Jueves, 25 de Febrero del 2021

SOCIEDAD

DERECHOS HUMANOS

¿Paradójica justicia salvadoreña?

| Lunes, 22 Febrero 2016
¿Paradójica justicia salvadoreña?

Foto: Archivo

Mientras El Salvador se prepara para enjuiciar a dos expresidentes, la Corte Suprema tiene pendiente la extradición de exmilitares por crimen de guerra

El Salvador es paradójico, se exige justicia cuando el delito afecta intereses propios y se pide perdón y olvido cuando el acusado es un aliado, dicen autoridades de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en base a las últimas decisiones judiciales en el país.

Recientemente, este país centroamericano ha estado en el ojo de la justicia internacional por la captura de cuatro exmilitares involucrados en el asesinato de seis jesuitas en la guerra civil, pero también por enviar a juicio a más de un expresidente vinculado a posible enriquecimiento ilícito.

Aunque se trata de avances en la democracia, lo malo de todo esto es que “se exige justicia para un delito menor y se pide clemencia para un delito de lesa humanidad. Se califica de persecución política a la investigación de hechos en los que han participado correligionarios y se habla de lucha contra la corrupción cuando las pesquisas afectan al partido contrario”, dicen jefaturas universitarias.

La UCA ha sido catalogada históricamente en El Salvador como una de las instituciones rectoras en la defensa de los derechos humanos y el campus que albergó a los seis jesuitas que fueron asesinados en 1989 por elementos del ejército salvadoreño.

En reiteradas ocasiones, el rector de dicha institución universitaria, el jesuitaAndreuOliva,ha sostenido que las actuales decisiones judiciales en El Salvador dan una esperanza de aclarar el pasado, de reconocer la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas. Ya sea contra exmilitares, exministros o expresidentes.

“Esto lo que está dando es una sensación de que el país está basado en el derecho y se reconoce a las personas, se hace cumplir la ley y no se acepta la impunidad”, dijo recientemente Oliva, sobre la captura de cuatro de 17 exmilitares salvadoreños requeridos por un tribunal español para ser procesados por el crimen Jesuita

Sin embargo, al ver la justicia salvadoreña en un panorama más amplio, jefaturas de la UCA sostienen que “es una volátil actuación este uso antojadizo y a conveniencia de principios y valores, que se da tanto en la derecha como en la izquierda. La falta de coherencia es uno de los males de buena parte de los actores de nuestro país, sean políticos o sociales”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se ha vuelto en una de las instituciones más cuestionadas en las últimas semanas luego de enviar a juicio a los expresidentes Mauricio Funes (por el FMLN), Elías Antonio Saca (por ARENA) y Francisco Flores (ya fallecido, también por ARENA) por encontrarles suficientes indicios de enriquecimiento ilícito, según la sección de Probidad de la misma institución.

Los mismos expresidentes señalados, como correligionarios, aseveran ante medios de comunicación que los delitos imputados sólo responden a una “persecución política” contra los “enemigos” en la palestra política.

Pero Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) insiste en la paradoja de la justicia salvadoreña, donde “ya sean los destinatarios de Flores, los involucrados en el caso Cel Enel, exmilitares implicados en el caso Jesuita, la investigación por una tregua entre pandillas, todos coinciden en que es persecución política. Nadie deja funcionar a las instituciones”, recalca.

“La justicia debe ser igual para todos, nadie debe poder evadirla, por muy importante que sea el cargo y los recursos que se tengan o se hayan tenido. En principio, a la justicia no le debe importar quién cometió el delito, sino la naturaleza de este y si existen las pruebas suficientes para librar de cargos o condenar al imputado. Si se confirma la responsabilidad en un delito, debe haber castigo, sea quien sea el que lo cometió”, insisten, por su parte, autoridades de la UCA. .

Por otra parte, analistas de la institución universitaria califican como “contradictorio” que la actual gestión legislativa apruebe incluir en la formación escolar, la asignatura obligatoria de moral, urbanidad y cívica, “cuando las mismas autoridades no respetan los mínimos principios de moralidad y civismo democrático”

“De poco servirá si las autoridades distan de ser ejemplo de honradez y moralidad notorias. Lo bueno es que ahora quienes están siendo investigados tienen o tuvieron una alta investidura, lo que por siglos fue garantía de impunidad en nuestro país. Ya se verá si estos pasos hacen realidad un anhelo largamente postergado: el establecimiento de un sistema de justicia robusto fundamentado en la igualdad ante la ley”, agregaron.

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