas. Obligaciones que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir.

(*) Columnista de ContraPunto

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