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Más tiempo para aclarar dudas contra Flores

| Martes, 23 Febrero 2016
Más tiempo para aclarar dudas contra Flores

Foto: Archivo

IAIP concedió quince días más a la CSJ para notificar a familiares del expresidente fallecido sobre las irregularidades en su declaración patrimonial

A la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no le alcanzó el tiempo para presentar el informe final de la declaración patrimonial del expresidente fallecido Francisco Flores a la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) “porque todavía hay irregularidades que sus familiares deben esclarecer”, argumentó el jefe de la sección, Carlos Pineda.

Este martes se cumplía el plazo máximo para que Probidad cumpliera con la solicitud que hizo FUNDE, a mediados del 2015, sobre las auditorías o exámenes que magistrados realizaron a las declaraciones patrimoniales de los expresidentes: Francisco Flores (ARENA), Elías Antonio Saca (ARENA) y Mauricio Funes (FMLN).

Sin embargo, Pineda llegó hasta la sala de audiencias del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para explicarle a representantes de FUNDE que “no es fácil entregar una declaración patrimonial cuando hay irregularidades que no pueden ser desvirtuadas por el expresidente que falleció, pero que sus familiares tienen derecho a hacerlo”.

“Además, una vez concluida esta etapa, se debe presentar a la Corte Plena (de la CSJ) dicho informe y esperar que tengan audiencia los días martes y jueves. Por eso pedimos los quince días, para que ellos (los familiares) conozcan de estas irregularidades y que tengan los tres días hábiles para aclararlas y entregar la información completa”, explicó Pineda ante magistrados del IAIP.

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El expresidente Flores falleció el pasado 23 de enero luego de permanecer varios días en coma inducido por un derrame cerebral que sufrió mientras permanecía en arresto domiciliar por un proceso judicial en su contra por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a particulares.

Roberto Burgos, de la sección Anticorrupción de Funde argumentó que la solicitud de Probidad era injustificada cuando “hubo tiempo suficiente para preparar el informe y no hemos incluido en nuestra petición que se nos dé información sobre el proceso deliberativo en el cual decidirán si se remite el caso a una cámara de lo civil”, dijo.

“No estamos de acuerdo en conceder quince días más porque en la audiencia anterior ya se había dicho que no se pidiera. No aceptamos más dilaciones que por tantos años han mantenido en secreto en nuestro país”, agregó Burgos.

En agosto del 2015, Funde solicitó al IAIP que interviniera en la solicitud de información hecha a Probidad y que ya había sido negada por considerar que dar acceso a esos exámenes implicaría divulgar el contenido de las declaraciones de patrimonio, por lo que aplica la reserva establecida en el artículo 240, inciso 3, de la Constitución de la República.

Esta vez, la solicitud de recibir quince días más para presentar el “informe completo” a FUNDE fue firmada por doce de los quince magistrados de la Corte Plena, según el informe detallado en la audiencia pública en IAIP.  

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“Probidad ha estado bastante saturada. Se les notificará a los familiares para que puedan desvirtuar las inconsistencias o irregularidades de tal manera que el informe puede tener la posibilidad de variar. Hemos tomado en cuenta el tiempo que la Corte ha tardado en la resolución de Saca, por ejemplo”, agregó Pineda.

Magistrados del IAIP consideraron que la petición de la CSJ era “atendible” pues se trataría de un informe más completo si se da lugar a familiares del exmandatario para aclarar algunas irregularidades sobre sus ingresos financieros.

La resolución de magistrados permite que Probidad tenga hasta el próximo 16 de marzo para presentar el informe de la declaración patrimonial de entrada y cierre de gestión presidencial de Flores. De no hacerlo, la CSJ debería ser sancionada según el marco legal.

En tanto, Burgos apuntó que si se trata de resaltar un punto a favor es que ya tienen en sus manos los informes de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Saca y Funes, ambos  señalados actualmente por posible enriquecimiento ilícito.

Y para aclarar cualquier mal entendido, Pineda prefirió insistir que la sección que dirige no está resolviendo casos   por tendencia política, “lo que muchas veces hemos tomado en cuenta  para elegir es que si han sido procesados por algún delito, por previas inconsistencias o sospechas, por denuncias o  porque el clamor popular se ha hecho escuchar”.

Corte Suprema envió a juicio al exmandatario por indicios que señalan un posible enriquecimiento ilícito

Los saldos de las cuentas bancarias que el expresidente Elías Antonio Saca negó revelar en su declaración patrimonial fueron razón suficiente para que magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidieran este martes enviarlo a juicio por posible enriquecimiento ilícito. Las irregularidades son varias.

Según el informe preliminar presentado por la sección de Probidad de la CSJ ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el expresidente no logró aclarar trece aspectos que le fueron cuestionados sobre sus ingresos patrimoniales durante su periodo al mando (2004-2009). Razón suficiente para iniciar un proceso civil en su contra.

Magistrados de la CSJ determinaron desde el pasado viernes que habían indicios suficientes para considerar que Saca también se enriqueció ilícitamente con fondos del Estado al no lograr justificar los $6,574,445.40 que señaló como ingresos en su declaración patrimonial de cierre de su gestión.

La cantidad por la que se le cuestiona a Saca (más de $6 millones) es visiblemente superior a la encontrada sin justificar en las declaraciones del diputado por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) Reynaldo Cardoza ($1 millón), al exdirector del Instituto del Seguro Social (ISSS) Leonel Flores ($600 mil) y la del expresidente por el FMLN, Mauricio Funes (un poco más de $500 mil).

Todos estos procesos penales por posible enriquecimiento ilícito se enmarcan en el cumplimiento de lo estipulado en el Art. 9 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, así como en el Art. 240 de la Constitución de la República.

Según representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) dichos juicios gozan de total legalidad y legitimidad esenciales en el ejercicio de las potestades jurisdiccionales que le competen al sistema judicial en el país.

FUNDE es la oenegé que interpuso una demanda ante el Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP) para conocer los detalles de las declaraciones patrimoniales de los expresidentes Francisco Flores (ya fallecido y del partido ARENA), Elías Antonio Saca (ARENA) y Mauricio Funes (FMLN) y  cuyos resultados deben entregarse a más tardar el próximo 23 de febrero.

De acuerdo a FUNDE, enviar a juicio civil a estos exfuncionarios es importante porque se investiga a profundidad la posible existencia de actos de corrupción que repercuten negativamente en el desarrollo del país y todas las personas.

En el caso del expresidente Saca, los datos recogidos en su declaración patrimonial comprueban que su riqueza aumentó en un 260 % al terminar su mandato, es decir que muestra una cantidad mayor a la cuestionada en otros exfuncionarios vinculados a enriquecimiento ilícito.

Actualmente, Probidad está auditando los patrimonios de 29 funcionarios y exfuncionarios y también podría iniciarse una investigación contra los expresidentes por ARENA, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol, así como el actual mandatario del FMLN, Salvador Sánchez Cerén.

Al respecto, el jefe de la sección de Probidad de la CSJ, Carlos Pineda, dijo que no podía dar más detalles sobre la apertura de una investigación contra los expresidentes Cristiani y Calderón Sol, pero aseguró que hasta hoy sus decisiones jurídicas han estado al margen de toda ideología política.

 

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