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Lunes, 24 de Abril del 2017

SOCIEDAD

DERECHOS HUMANOS

El resarcimiento de las víctimas, deuda histórica

| Lunes, 13 Julio 2015
El resarcimiento de las víctimas, deuda histórica

El Estado salvadoreño tiene una deuda pendiente con innumerables casos de violación a los derechos humanos cometidos durante la guerra salvadoreña

Analistas coinciden en que la última resolución emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es una oportunidad para resarcir el daño de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Una deuda histórica por parte del Estado Salvadoreño.

El pasado viernes, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró favorable la solicitud de hábeas corpus por la desaparición forzada de once personas ocurridas en la llamada "Guinda de Mayo", ocurrida en Chalatenango, entre mayo y junio de 1982.

Para el abogado Feliz Ulloa, hay una serie de visiones que han bloqueado la justicia en muchos casos no se resuelvan. "La resolución de la sala no se debe ver como un hecho que "abrirá heridas" o como motivo de desestabilización", dijo Ulloa.

Según el jurista, estos casos debieron ser esclarecidos por las instituciones creadas después de la firma de los acuerdos de paz, sobre todo la asamblea que en aquel momento se conformó. Sin embargo, ante la ausencia de justicia en el país, muchos casos han sido llevados a tribunales a nivel internacional y hay casos en España, Bélgica y otros países.

Por su parte el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuellar, recordó que la desaparición forzada como una práctica sistemática inició allá por 1966, según lo documenta el Socorro Jurídico Cristiano, desde ahí se agudizó, y lamentablemente en la actualidad continúa siendo una práctica normal porque siempre se ha mantenido en la impunidad, y no se castiga.

"Todavía hoy somos víctimas potenciales, hay que resolverlo y la única manera que no se ha probado es aplicando la ley", acotó Cuellar.

Un año después de la firma de los acuerdos de paz, se presentó el informe de la Comisión de la Verdad donde se señalaban casos de violación a los derechos humanos y sus responsables. A cinco días de la publicación del informe se firma la ley de amnistía. El analista señaló que la Ley de amnistía era inconstitucional, y violadora de todos los estándares internacionales.

De acuerdo a Ulloa, los delitos calificados como de "lesa humanidad", no son amnistiables, ni prescriptibles, por lo que aún pueden ser juzgados.

"Hay una serie de delitos que no prescriben, el derecho internacional es claro en establecer que algunos delitos de este tipo no prescriben y son inamnistiables entre ellos las desapariciones forzosas", detalló.

Para Ulloa, la Sala de lo Constitucional ha iniciado el abordaje de un tema poco trabajado. En estos temas a nivel internacional se han trabajado bajo un concepto conocido como justicia transicional, que pretende que los hechos violatorios en el los periodos de guerra no queden impunes. De acuerdo al abogado si la Sala, trabaja en esta línea el Estado salvadoreño tendría la posibilidad de cumplir con el "déficit" que tanto tiempo ha tenido con las víctimas.

"Las victimas necesitan que se haga justicia, hay una o dos generaciones que claman justicia y que no encontraron apoyo en las instituciones, el tema se abordó en la comisión de la verdad sin embargo en otra parte no se logró resolver este problema, "dijo.

Entre las expectativas, Ulloa espera que antes de que culminé este periodo de la sala, se puedan sentar bases para que los casos de violación a los derechos vean por fin justicia.

Cuellar señaló que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), e incluso la Sala de lo Constitucional ha solicitado de información al ministerio de Defensa sin tener resultados. Para el analista, el Estado Salvadoreño urge de un plan nacional para la recuperación de información, ya sea por la vía documental u oral independientemente del bando, el plan permitiría la recuperación de la memoria histórica. No obstante reconoce que para lograrlo, hace falta más que voluntad, valentía.

"Yo planteo un plan nacional para la recuperación oral de la información, que declaren quienes cometieron delitos, delitos por uno u otro bando, si es posible. (...) se necesita más que voluntad, valentía para hacer lo que necesita hacer en este país", dijo Cuellar.

Según el comunicado de la Sala, los peticionarios del habeas corpus señalaron que las once personas "fueron sustraídas por parte de miembros de la Fuerza Armada que participaban en dicha acción y que les daban persecución, y desaparecieron, desconociendo sus familiares su paradero hasta hoy".

En su escrito la Sala ordena al Ministro de la Defensa y al Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada que brinde información en relación con el operativo militar realizado en los lugares y fechas indicadas en la sentencia "y la desaparición forzada de los favorecidos; cuyos resultados deberán ser comunicados a esta Sala y a la FGR (Fiscalía General de la República)".

Las once personas desaparecidas son: María Amparo Romero y su hijo, Elvira Orellana, José Rafael Franco, Pastor Serrano Serrano, Gladis Serrano Serrano, Norberta Serrano Serrano, José Mauricio Menjívar Melgar, Rosa Morena Orellana Tobar, Milagro Navarro Orellana y Marcos López Orellana.

 

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